TEMA DE CIUDAD – LA INTERVENCIÓN DE EMCARTAGO II

Nunca está de más, y mucho menos para empezar, que el ciudadano del común en la ciudad de Cartago en el Norte del Valle le dé, distintamente, el respaldo al nuevo agente especial  de Emcartago el ingeniero electricista Néstor Ricardo Aragón García.

Debemos creer, e independiente de la reciente y patética forma de atacar con morbo su hoja de vida, existió un estudio previo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que permitió su posesión; aparte del encargo que el mismo Presidente de la República en el sentido que su misión era recuperarla para devolverla como, lo que es, patrimonio de los cartagüeños.

Seguramente obedeció, su nombramiento, ha muchas razones; entre otras, su amplia experiencia en el sector eléctrico - periodistas locales ya lo han mencionado - y en empresas con idéntica orientación como la nuestra y en sus unidades de negocio, las que aún le quedan, para nuestro caso como: energía, acueducto y alcantarillado, es decir con experiencia en el sector del  servicio público y privado. ¿Ventaja o desventaja para la ciudad?

Basados en sus primeras declaraciones, nuevamente quedó claro, que uno de los costos variables que más demanda liquidez para Emcartago es la forma como accede a la compra de energía - en bloque o en bolsa – y que por supuesto afecta, por lo costosa, la estructura financiera y su auto-sostenibilidad por lo menos en el mediano plazo 10 años.

Tiene claro que por ahora es imposible determinar si con la actual capacidad instalada, como comercializadora de energía, soportaría una demanda futura del servicio en una frontera de 10 años.

Ahora entendemos que derivado del desafortunado manejo financiero y comercial, durante las últimas administraciones, Emcartago en la actualidad no está en las condiciones administrativas y técnicas para determinar - en su nicho de mercado - la demanda total y actual por el servicio y el consumo en sus unidades de negocios y en los sectores residencial, industrial, comercial y oficial; solo dispone de una cifra tímida que casi el 50% de los actuales usuarios no facturan o no tiene medidores; mucho menos estimar una potencial demanda futura digamos en 10 años.

Solo sospecha, es decir sin disponer de cifras exactas, las pérdidas en distribución y transmisión en las redes de energía, acueducto y alcantarillado, derivado de este último, y haciendo hincapié en ello, en algunos sectores de la ciudad se están presentando hundimientos en las vías y zonas públicas.

Al no poder cuantificar la relación costo beneficio en cada una de esas tres unidades de negocio acuden a los ingresos por la facturación del servicio de alcantarilladlo que termina “subsidiando” el mal funcionamiento, fugas y perdidas, en las otras dos - para de esta manera evitar la iliquidez de la operación en el inmediato plazo.

Como finalmente esos ingresos, no son suficientes, el problema se traduce y se resuelve temporalmente mediante alzas “moderadas” - evitando generar pánico - en las tarifas, hecho que se comprueba revisando el comportamiento de estas durante los últimos cinco años e incrementos supuestamente en mas del 100% frente al registro histórico, contrario a lo manejado en la formula; lo que obliga a pensar en una errónea o amañada, a favor de la empresa, lectura en el terrero.

Afectando de manera directa al usuario, en especial el residencial en los estratos 1, 2 y 3 que ven con angustia e impotencia las alzas y la forma como deben de desplazar el consumo de otros bienes o servicios también de primera necesidad –alimentación, educación, salud y vivienda entre otros -  para poder atender la factura de servicios públicos.

Estamos hablando del 50% de los usuarios que tiene el servicio, el medidor y le facturan… ¿y el otro porcentaje qué? Sin mencionar el tema del manejo de los supuestos subsidios y subsidios cruzados a los estratos mencionados, contemplado en la ley 142 de 1994.

Con solo este enfoque es prácticamente imposible que la empresa, como algunos especulan, intente recuperar el manejo del servicio aseo y el alumbrado público en especial por la aparente deuda que Emcartago tiene con esos operadores privados.

 Y es que desde lo teórico, de darse esa remota posibilidad  serviría de base para consolidar una empresa solida que lograra competir con otras que ya venden energía en la ciudad, en especial a los grandes consumidores. Pero entonces es mejor…”No hablar más de la soga en la casa del ahorcado”.      

Es una realidad que la mayoría de los interesados en el tema, sospechan o conocen pero que taimadamente ignoran. Faltan entonces las cifras oficiales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para finalmente entender que es lo que va a pasar con la otrora “Joya de la Corona”.

Lo más seguro es que, Aragón, se haya informado de las recomendaciones del abogado Jaime Alberto Mendieta Pineda - como interventor externo -, seguramente le dará mucho peso en el análisis, y en un nuevo diagnostico determinará el tipo de reingeniería que se le debe de hacer, a las tres unidades de negocios, sin perder de vista la facturación y el seguimiento al comportamiento de los flujos de caja - recaudo - históricos y los actuales que dos veces en el mes - por aquello de los ciclos de facturación - le entran a la empresa.

Reconocemos quedó un tufillo de duda, tal parece, en su última rueda de prensa dejó entrever la - aunque lejana - posible escisión de alguno de los tres (3) componentes; lo que según nuestro criterio, y desconociendo la gravedad del problema integral de la entidad; si bien es cierto, presumimos, lejos estaría de suceder lo mismo de lo que hoy acontece con el 35% de las acciones de Teléfonos de Cartago S.A. E.S.P.; la debilitarla - a Emcartago - y con toda seguridad en el largo plazo tener que buscar una nueva privatización.

Situación que significaría, como municipio, seguir perdiendo en ese otro tipo de categoría - sin grandes empresas públicas - aumentando la desigualdad social por el encarecimiento del servicio privatizado. Lo anterior no deja de ser solo una alerta temprana.

