CARTAGO: PÍLDORAS DE FINANZAS, RECAUDO Y PRESUPUESTO 2025

“En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan”. Étienne Bonnot De Condillac. Filósofo francés (1715-1780) 

Lo primero que debemos subrayar, fue el interés de la actual administración municipal - en cabeza del ordenador del gasto de turno Juan David Piedrahita López - por “interceder” para que se atendieran oportunamente los múltiples reclamos sobre el incremento desproporcionado en el valor del Impuesto Predial Unificado (IPU), que incluye la Sobretasa Ambiental, para la vigencia fiscal 2025.

Recordemos que lo mismo ha venido sucediendo – los ajustes a un menor valor a pagar - desde la vigencia fiscal 2022, 2023 y 2024; lo que finalmente son solo “paños de agua tibia”, sobre una grave enfermedad denominada corrupción administrativa, tal parece, orquestada desde el más alto nivel departamental.

De hecho, visto desde lo local, muchos contribuyentes aprovecharon el descuento del 10%, y seguramente a otros tantos no se les ha resuelto – durante más de cuatro (4) años - sus reclamos y siguen con la incertidumbre, sobre la posibilidad, de tener que vender la propiedad para pagar el impuesto.

Surge la patética primera (1) pregunta… ¿No es eso un atraco con “decreto” armado de subterfugios jurídicos?

HECHA LA LEY … HECHA LA TRAMPA

Con la aprobación de la ley 1508 de 2012, más el decreto 1467 de 2012, que reglamentó las Asociaciones Público Privadas; lo que hoy se puede observar, por el uso de tantas galimatías, que del mismo Congreso de la República, salió la trampa para implementar dicha ley.

Y de esta manera garantizar que el mismo poder burocrático y corruptor continuara concentrado en las mismas manos y determinando el destino político, económico y social en este caso de los vallecaucanos, pero en especial de los Cartagüeños.

De hecho, con la cercanía de las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, dio comienzo, y durante los últimos veinte y cinco (25) años, el “Tour” de las mismas familias de Congresistas por el Valle del Cauca y la ciudad.

Ya que en esa ley “se establece el régimen jurídico, se dictan normas orgánicas de presupuesto, se definen los proyectos de APP de iniciativa público privada y se definen las disposiciones comunes de los proyectos APP”.

En una primera fase (1) de privatización preparando el camino, en especial en la ciudad de Cartago en el Norte del Valle, "calculadamente" desaparece (se privatiza) el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Recordemos que era la entidad encargada de administrar el catastro nacional y por ende, según la ley que la reglamenta debía de adelantar la tarea del nuevo Catastro Multipropósito. Y es así de esta manera como ha funcionado, desconociendo los resultados, en otras ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional.

En este orden de ideas para el caso del Valle del Cauca, adicionalmente se orquestaba la fase dos (2); por aquello que nuestra ciudad sirvió de laboratorio de experimentación (como conejillo de indias) y en reemplazo (del IGAC) se creó el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S. Sin idoneidad o experticia en el levantamiento y actualización de la requerida información. Lo que haría ilegal los resultados de esa operación catastral.

Se crea entonces todo un entramado de empresas prestadoras de servicios públicos – esquemas de “colaboración” (No leer: corrupción) entre los sectores público y privado - y de intervención de la Gobernación del Valle del Cauca a través de una sólida empresa de economía mixta denominada Valle Avanza S.A.S

DE LOS USOS DEL SUELO Y LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Regresando al operador catastral… Con las ya conocidas consecuencias, insistimos, dada la falta de experticia, sobrada negligencia y exceso de arrogancia de sus empleados se adelantó un “remedo” de catastro multipropósito.

Cuyo resultado fue el incremento desproporcionado, en algunos casos, en más del 2.000 por ciento del Impuesto Predial Unificado afectando predios urbanos y rurales, donde pareciera no se tuvo en cuenta el uso del suelo.

El otro grave problema – foco de corrupción como atentados al medio ambiente - que enfrenta la ciudad desde las pasadas  administraciones municipales; para abreviar solo mencionaremos la construcción de urbanizaciones y uso predios, sin la respectiva licencia ambiental, o la expedición irregular de licencias de construcción. Asunto que vienen denunciando, durante años, veedores ciudadanos.  

