TEMA DE CIUDAD – VIGENCIAS EXPIRADAS

Lo primero que tenemos que reconocer y conforme a lo escrito hace ya un poco más de dos años, el municipio de Cartago en el Norte del Valle recibió de la pasada administración, un déficit estructural, sin depurar y aparentemente, parte de el, sin legalizar – diferente a reconocer – vía presupuesto por un valor cercano a los $45.000 millones de pesos.

Lo anterior no puede seguir siendo alegato para justificar, de manera hábil y soterrada, la no atención a las deudas – vigencias expiradas - y mucho menos intentar relacionar, nada tienen que ver las dos, la aparente disminución a la fecha de hoy del recaudo vía recursos propios.

Si bien es cierto la actual gestión fiscal y administrativa de la presente administración está lejos de ser efectiva; se recomendaría al señor alcalde el abogado Álvaro Carrillo, propusiera al Honorable Concejo Municipal (HCM) en la intención de mejorar el recaudo para la vigencia fiscal 2015;  la aprobación del incremento del % de descuento y la ampliación de las periodos de pago de la siguiente manera: descuentos tributarios del 15% entre los meses enero-marzo; 10% abril-junio, del 5% julio-septiembre y 3% para el período octubre-diciembre.

Volviendo a las acreencias… Esa astronómica cifra, acompañada del perfil fiscal de la ciudad que la ubica por “meritos” en categoría cuarta; y que si nos atenemos a los parámetros que fija la ley 617 de 2000 desde el punto de vista poblacional correspondería a un municipio entre 20.001 y 30.000 habitantes.

De lejos, si nos atenemos a ley, estaría de ser una ciudad intermedia. Más grave aún, de seguir la tendencia en el frágil comportamiento financiero - recaudo vía recursos propios - se correría el riesgo  de prender el semáforo en rojo para ser inviable el municipio para la vigencia fiscal de 2017.

Si intentamos desglosar la destinación del ultimo crédito vía vigencias futuras por $31.000 millones de pesos; existe la posibilidad que  se dilapidó más  del 50% de esos recursos; y el resto corresponden a obras inconclusas, de las que se presume fueron invertidas en el sector  de agua potable y saneamiento básico – vía transferencias a Emcartago -; otras que se deben de identificar, casi $7.000 millones, por concepto de reservas presupuestales facturadas, contratación por el municipio durante la vigencia fiscal 2011 que corresponden a una parte del  déficit fiscal durante esa vigencia.

Partiendo solo del crédito de $16.000 millones, recordemos que la atención a la deuda durante éste cuatrienio 2012-2015 asciende aproximadamente a $20.600 millones de pesos, de los cuales solo se han pagado los intereses - derivado de la renegociación -quedando  vigente la deuda para nuevas refinanciaciones y que tal parece deben ir allá del año 2023.

Entonces ¿que ocurrió con los flujos de caja, posteriores al empréstito, y que oscilaban entre $17.000 y $24.000 millones provenientes principalmente de los impuestos directos en especial prediales e industria y comercio?

Se complica más el análisis cuando empezamos a entender que gran parte de esos giros no fueron legalizados vía presupuesto (especialmente los últimos $16.000 millones del Plan Municipal de Aguas) sino que hicieron parte de transferencias entre entidades financieras y que hace difícil  rastrear el destino final de las mismas.

Entonces es tiempo de hacer cuentas del déficit: $17.500 millones que corresponden a cuentas legalizadas vía presupuesto; más $16.000 millones girados por la banca y que supuestamente corresponden al Plan Municipal Aguas.

Estos últimos no legalizados y aparentemente gastados en funcionamiento; más $1.700 millones de empréstitos y créditos de tesorería no cancelados al cierre; más aproximadamente $900 millones del déficit en el Institutito de Transito y Transporte; más $275 millones déficit en el Fondo Pensiones; más $8.000 millones de Empresas Municipales (temiendo ser mayor la cifra); la anterior sumatoria nos acerca a una cifra cercana a los $45.000 millones de pesos.

En resumidas cuentas, partiendo del hecho que el equipo económico de la actual administración municipal disponga de otras cifras, lo importante es recalcar que existe una figura jurídica denominada vigencia expiradas que permite reconocer esas acreencias, y obliga a su pago vía presupuesto, para evitar incurrir en la figura de cesación de pagos que se convertiría en la Espada de Damocles para la actual administración municipal. Amanecerá y veremos.