También manifestó “y a riesgo de equivocarse” que la intervención podría durar aproximadamente solo 4 años; no entendemos si esa cifra salió del primer informe preliminar enviado a la Superservicios - lo dudamos -, o lo hizo para aclimatar el ambiente tenso en la cosa publica; frente a tal declaración opinamos que se apresuró en determinar el tiempo de transición, expliquemos el por qué.

Presumimos que las siguientes cifras no hacen parte del primer borrador del diagnostico antes mencionado; cuando Aragón García se aventura a proyectar un cifra cercana a los $50.000 millones de pesos como costo aproximado para atender la necesaria modernización  de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, cifra difícil de asimilar en una estructura financiera imposible para el municipio y lentamente ejecutable como apalancamiento por parte de la Superservicios, bajo esta premisa es difícil que dicha entidad “devuelva” sin tener un retorno asegurado en la inversión en menos de 5 años. Y sencillamente se olvide de semejante desembolso realizado; sin olvidar el costo de modernización y ampliación del actual sistema eléctrico y que tal parece no contempló en la pasada socialización y con menos de una semana de posesionado.

Para que usted atento y respetado lector juzgue donde queremos llegar como opinión publica, un dato le puede servir como punto de referencia y son los 13 años que duró la intervención de EMCALI.

También hay que reconocer el trabajo realizado por Mendieta dada su especialidad y en esa corta - menos  de un año - primera fase de intervención administrativa, ya que el análisis se centró en la contratación, que se veía reflejada en una nomina sobredimensionada y que para nadie era un secreto incidía en el desequilibrio financiero - gastos de funcionamiento y administración – que tal parece, hoy día, ya no se presenta en Emcartago.

Finalmente el futuro de Emcartago está en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la encargada de ponerla nuevamente a funcionar como una empresa eficiente y eficaz; con una verdadera vocación social y medioambiental - recordemos el tema pendiente sobre la Escombrera Municipal - lo que podría tardar más de 5 años… entonces ¿Importa el tiempo, en esperar, para ser devuelta en su totalidad al municipio para su manejo? O ¿importará más el apetito burocrático?

Nos tendremos que acostumbrar, de lo que queda, a la privatización de su principal servicio; o por el contrario nos dedicamos a engordar la gallina de los huevos de oro; sin pensar, posteriormente, sacarla a la plaza de mercado. Amanecerá y veremos.

TEMA DE CIUDAD – LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Seguramente la sola propuesta, en voz de los candidatos para la próxima alcaldía 2016-2020, generará mucha polémica; es indudable que algunos o a lo mejor todos se nieguen ha presentarla - por aquello de los cálculos en la votación esperada- , de todas formas a continuación esbozo algunas razones por las cuales los responsables, seriamente, deben poner a sus asesores económicos ha pensar en ello.

En especial, a futuro, por el obligado saneamiento en las finanzas del municipio y evitando el riesgo de seguir bajando de categoría y en el extremo de los escenarios hacerlo inviable en los análisis fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Departamento Administratuivo de la Función Pública - DAFP.

Los problemas financieros del municipio de Cartago en el Norte del Valle hicieron su primera crisis, finalizando la vigencia fiscal de 2000; lo que obligó al nuevo alcalde el político Luis Carlos Restrepo Orozco comenzando su mandato 2001-2003, enfrentar la cruda realidad de acogerse a un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos - amparado en la ley 550 de 1999 – para, de esa manera, evitar el colapso financiero que se reflejada en una posible cesación de pagos; derivado de una deuda pública cercana a los $13.400 millones de pesos, para esa época, expresados en gastos de funcionamiento e inversión. Más la necesidad de un crédito por $2.619 millones para garantizar la reestructuración administrativa, lo anterior significaba, y se presume aún significa, una planta global sobre dimensionada.

Lo curioso del caso es que finalizando ese mandato, tal parece, volvió a crecer – como herencia para el siguiente alcalde -  la nomina afectando nuevamente los indicadores de la ley 617 en ese periodo y obligando ajustes en el 2014 y años posteriores, ejercicio en el que - desde esa época - no han podido sacar buenas notas, los gobernantes de turno.

Muchos años después y para el cierre de la vigencia fiscal 2010. Fuente: Minhacienda.gov.co. Los informes arrojaron un nuevo déficit fiscal de $1.525 millones; además de un superávit presupuestal de $8.776 millones, lo anterior - no se confundan - como consecuencia del crédito adquirido con Banco de Bogotá por $15.000 millones recursos destinados para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico; lo que le significó aceptar una deuda publica por ese préstamo, y al citado banco, a una tasa de interés del DTF + 6 puntos a un plazo de 10 años, cambiando drásticamente el escenario del Marco Fiscal del Mediano Plazo (MFMP), ya que tal parece algunas cifras claves no reflejaban la realidad económica del municipio.

Un poco más de diez años después, nuevamente se presenta al cierre fiscal de 2011 un déficit aproximado de $16.336 millones, de los cuales $9.914 millones, corresponden a déficit vía reservas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico; sin contabilizar el  crédito adicional por los $16.000 millones.

Los datos anteriores tienen como objetivo llamar a la reflexión sobre el hecho recurrente en el que, y durante los últimos quince años, el municipio  tal parece ha tomado decisiones erróneas desde el punto de vista financiero.

Entendamos el porqué… Para hacerlo, empecemos recordando las recomendaciones que en el 2001 la Dirección de Apoyo Fiscal Publica hoy Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el sentido, que la solución estaba más que apalancarse con créditos con la banca; era necesario que, para esa época, se fortaleciera el recaudo vía recursos propios – buscando la autosuficiencia vía recursos propios -, adelantando un verdadero esfuerzo fiscal y lo más pronto posible, empezando, con la actualización catastral ya que hacía más de 15 años no se aplicaba. Situación ideal para cualquier municipio; desde y hacia donde apuntan todas las leyes que reglamentan el tema fiscal y financiero.