A propósito de licencia ambiental… ¿En qué “gaveta” está la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)? Que tal parece de autónoma no tiene nada.

Derivado de la anterior surge la siguiente pregunta ¿Qué enorme poder político controla, tras bambalinas, esa supuesta entidad descentralizada?

Regresando a Valle Avanza S.A.S. Que dependen directamente del Operador Catastral Valle Avanza S.A.S. Presunta autoridad catastral, sin idoneidad, encargada de realizar ese tipo de estimaciones y proyecciones. Poniendo en riesgo el patrimonio de muchos Cartagüeños de nacimiento y por adopción. 

UN GRAVE PROBLEMA SIN RESOVER

Al tiempo de tener muy presente que el problema de fondo sigue sin resolverse por aquello que, tal parece, esa "actualizada" base catastral durante la vigencia fiscal 2022,  que originó miles de reclamos por parte de los propietarios tanto en el área urbana y rural, no ha sido recalculada.

Lo anterior significaría que para el 2026, seguramente tendrán que seguir haciendo los mismos ajustes a los ya anteriormente realizados durante, y desde ese año 2022, los últimos cinco (5) años.

Surge la siguiente pregunta ¿Será que están extendiendo el tiempo para que en la vigencia fiscal 2027 se realice una nueva actualización catastral en esta ocasión por parte de la también recién creada sociedad de economía mixta  EMDUoccidente?

Recordemos que recientemente – hace parte como una (1) de las diez (10) empresas creadas durante la administración anterior – en el catálogo de servicios se incluye la Operación Catastral.

Surge la agónica pregunta, comprobada la avaricia de los ideólogos que hacen parte de la nueva generación de millonarios… ¿De guatemala, para guatepeor?

Regresando al Operador Catastral Valle Avanza S.A.S. Insistimos…Lo que originó el incremento desproporcionado en el Avaluó Catastral que, a su vez, se derivó de la aplicabilidad del “supuesto” Catastro multipropósito.

Que de multipropósito no tiene nada, ya que el operador Catastral Valle Avanza S.A.S solo se limitó a estimar una nueva base catastral.  

PREDIOS SOBRE VALORADOS IMPOSIBLES DE VENDER

Cuando en la teoría, igual se esperaría en la práctica, el catastro multipropósito es una herramienta que permite, si se hace con idoneidad, un nuevo ordenamiento territorial; a la vez que sirve como instrumento de planeación social y económica.

Contrario a lo esperado, para nuestro caso solo creó – ya que en la práctica atentó contra “la seguridad jurídica del derecho de propiedad del inmueble” por aquello que dada su cuantía era el no poder pagar, o negarse a hacerlo, ese nuevo impuesto o tener que vender el inmueble - confusión, pánico y caos por los abusos cometidos con el contribuyente.

Por aquello que en el caso de tener que vender el inmueble, el propietario se enfrentaba a otro dilema y era que, según el nuevo y desproporcionado avalúo, por lo costoso nadie compraría el predio. ¡Tremenda ironía convertida en una sin salida!

Regresando al ilegal avalúo…Ya que, para su elaboración, no contó con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que permitiera levantar, por lo menos, una nueva cartografía.

De hecho, se trabajó con una cartografía obsoleta y sobre un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizado en más de 20 años.  

INCREMENTO DESPROPORCIONADO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL

Hoy sin mencionar la tarifa que se aplica sobre el servicio de aseo impuesta por parte de la empresa privada Clean Atmosphere, que viene originando múltiples y airados reclamos.

Entonces merece la pena ajena el preguntarnos ¿Por qué no actúa e interviene en la discusión y solución el HCM?

De otro lado, también es importante señalar que, en esta nueva facturación, por fortuna no se le dio aplicabilidad al nuevo Impuesto de Valorización.

Quedando pendiente, este último, y sin determinarse aun en qué vigencia fiscal, durante este gobierno de continuidad, se aplicará y con qué tarifa – que deberá ser autorizado, así como el recalculo de la sobretasa ambiental, por parte el HCM - ese nuevo impuesto creado, tal parece, durante el último dial hábil de la anterior administración (2020- 2023).

