TEMA DE CIUDAD – LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Seguramente la sola propuesta, en voz de los candidatos para la próxima alcaldía 2016-2020, generará mucha polémica; es indudable que algunos o a lo mejor todos se nieguen ha presentarla - por aquello de los cálculos en la votación esperada- , de todas formas a continuación esbozo algunas razones por las cuales los responsables, seriamente, deben poner a sus asesores económicos ha pensar en ello.

En especial, a futuro, por el obligado saneamiento en las finanzas del municipio y evitando el riesgo de seguir bajando de categoría y en el extremo de los escenarios hacerlo inviable en los análisis fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Departamento Administratuivo de la Función Pública - DAFP.

Los problemas financieros del municipio de Cartago en el Norte del Valle hicieron su primera crisis, finalizando la vigencia fiscal de 2000; lo que obligó al nuevo alcalde el político Luis Carlos Restrepo Orozco comenzando su mandato 2001-2003, enfrentar la cruda realidad de acogerse a un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos - amparado en la ley 550 de 1999 – para, de esa manera, evitar el colapso financiero que se reflejada en una posible cesación de pagos; derivado de una deuda pública cercana a los $13.400 millones de pesos, para esa época, expresados en gastos de funcionamiento e inversión. Más la necesidad de un crédito por $2.619 millones para garantizar la reestructuración administrativa, lo anterior significaba, y se presume aún significa, una planta global sobre dimensionada.

Lo curioso del caso es que finalizando ese mandato, tal parece, volvió a crecer – como herencia para el siguiente alcalde -  la nomina afectando nuevamente los indicadores de la ley 617 en ese periodo y obligando ajustes en el 2014 y años posteriores, ejercicio en el que - desde esa época - no han podido sacar buenas notas, los gobernantes de turno.

Muchos años después y para el cierre de la vigencia fiscal 2010. Fuente: Minhacienda.gov.co. Los informes arrojaron un nuevo déficit fiscal de $1.525 millones; además de un superávit presupuestal de $8.776 millones, lo anterior - no se confundan - como consecuencia del crédito adquirido con Banco de Bogotá por $15.000 millones recursos destinados para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico; lo que le significó aceptar una deuda publica por ese préstamo, y al citado banco, a una tasa de interés del DTF + 6 puntos a un plazo de 10 años, cambiando drásticamente el escenario del Marco Fiscal del Mediano Plazo (MFMP), ya que tal parece algunas cifras claves no reflejaban la realidad económica del municipio.

Un poco más de diez años después, nuevamente se presenta al cierre fiscal de 2011 un déficit aproximado de $16.336 millones, de los cuales $9.914 millones, corresponden a déficit vía reservas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico; sin contabilizar el  crédito adicional por los $16.000 millones.

Los datos anteriores tienen como objetivo llamar a la reflexión sobre el hecho recurrente en el que, y durante los últimos quince años, el municipio  tal parece ha tomado decisiones erróneas desde el punto de vista financiero.

Entendamos el porqué… Para hacerlo, empecemos recordando las recomendaciones que en el 2001 la Dirección de Apoyo Fiscal Publica hoy Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el sentido, que la solución estaba más que apalancarse con créditos con la banca; era necesario que, para esa época, se fortaleciera el recaudo vía recursos propios – buscando la autosuficiencia vía recursos propios -, adelantando un verdadero esfuerzo fiscal y lo más pronto posible, empezando, con la actualización catastral ya que hacía más de 15 años no se aplicaba. Situación ideal para cualquier municipio; desde y hacia donde apuntan todas las leyes que reglamentan el tema fiscal y financiero.

La historia nos confirma que dicha propuesta, viable para la época, fue archivada - en la carpeta de los asuntos de menor importancia - por aquello del costo político que implicaba “tocar el bolsillo del contribuyente”; de hecho algunos analistas insisten que la verdadera razón se centraba en que el Alcalde, de ese entonces, en sus futuros proyectos políticos contemplaba llegar al Congreso de la República; lo que efectivamente años después sucedió.

Polémica decisión, no nos gusta pagar impuestos, que finalmente fue tomada por el alcalde, el también político, Germán González Osorio, lo que conllevó  ha comienzos del 2009 se generaran marchas de protesta en rechazo a dicha medida; lo que desde el punto de vista financiero era urgente y necesaria; que seguramente haya sido mal liquidada, en muchos casos, es otra cosa.

De los resultados en el recaudo – con base en lo recaudado – también se presume no fueron los esperados, en especial si se parte del incremento que se le dio a la tarifa, en algunos casos, por encima de la autorizada por la ley.

El “mejor” resultado obtenido se evidenció en la vigencia fiscal de 2010 cuando tocó el techo de los $22.601 millones de los cuales $11.087 corresponden a Predial, $6.449 Industria y Comercio, $3.553 a la Sobretasa a la Gasolina, Estampillas $140 millones y otros ingresos tributarios $1.372 millones.

Llama la atención que para el 2011 el recaudo en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) solo alcanzara los $15.928 millones; una recuperación en el 2012 llegando a los $19.672; para volver a caer en el 2013 a $19.002 millones.

Las cifras anteriores se pueden explicar a la luz de algunas hipótesis como por ejemplo: el aumento en la evasión o elusión de esos impuestos o el poco esfuerzo fiscal durante  este último año, por parte de los responsables del manejo financiero del municipio.

De lo que no se trata es de juzgar los hechos cumplidos sino tomar los correctivos necesarios para mejorar el recaudo para lo que resta del 2014 y finalizando el 2015 que permita mejorar esos indicadores fiscales, contables y presupuestales.

De lo que si se trata es de alertar al próximo gobierno municipal 2016-2020; en especial a los candidat@s que en un futuro cercano oficializarán su campaña para la alcaldía; para que, por lo menos, estudien con mucho juicio la opción de proponer una nueva actualización catastral, por aquello que se debe de hacer cada 5 años.

Pero en especial ya que si observamos las cifras en el recaudo durante esos años, no nos cabe la menor duda que derivado de las marchas, protestas y los reclamos individuales, uno a uno, prácticamente hicieron que el efecto de esa actualización se perdiera no solo en el tiempo sino en los resultados frente al recaudo… ¿o cual podrá haber sido la razón?  Amanecerá y veremos.