La historia nos confirma que dicha propuesta, viable para la época, fue archivada - en la carpeta de los asuntos de menor importancia - por aquello del costo político que implicaba “tocar el bolsillo del contribuyente”; de hecho algunos analistas insisten que la verdadera razón se centraba en que el Alcalde, de ese entonces, en sus futuros proyectos políticos contemplaba llegar al Congreso de la República; lo que efectivamente años después sucedió.

Polémica decisión, no nos gusta pagar impuestos, que finalmente fue tomada por el alcalde, el también político, Germán González Osorio, lo que conllevó  ha comienzos del 2009 se generaran marchas de protesta en rechazo a dicha medida; lo que desde el punto de vista financiero era urgente y necesaria; que seguramente haya sido mal liquidada, en muchos casos, es otra cosa.

De los resultados en el recaudo – con base en lo recaudado – también se presume no fueron los esperados, en especial si se parte del incremento que se le dio a la tarifa, en algunos casos, por encima de la autorizada por la ley.

El “mejor” resultado obtenido se evidenció en la vigencia fiscal de 2010 cuando tocó el techo de los $22.601 millones de los cuales $11.087 corresponden a Predial, $6.449 Industria y Comercio, $3.553 a la Sobretasa a la Gasolina, Estampillas $140 millones y otros ingresos tributarios $1.372 millones.

Llama la atención que para el 2011 el recaudo en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) solo alcanzara los $15.928 millones; una recuperación en el 2012 llegando a los $19.672; para volver a caer en el 2013 a $19.002 millones.

Las cifras anteriores se pueden explicar a la luz de algunas hipótesis como por ejemplo: el aumento en la evasión o elusión de esos impuestos o el poco esfuerzo fiscal durante  este último año, por parte de los responsables del manejo financiero del municipio.

De lo que no se trata es de juzgar los hechos cumplidos sino tomar los correctivos necesarios para mejorar el recaudo para lo que resta del 2014 y finalizando el 2015 que permita mejorar esos indicadores fiscales, contables y presupuestales.

De lo que si se trata es de alertar al próximo gobierno municipal 2016-2020; en especial a los candidat@s que en un futuro cercano oficializarán su campaña para la alcaldía; para que, por lo menos, estudien con mucho juicio la opción de proponer una nueva actualización catastral, por aquello que se debe de hacer cada 5 años.

Pero en especial ya que si observamos las cifras en el recaudo durante esos años, no nos cabe la menor duda que derivado de las marchas, protestas y los reclamos individuales, uno a uno, prácticamente hicieron que el efecto de esa actualización se perdiera no solo en el tiempo sino en los resultados frente al recaudo… ¿o cual podrá haber sido la razón?  Amanecerá y veremos.

TEMA DE CIUDAD – DEL CONTROL POLÍTICO

No es la primera vez que se hace referencia a la, tal vez, principal función del Honorable Concejo Municipal (HCM) en la ciudad de Cartago en el Norte del Valle, como lo es el siempre esperado control político.

Que va más allá de las protocolarias citaciones - al alcalde, secretarios y asesores de despacho - para que presenten los respectivos informes de gestión; que por lo general están cargados de cifras y análisis que poco dicen sobre la realidad del municipio.

Lo anterior sucede y seguirá sucediendo mientras el cabildeo se organice con antelación y ha puerta cerrada; entonces continuarán las cansadas sesiones en ausencia de verdaderas proposiciones y debates que le den un norte y buscando encontrar la salida a la actual crisis institucional.

Mientras no se analicen y controviertan los informes ni se fijen plazos y metas - de ser necesario - obtendremos la misma conclusión en la que claramente se deslegitima la gobernabilidad de la actual administración municipal.

Dignidad siempre puesta a prueba - la del Concejal - que sin dudarlo  solo unos pocos la han representado con decoro. El resto, ya sea por acción u omisión siguen actuando como emisarios, coadyuvando y aprobando atajos en los laberintos de la doctrina y la jurisprudencia, y en ocasiones, buscando el beneficio de unos pocos - incluyéndose – y por supuesto en contra de la responsabilidad social que les atañe, y por lo que fueron elegidos; y ante las promesas incumplidas.

Lo que no nos debe preocupar, son los que no repiten para la próxima administración 2016-2020; sí de los otros, esperando se escojan los competentes, ya que se espera un nuevo periodo constitucional, para alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, de 6 años.

Sin tener la certeza si, a futuro, actuarán como ingeniosos palabreros que seguramente se acompañaran desde la oposición o en la misma orilla dependiendo de quien sea el próximo alcalde o alcaldesa municipal; puntualizando que éste es un tema para abordar en otra oportunidad y en su debido tiempo.

Contemplado en la Constitución Política como también en la ley 5 de 1992, es el control político y el público una iniciativa que se centra en la vigilancia atenta y respetuosa sobre la actuación del Estado - el municipio a través del Alcalde - y los funcionarios que lo acompañan.

Ya sea para exaltarlos por sus meritos; o para adelantarles mociones de censura cuando  en su actuar existan comprobados actos que van en contravía del ordenamiento jurídico ya sea por negligencia o incompetencia en el desempeño de sus funciones.

Para entrar en materia, empecemos mencionando que en lo corrido de la presente administración municipal son centenares los actos administrativos que incluyen acuerdos, decretos y resoluciones.

De esos… ¿A cuantos? Se les ha hecho el seguimiento en su aplicabilidad y ¿cual ha sido el resultado? Desde lo político, económico y social.

Citemos un par de ejemplos… Que pasó con el acuerdo No. 002 de 1 de marzo de 2013 “Por medio del cual se acoge la condición especial para el pago de impuestos municipales contenida en el articulo 149 de la ley 1607 de 2012 por la cual se expiden normas en materia tributaria para el Municipio de Cartago”.