A propósito de HCM… Recinto sagrado de la democracia donde a todas luces no le ha ido muy bien al, recién posesionado, presidente del HCM. 

A propósito del HCM  ¿Se habrá modificado el valor, por sesión, de los honorarios atendiendo los requerimientos de la nueva categoría? 

Salvo, eso creemos, los del HC Adalberto Maldonado González que habría quedado con honorarios de tercera (3) categoría. De hecho el número y el periodo de sesiones se redujo acorde a la nueva categoría. 

Por aquello que con las iniciativas, de su presidente el HC Luis Fernando Giraldo Rodriguez, de “invitar” a las sociedades de economía mixta para que rindieran el informe sobre las actividades desarrolladas  durante la vigencia fiscal 2024 y lo que llevan del 2025; peticiones (invitaciones) que fueron ignoradas en especial por Veolia y a Clean Atmosphere.   

Merece la pena ajena el formularnos las siguientes tres (3) preguntas… Por aquello que en el HCM, tal parece, ¡No pasa nada! y la mayoría se muestra arrodillado al poder de turno.

¿Será que son los amos y señores del lucrativo negocio del Agua Potable y el Servicio de Aseo? O ¿Habrá empezado, o habrá llegado, ese poder corruptor hasta el HCM? y finalmente ¿Crece el desprestigio del HCM?

Regresando al Impuesto Predial Unificado… En este punto es importante subrayar que en el Impuesto Predial Unificado (2025) y anteriores, continúa sin resolverse por parte del HCM en lo concerniente al incremento desproporcionado de la Sobretasa Ambiental (SA).

Merece la pena ajena el formularnos las siguientes cuatro (4) preguntas. Donde el alcalde de turno es miembro de la junta directiva. 

¿Cuántos recursos le ha transferido el municipio a la CVC durante la anterior administración y cuántos durante la actual?  

¿Será que la construcción de la PTAR saldrá del bolsillo del contribuyente y no de los recursos supuestamente ya garantizados, durante la administración anterior, por parte de Emcartago S.A.S (Veolia), CVC y el Municipio?

O ¿Será que por esa misma razón este último incremento de manera desproporcionada de la Sobretasa Ambiental es solo para “trasladarle” más recursos a la CVC?

Y ¿Finalmente dónde van a parar esos cuantiosos recursos fondeados en los bancos de la CVC que no llegan a la ciudad?

Recordemos que no se le ha dado trámite, como iniciativa oficial, en el Honorable Concejo Municipal (HCM) cuyo propósito sería el de resolver en favor del contribuyente y tendiente a disminuir la actual tarifa impositiva de esa Sobretasa Ambiental.

Que por supuesto afecta el bolsillo del contribuyente en todos los estratos socioeconómicos. Por lo menos eso es lo que se presume… ¡En todos los estratos socioeconómicos!

DE LAS POCO PROBABLES ELECCIONES ATÍPICAS

A menos diez (10) días calendario para que probablemente el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la magistrada ponente, entregue a los interesados directos, el fallo sobre el caso de nulidad electoral ya sea en favor, o en contra, de Piedrahita López.

Y de paso no continuar con la incertidumbre de si se va a pronunciar o no; de hecho y en caso de darse esto último; queda por fin claro que, la magistrada próxima a pensionarse, estaría dilatado el proceso – y de paso evitando, los interesados, las elecciones atípicas - de nulidad electoral por doble militancia en modalidad de apoyo.

A propósito de elecciones atípicas… De otro lado y de darse las elecciones atípicas, su financiación en gran parte provendría de la Gobernación del Valle del Cauca.

Merece entonces el preguntarnos. ¿Le convendría a la gobernadora unas elecciones atípicas; por aquello que según ley electoral cuando faltaren menos de 18 meses para que se termine el mandado constitucional de Piedrahita López (2024-2027); al momento de darse el fallo - que a todas luces le va a ser desfavorable - se nombraría de una terna (3) un alcalde encargado?

Aparte que se "ahorraría" el recurso financiero que debería destinar para esas probables elecciones atípicas… ¿Se saldrán, de nuevo, con las suyas?

Quedando la ciudad administrada, máximo durante diez y ocho (18) meses, por tres (3) alcaldes: el encargado (seguramente del partido de la U), el emérito (Álvarez Mejía) y el destituido (Piedrahita López). De hecho esta situación ya ha sucedido con anterioridad.