Que pasó con el acuerdo No. 017 de julio de 2012 “Por medio del cual se autoriza al alcalde para que en representación del municipio de Cartago, Valle del Cauca, realice las actividades tendientes a la creación de una sociedad de economía mixta para organizar la Junta Municipal de Ferias de la ciudad y se dictan otras disposiciones”.

La muestra anterior hace referencia a los acuerdos expedidos durante la presente administración; igual ese control político, de existir iniciativa y voluntad, se supone podría ir más allá.

Para citar un solo ejemplo; revisando lo que quedó aprobado mediante acuerdo No. 005 de marzo 27 de 2008 “Por el cual se autoriza al alcalde, para adquirir los predios necesarios para la construcción de viviendas destinadas para la reubicación de ocupantes de zonas de alto riesgo, para habitantes de áreas requeridas para obras de infraestructura, para planes de vivienda de interés social”.

Solo basta citar estos tres casos cuya intención, hoy, no es resolverlos sino dejar claro, que lo reglado para el HCM no se debe circunscribir ha motivar y expedir actos administrativos, como si se tratara del abusado recurso de las tutelas, sino y a posteriori someterlos al necesario control político.

Que no es otra cosa que ir a la fuente, documentarse y adelantar un debate serio y responsable, sobre el alcance de las medidas y si han tenido el impacto en los resultados esperados, como por ejemplo mejorar el recaudo vía recursos propios o la calidad de vida de los presuntos beneficiarios de subsidios para la adquisición de  casa propia y no taimadamente intentar su tercerización.

Hoy no podemos dejar pasar la oportunidad para recordarle a la opinión pública que se dió inicio, y durante todo el mes de agosto, al tercer periodo de secciones del HCM, salvo se citen a extraordinarias durante el mes de septiembre.

Teniendo muy presente que en el próximo y último periodo de secciones - a partir del próximo 1 de noviembre – estará principalmente dedicado al estudio y aprobación del Presupuesto Municipal para la vigencia fiscal de 2015.

Esperando no haya ninguna relación directa o indirecta, entre lo que se proponga o no se proponga como debate  durante el presente mes de agosto frente a lo por aprobar, como contraprestación, en materia financiera y presupuestal - ejecución de ingresos, gastos y disposiciones generales - durante el próximo mes de noviembre.

Que dichas proposiciones y varios no se conviertan al interior del HCM como en una “pelea entre burro amarrado con tigre suelto”; y sin olvidar, también, la frase aquella que “De la vaca sale el cuero para las correas”.

Esperamos entonces, que en este tercer periodo de sesiones, se adelanten debates sobre temas pendientes y trascendentales como: La liquidación de la Sociedad Terminal de Transportes, el Aeropuerto, la tercerización del Instituto de Transito y Transporte, Fondo de Pensiones, el caos en la movilidad y la utilización del espacio publico, el traslado de la galería central, la suerte del agónico Hospital Departamental, el alto costo en la facturación del servicio de energía, acueducto y alcantarillado en la ciudad; y si de lo recaudado para Cartagüeña de Aseo Total y Alumbrado Diselecsa se está transfiriendo de manera oportuna a esas entidades, entre otros.

Todo lo concerniente con la administración municipal es importante, sinembargo hay temas “macros” como: el porcentaje, al mes de junio, de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y el Programa de Gobierno o el porcentaje de ejecución en los índices de ejecución presupuestal.

Desde lo administrativo el liderazgo, el clima organizacional, la participación o la autonomía y las relaciones interpersonales o por el contrario si las iniciativas se concentran en unos pocos funcionarios o asesores; temas, estos últimos, que para algunos analistas son considerados como “menores” pero que en la práctica inciden en el resultado administrativo y operativo de un gobierno municipal que tiene tres opciones para calificar como: bueno, regular o malo.

Volviendo al tema, lo ideal sería que se adelantara un sano debate, sin apasionamientos, sobre el porqué en la última rendición de cuentas 2013, algunos analistas observaron una disminución  frente al 2012, en el valor recaudado vía recursos propios o Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) por valor de $670 millones de pesos y porqué el presupuesto técnicamente se contrae, sin crecimiento real,  desde el 2010.

Cifra que podría tener incidencia en la próxima proyección de ingresos para la vigencia de 2015; ya sea para corregirla e imprimirle crecimiento al presupuesto - recordemos la hipótesis que presumiblemente y desde el 2010 han quedado por fuera, en las proyecciones, alrededor de  $15.000 millones  de pesos – o para contraerlo y seguir sin atender la deuda pública que supera, de lejos, los $16.000 millones de pesos.

Relacionado con lo anterior, se recomienda revisar las cifras actuales – con corte a junio - en el recaudo y la recuperación de la cartera, la posible venta de activos – por aquello del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero -, como avanza la depuración contable y en general en aquellos indicadores que revelen el tipo de esfuerzo fiscal que se viene realizando desde la Secretaria de Hacienda a través de su equipo económico.

Porque del éxito o fracaso de esa gestión, dependerá la viabilidad financiera del municipio que se vería reflejado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), tema nunca discutido a profundidad en las comisiones de presupuesto y mucho menos en las plenarias.

Se hace urgente y necesario tomar como base los indicadores de ejecución presupuestal, de eficiencia, de equidad y de impacto; aparte de los de gestión y planeación estratégica durante la presente  vigencia fiscal para empezar a entender el futuro que nos espera como municipio de 4 categoría.

Todo lo anterior, más lo que se exige en la ley 819 de 2003 y las que la complementan, determinará la suerte que le espera al próximo alcalde 2016-2020; si partimos de la ultima rendición de cuentas, tal parece, no la tendrá nada fácil; en especial si desde lo político, se seguirá repitiendo el aforismo del “dejen hacer dejan pasar”.

Si nos atenemos a los resultados fiscales de 2013 donde se presume que la mayoría de los indicadores de gestión están bajos; entonces, el próximo Alcalde,  enfrentará un gobierno de transición, solo tendrá maniobrabilidad para intentar resolver lo que ésta administración fue incapaz, a la fecha, de enfrentar para empezar a rectificar el mal camino recorrido desde la pasada administración. Amanecerá y veremos. 

TEMA DE CIUDAD - LA CÁRCEL MUNICIPAL

Para dar inicio a esta breve ficción recordemos un poco su historia: Según escritura pública 998 de septiembre 29 de 1950 el Municipio de Cartago adquirió un lote de terreno - en el sitio que hoy ocupa el inmueble -  ya para el año 1961 terminó de ser construido el actual edificio de la cárcel municipal, también llamada Las Mercedes - por aquello de la patrona de los reclusos - o el Piñal. Este ultimo acuñado por la tradición popular; desconociendo el origen y significado del porqué ese nombre.

Con más de medio siglo de funcionar y confinar historias, algunas inverosímiles, podríamos especular que el edificio sobrevive como una construcción antigua, sin los mínimos requerimientos sobre sismo resistencia, y precariamente funcionando con una red de servicios públicos - acueducto, alcantarilladlo y energía - obsoletos, algo similar podría estar sucediendo con el municipio de Cartago en el Norte del Valle, generando sobre-costos en la utilización de esos servicios;  reflejado en alto consumo de energía y cortos circuito por sobre-cargas, perdidas y baja de presión del suministro de agua potable, fugas y reflujos en los sumideros destinados para las aguas residuales, que obligaría en casos extremos, que se conozca públicamente nunca se han reportado emergencias sanitarias por brotes virales y enfermedades infectocontagiosas,  de no ser cierto – esperemos que solo esté en la imaginación - un  poco más de 600 internos, estarían en peligro de una epidemia.

Que obligue a los guardas y supervisores coordinar rondas y turnos  para atender y hacer cumplir los requisitos mínimos sobre el aseo diario, la alimentación y recreación a través de la práctica del deporte y/o una relajante lectura.

Tal parece la realidad en dicha institución, se presume, es totalmente diferente a pesar de la paquidérmica  aplicabilidad de la Ley 1709 de 20 de enero de 2014 que le hace reformas al Código Penitenciario y Carcelario; al crearse la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ya que esa Dirección General, desde Bogotá, es la encargada de licitar, contratar y entregar las obras de mantenimiento e infraestructura, adjudica el servicio de alimentación, entrega de mobiliarios, equipos médicos y odontológicos y hospitalarios y cancelación de nominas entre otros requerimientos necesarios para el normal funcionamiento de la institución como el mantenimiento del parque automotor y el suministro de combustible.

Desde lo local la dirección está en manos de la Administradora Educativa y especialista en orientación escolar Karla Liliana Torres González que aparte de las labores netamente administrativas debe de coordinar el control y la vigilancia de los reclusos, además de gestionar recursos adicionales externos para garantizar la efectividad de la operación de la institución;  tendientes a mejorar la calidad de vida y propender por la inclusión social de los reclusos, ya que a pesar que todos los gastos de funcionamiento e inversión están centralizados y tercerizados como lo contempla la citada ley presumiblemente generando retrasos y congestión al momento de prestar esos servicios; de otro lado a esos 10 municipios también les compete una parte de esa responsabilidad de atender, vía presupuesto y flujos de caja, con algunos gastos de funcionamiento, entendamos el porqué.

El EPMSC de Cartago, depende de la regional del viejo caldas; a pesar de ello, y desde el enfoque administrativo, atiende y recoge todos los casos originados en los 10 municipios del norte del valle a saber: Incluido San José del Palmar (Choco), Alcalá, Ulloa, Cartago, Ansermanuevo, Obando, La Victoria, Argelia, El Águila y el Cairo que suman casi los 250.000 habitantes.

Para el caso que hoy nos ocupa, el citado establecimiento penitenciario y carcelario, dispone de un cupo para 428 internos; a la fecha se registran aproximadamente 586 personas privadas de la libertad - existe una población flotante que permanentemente entra y sale al cumplir la condena - situación que algunos analistas consideran no constituye sobrepoblación carcelaria o hacinamiento. Asunto sobre el que no tengo los elementos de juicio para opinar.

Clasificados de la siguiente forma: Condenados: 411 y sindicados 175 sobre estos últimos tal parece su responsabilidad recae en las administraciones, municipales de donde son origen los sindicados o son remitidos.

Ya que la imposición de atenderlos está reglada en la ley 65 de 1993 según los artículos 17 al 19; que entre otros determina: la obligatoriedad de atender la dotación de elementos y recursos necesarios para los internos, reparación, adaptación y mantenimiento de edificios y de sus servicios si son, el establecimiento, propiedad de los departamentos y municipios.

Sin contar con los extramurales - casa por cárcel - : Con un poco más de 200 casos y que tipifican delitos por violencia intrafamiliar, o comprobada autoría intelectual o material en la elaboración y difusión de pasquines o amenazas en contra de la comunidad o representantes de ésta, aclarando que con el multimencionado último fallo  por calumnia sobre comentarios en la internet, la jurisprudencia ordena arresto en establecimiento penitenciario;  entre otras transgresiones menores.

De otro lado y refiriéndonos a la financiación y sostenimiento, ha riesgo de olvidar algunos benefactores que apoyan la labor de Torres González es necesario reconocer las entidades que prestan atención a la gestión que allí se realiza: Corporación Diocesana, otras iglesias, el Sena, Corporación de Estudios Tecnológicos, Cadenas del Valle, País Humanitario y la Asociación de Bordados entre otros.

También y en el corto plazo se tiene programado para las próximas fiestas aniversarias de la ciudad una rueda de negocios entre posibles clientes y los artesanos del centro penitenciario para entrar a comercializar sus trabajos manuales con el acompañamiento de la Abogada Miriam Fernanda Castro Londoño.

Estas son algunas de las iniciativas que se encuentran pendientes para ser autorizadas y ejecutadas por parte de la actual administración municipal de la ciudad: el sistema de cámaras de seguridad para la vigilancia y control en la Institución y una  sala virtual esta ultima de carácter urgente e importante para así evitar el desplazamiento de internos a las audiencias públicas para trámite de absolución o  imputación de cargos.

Finalmente un tema pendiente de resolver, y también del resorte de la actual administración, que no requiere de la utilización de flujos de caja de esta ultima; mejor aún, tal parece le permite al municipio recibir nuevos recursos vía Sistema General de Participaciones en educación (SGP-EDU); es la Educación Penitenciaria, autorización que se logra al expedir una resolución, por parte del Alcalde Municipal y la Secretaria de Educación, para otorgar  la licencia de funcionamiento que debe de incluir todo el protocolo para legalizarla y que tal parece se encuentra en funcionamiento con los internos en dicho establecimiento carcelario; aclarando que este modelo educativo ya está aprobado y funcionando en otros centros de reclusión en el País. Amanecerá y veremos.

A PROPÓSITO DE LA TERCERA VÍA

Desde el mismo momento en que el Presidente de la República el economista Juan Manuel Santos Calderón, lanzó su plataforma económica y política resumida en la frase “El Mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario“  esperando sea el camino - si se da la reconciliación - a recorrer durante, el inicio del postconflicto, los próximos cuatro años.

Más que sentarme a pensar, para luego escribir, en como oponerme a ella, lo que logró fue motivarme ha empezar a estudiar sobre el tema; no la extensa literatura que sustenta la ideología socialdemócrata, el neoliberalismo o inclusive sobre el mismo comunismo.

Lo primero que hice, con entusiasmo, fue buscar un documento elaborado en mi época de estudiante de Economía, que resumía y comparaba el aporte de algunos pensadores desde lo económico como Sto. Tomas de Aquino, Mun, Colbert, Serra, Smith, Maltus, Ricardo, Say y Keynes; y al no encontrarlo también recordé a Stuart, Moro, Owen, Marx, Engels, Marshall entre otros teóricos.

Más lo poco que se ha leído – en artículos económicos - en español material valioso que puede aportar “El Capital en el siglo XXI” del nuevo gurú en economía de Thomas Piketty que de alguna manera retoma el tema de la errónea distribución del ingreso o las disparidades económicas entre ricos y pobres, base de todos los males en las economías en vía de desarrollo; donde el mercado no está a la mano - de las mayorías - y mucho menos satisface las mínimas necesidades básicas de la población en los estratos 0,1 y 2.

Cada uno de ellos - desde Aquino hasta Piketty - pensó casi en lo mismo y lo explicó de una manera diferente de acuerdo a su tiempo y las concepciones religiosas, políticas, económicas y sociales que imperaban en ese momento histórico; como el actual.

Ahora de lo que se trata es de entender la propuesta sobre esa “Tercera Vía”; no como un discurso demagógico - así lo quiere presentar la oposición -  que obligaría, a las puertas del postconflicto, ajustar el actual modelo económico que interprete la próxima realidad política y social de la nación y con la mirada atenta - eso esperamos - de Unasur, modelo que ajustado a la realidad de esos otros países, mencionemos a la hermana República de Venezuela, ayudaría en el mediano plazo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

No se trata de examinar si dicha plataforma política tuvo éxito o no frente al modelo económico anglosajón o norteamericano; lo que se trata es de corregir la enorme desigualdad en la distribución del ingreso y de paso cerrar la brecha entre los más ricos y los más pobres; mediante el fomento de una economía de mercado donde haga fuerte presencia el sector privado a través de las alianzas publico-privadas; y sin caer, en el intento, en las propuestas ideológicas de las extremas derechas y/o izquierdas que tanto dolor y rezago nos han dejado en infraestructura, tecnología, educación, y salud entre otros.

Lo urgente e importante es encontrar el punto medio, entre la frase célebre “Laissez faire, laissez passer” que traduce del francés “Dejen hacer, dejen pasar” que abogaba por el libre comercio, cero impuestos y la libre movilidad de los factores producticos - Capital, trabajo. recursos naturales y la tecnología -  y el otro extremo del modelo expresado en un Estado Totalitario, donde una hoja no se puede mover sin la autorización del gobierno; o la, en formación, próxima dictadura de turno.

Desde lo nacional debemos de entender que es clave el fortalecimiento del agro y la industria, no solamente vía subsidios o proteccionismo ya que las hacen poco productiva, creativa y competitiva en calidad frente a la exigencia  de los mercados internacionales; de hecho el cambio debe de empezar desde el interior de esos gremios.

De lo que si se trata, eso espero, es en revisar entre otras las políticas monetarias ejecutadas desde el Banco de la República, a través principalmente del manejo en las tasas de cambio, que ha contribuido al control de la inflación y favoreciendo a la banca; pero limitando, un mayor, el crecimiento en el % Producto Interno Bruto (PIB).

Otro aspecto para analizar, de los muchos que faltan, es lo relacionado con la forma de estimular la demanda agregada, ecuación, donde el consumo de bienes y servicios es fundamental para que el ciclo económico se haga ágil y dinamice la economía en su conjunto - y muy relacionado con una de las principales variables macroeconómicas como lo es la generación de empleo productivo – lo que en parte se logra, si se rompe el paradigma de los industriales, mejorando el incremento porcentual en el Salario Mínimo Legal Vigente que históricamente no ha subido más allá de los 4 puntos; y que otros analistas denominan el “Salario Vital” por algo tan sencillo… Si aumenta la liquidez… aumenta el consumo. Amanecerá y veremos.

¿SE AVECINA UNA CRISIS DE LA SALUD EN EL NORTE DEL VALLE?

Con la firme esperanza que en el muy corto plazo - menos de 6 meses - no exista un hilo conductor que relacione, el presente, con el artículo anterior titulado “La letra muerta de los actos administrativos”; hoy nos ocuparemos, muy brevemente - por lo extenso del tema - y en primera solicitud ya tendremos oportunidad de abordarlo nuevamente, de dos actos administrativos expedidos por el Departamento del Valle del Cauca que definitivamente mucho tienen que ver con el futuro - el inicio del camino para la solución o su colapso - de la salud en la ciudad de Cartago y en el Norte del Valle.

Antes de entrar en materia, recordemos que el hoy gobernador, el político Ubeimar Delgado Blandón le resta poco menos de año y medio para terminar su mandato; sus más enconados críticos, desde diferentes columnas de opinión, insisten que de lo corrido de su periodo 2012-2015 se concentró - como experto maestro - en imaginar política  para hacer elegir a sus dos protegidos: El hoy Senador Mauricio Delgado y el Representante a la Cámara Álvaro López Gil, rumores ciertos o calumnia; los resultados, desde lo político, hoy lo confirman.

En su defensa y haciendo referencia al tema que hoy nos ocupa - la salud y el panorama que le espera – sus cercanos colaboradores manifiestan que Delgado no va a tirar por la borda su carrera política entregando al finalizar su cuatrienio un Departamento colapsado en el sector de la salud; máxime cuando esperan, sus copartidarios, que en su momento comparta públicamente sus próximas aspiraciones en materia política.

Hoy vamos hacer referencia a la Ordenanza 031 de 2013 y al Decreto 0265 del 7 de abril de 2014 “Por medio del cual se adopta y se autoriza la implementación del proceso transformación de la organización de la red de servicios de salud del Departamento del Valle del Cauca”.

Del último y extenso acto administrativo, extraemos apartes de la propuesta – que atiende los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social – cuyo objetivo es transformar, luego de conocerse por parte de la opinión pública la profunda crisis administrativa, operativa y financiera, el Hospital Departamental para convertirlo en una entidad prestadora de salud; como una nueva IPS Municipal que prestaría servicios de mediana y alta complejidad; para que atienda de manera eficiente y eficaz los diferentes requerimientos, aprovechando su privilegiada ubicación geoestratégica, y demandas de servicio de atención y urgencias en salud de los municipios de la zona norte como lo son: Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro y Versalles, zona que suma casi 350.000 habitantes; que en una alta proporción pertenecen al régimen subsidiado, en los estratos 0, 1, 2 y 3. Y que paradójicamente son los que pusieron los votos, para Presidencia pero en especial, en nuestro caso,  las elecciones a Congreso de la República.

Mandatos desde lo jurídico que exigen de manera inmediata dar los pasos, desde lo administrativo, presupuestal y de tesorería, necesarios y tendientes a solucionar, en una primera fase, el delicado y grave problema de la no oportuna y adecuada atención en salud para los usuarios de la Ciudad y el  Norte del Valle; máxime cuando en repetidas ocasiones, éstos, son trasladados a otras ciudades o regiones, generando sobrecostos en la atención hospitalaria y en existencias perdidas.

En este primer análisis, revisemos entonces apartes del citado Decreto 0265, donde se le otorgaron al gobernador, entre otras, las siguientes facultades: Suprimir o fusionar entidades y dependencias departamentales de conformidad con las ordenanzas respectivas.

Entonces recordemos que la Ordenanza 381 de Octubre 30 de 2013 en su articulo segundo, autoriza al gobernador…Con el propósito de consolidar la red  de prestación de servicios de salud del departamento, lidere, concerte, negocie, y disponga las actuaciones necesarias para implementar las acciones previstas, en el estudio técnico “Transformación de la Organización de Prestadores de Servicios de Salud Publica del Departamento del Valle del Cauca…”. Única conclusión el estudio ya está hecho solo hay que darle aplicabilidad.

Regresando al citado Decreto, considerando tercero (3) “…Se concedió autorización al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, hasta el 31 de Diciembre de 2014, para adelantar el proceso de transformación de la organización de la red de servicios de salud del Departamento del Valle del Cauca”. Asunto ya adelantado con las ESE de Buenaventura y Palmira que atienden los niveles I, II y III.

Lo anterior significa que si hay voluntad política, la mejor contraprestación, aparte que lo obliga, para el Norte del Valle por parte del Gobernador es tomar las acciones urgentes y necesarias para convertir a la ciudad en el nuevo “epicentro” del manejo de la salud en la Zona Norte y como resultado del proceso de transformación de la organización de la red de servicios de salud del Departamento del Valle del Cauca. Amanecerá y veremos.

TEMA DE CIUDAD – LA LETRA MUERTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Tomando como base las múltiples “iniciativas” por parte del Honorable Concejo Municipal (HCM) y/o Alcalde Muncipal llámense: acuerdos municipales, decretos o resoluciones; como en muchos casos, entregar en comodato algún bien municipal, posesionar un funcionario público, fijar tabla de asignación salarial o restringir temporalmente un derecho constitucional entre otros, que en su mayoría son de casi inmediata ejecución.

Todas las otras, como buenas intenciones, tienen un denominador común - en apariencia los más importantes - que pretendían, en su exposición de motivos y considerandos, convertirse en poderosas herramientas de importancia estratégica  para salvaguardar el bienestar institucional y social de la ciudad de Cartago en el Norte del Valle; lamentablemente todas hacen perfecta  alusión, a aquella expresión que “El papel puede con todo.”

Antes de entrar en detalle permítanme mencionarles los actos administrativos que según mi criterio, aparte el que tiene por objeto ajustar nuevamente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de haber sido ejecutados al pie de la letra, otro sería el panorama administrativo, fiscal y financiero en la ciudad a saber:

Acuerdo 018 de 2012, expedido el 19 de julio “por medio del cual se autoriza al alcalde para realizar operaciones de manejo de la deuda pública, en especial el crédito de tesorería suscrito en la vigencia 2011”. Sin más comentarios.

Decreto 097 de 2012 del 25 de septiembre “Por medio del cual se establece y se adopta un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el Municipio de Cartago”.

Para no olvidar en noviembre 19 del mismo año mediante resolución 000438 “por medio del cual se convoca y se otorga un plazo a los Acreedores de bienes y servicios dentro del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Municipio de Cartago”.

Como podrá observar usted atento y respetado lector la administración actual, aparentemente, ha sido prolífica desde lo jurídico; pero sin actuar, desde lo financiero, con base en los decretos y resoluciones.

Empecemos mencionando que supuestamente los presupuestos del 2012, 2013 y 2014 no fueron ajustados a lo invocado en los mencionados actos administrativos que intentaban el crecimiento y atender la deuda pública del municipio.

Expliquemos brevemente el porqué, pero antes volvamos al decreto No. 097 de 2012,

De ese extenso programa de saneamiento, podemos resaltar, engañosamente no se atendieron, desde lo contable, presupuestal y de tesorería;  las diferentes obligaciones en materia de fuentes de financiación como lo son: Reorientar las rentas y crear un fondo de ahorro propio; salvo alguna aclaración de la Secretaría de Hacienda que demuestre lo contrario.

Recursos que debían ser destinados para fondear financiera y asignar presupuestalmente dichos recursos, por parte de la institución, a través de la creación de los siguientes Fondos: Fondo de Contingencias y Fondo de Acreencias; aparte del Fondo de Inversión; y que tal parece nunca fueron creados.

Salvo que existan otros documentos de carácter confidencial - se analiza lo publicado en la pagina web del municipio - también contamos con el acuerdo 016 de 2013 de aprobación del presupuesto para la vigencia fiscal de 2014 y el decreto 118 de 2013 de liquidación para la misma vigencia.

De su cuidadosa lectura podemos concluir que  los mencionados fondos tampoco fueron creados, como cuentas contables, rubros presupuestales y cuentas en tesorería a saber: mesadas pensionales, servicios personales, transferencias de nomina, transferencias a órganos de control, gastos generales, cuentas por pagar vencidas al 31 de diciembre de 2011, intereses deuda, amortización deuda e inversión.

Tal parece no se determinó un programa de venta de activos; queda la duda de si se han venido aprovisionando dichos recursos, desde esa fecha, a través de un Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y si dichas medidas se han tomado previa autorización a través  de los respectivos Comfis – comité municipal de política económica y fiscal  que reemplazaría el comité de vigilancia – como lo ordena la ley, tan necesarios para modificar el presupuesto y realizar los pagos  durante los años 2012, 2013 y lo corrido de 2014.

De paso atender las sugerencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Apoyo Fiscal Pública (DAFP).

También la Secretaría de Hacienda debió establecer un cronograma de pago y cancelar a través de los siguientes rubros presupuestales y en el orden establecido: Grupo 1. Mesadas Pensionales, Grupo 2. Servicios Personales, Grupo 3. Trasferencias de Nomina, Grupo 4. Gastos Generales y Grupo 5. Otras Transferencias.

En respuesta a estas obligaciones, tal parece todos los pagos (2012, 2013 y 2014) se han realizado a través de una cuenta contable, de tesorería  y un rubro presupuestal  denominado Desarrollo Institucional, contrario a lo establecido en los actos administrativos para atender ese Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del municipio.

Si los desembolsos no se realizaron a través de dichos rubros, previos ajustes y traslados presupuestales, se crea un grave problema de confiabilidad en  información qué se suministra a los diferentes entes de vigilancia y control; solo mencionando un caso se podrían afectar los indicadores de la ley 617 de 2000, ya que aparentemente no se diferenciaron los demás gastos de funcionamiento e inversión del normal funcionamiento del ente territorial durante cada una de las vigencias.

Si bien es cierto el Municipio, en el intento de adelantar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, expidió numerosos actos administrativos: Acuerdos Decretos y Resoluciones se supone no acató las normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, fundamentales para la racionalización de la actividad fiscal y hacer sostenible la deuda pública.

Todo lo anterior claramente está reglado en la Ley 819 de de 2003 y demás normas que la complementan, que deben de servir de apoyo, darle claridad y sustento jurídico a tan delicado tema como es el manejo de las finanzas públicas del municipio.

El tema se hace aún más complejo por cuanto se esperaba, dichas dudas, hayan sido  resueltas para la opinión pública en el último Informe de gestión por parte de la Administración Municipal; lo que no sucedió.

Lo único que la opinión pública conoce son los rumores en cafetines, parques, plazas y atrios en el sentido que la Secretaria de Hacienda Municipal se ha dedicado a pagar las acreencias desde el 2011 del municipio. ¿De que manera? No estamos al corriente

En todos los casos el gobierno del abogado Álvaro Carrillo estableció y adoptó un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero que teóricamente permitía, si se aplicaba,  blindar al municipio para cualquier intento de revocatoria del mandato que argumentara el incumplimiento del Programa de Gobierno o el Plan de Desarrollo por la nula o escasa  inversión.

O será que lo salva el reparcheo que por estas semanas sigue adelantando, y que dió inicio con el arribo a la ciudad, en campaña, del hoy reelegido Presidente de la República, el economista Juan Manuel Santos Calderón, mantenimiento de la malla vial que debió haber hecho hace ya dos años.

Ante el total silencio - más evidente en la presente vigencia fiscal - en materia financiera  y presupuestal de la actual administración razón que no entendemos; siguen los mismos interrogantes, que para bien puede resolver la actual administración ¿Como vá el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Municipio? o ¿Será letra muerta? Y la última ¿Dónde está el control político del HCM? Amanecerá y veremos.