Salvo que a este último le haga el milagrito La Virgen de Fátima… A propósito de la Madre…Visto desde el trabajo y el desinteresado voluntariado verdaderamente social.

Lo que nos lleva al siguiente silogismo. “Obras son amores y no buenas (o malas) intenciones”.

Posibles candidatos por la U: Anderson Maya Quintero, Yuri Hernando Delgado Cortes, Leonardo Giuliano Arboleda López, Roberto Moreno Posada y Camilo Andrés Castillo Gutiérrez.

Regresando a la Magistrada ponente… Es de anotar que, según versiones de los conocedores sobre la materia, son ya dos (2) las solicitudes de vigilancia administrativa judicial y, tal parece, varias tutelas.

¿Incurrirá la multimencionada magistrada en desacato, o sometida a algún procedimiento disciplinario, por aquello que, tal parece, ha incumplido: una (1) orden judicial, dos (2) vigilancias administrativas y, tal parece, varias tutelas?

Subrayado lo anterior, con la anterior pregunta, démosle paso – o mejor continuemos – con los delicados asuntos que ocupan a la actual administración municipal, que pareciera en el momento menos esperado - es decir sometido al azar político en algún determinado momento sea porque si, o porque no -  se desatan crisis, o aparentes crisis, desde la gobernabilidad y la gobernanza.

En todos los casos corren versiones que todos los centros de poder electoral, de alguna manera apoyan, porque se ven beneficiados con burocracia y contratación, la continuidad - ¡hasta donde sea posible! - del actual ordenador del gasto. A la vez que cínicamente afirman ¡De que sea cae se cae, lo que no sabemos es cuándo!

DEL RECAUDO, LA EFICIENCIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Es esa otra ominosa práctica en materia de rumores en parques, plazas, plazoletas públicas, atrios de las diferentes iglesias, hoteles y moteles entre otros… que insistentemente llaman la atención del imaginario colectivo en LA CIUDAD CON EL SOL MÁS ALEGRE DE COLOMBIA., sobre la realidad fiscal, financiera y administrativa del municipio.

En este orden de ideas, hoy es necesario intentar contextualizar parte de la realidad económica (liquidez) y fiscal (recaudo) en la actual administración municipal, en cabeza de Piedrahita López, como ordenador del gasto de turno. Donde la prioridad es pagar oportunamente las diferentes nominas.

Y lo son, asunto que abordaremos un poco más adelante, por aquello que, a la fecha, se han expedido, entre otros, actos administrativos como la Liquidación del Presupuesto de ingresos, gastos y apropiaciones para vigencia fiscal 2025 y  el cierre fiscal 2024 - este último quedará pendiente de analizar en otra oportunidad cuando el momento, o la coyuntura política, lo amerite -  por parte de la Secretaria de Hacienda Municipal.

Asuntos que tienen varias lecturas… Vamos por partes, con usted atento y respetado lector; ya que, dicho coloquialmente, sabemos no "se traga" cualquier cuento.

Empecemos entonces, con una primera (1) conclusión que de hecho es parcial; por aquello que falta mucha información – puesta al público en el portal del municipio - por analizar.

Lo que tiene varias lecturas, en las que se avizoraría - e independiente del comportamiento del esperado recaudo real frente al presupuestado al cierre del primer (1) cuatrimestre del presente año – una posible limitación fiscal y financiera.

En ocasiones por fuera del control  y manejo administrativo del municipio, que apuntaría a la acumulación "técnica" de déficit fiscales, que tal parece viene arrastrando el ente territorial desde la vigencia fiscal 2023 o mejor desde la administración anterior(es).

Primera (1) lectura: Lo anterior tendría relación con el abuso desde la administración anterior de las vigencias futuras ordinarias, extraordinarias y excepcionales que en todos los casos afectan los flujos de caja de cada periodo fiscal, y futuros, siendo lo más importante el claramente estar impactando, de manera negativa, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y por supuesto el Plan financiero. ¡Averígüelo Vargas!

Vale entonces preguntarnos… ¿Se estaría configurando una riesgosa burbuja fiscal y administrativa, que al estallar nos llevaría a una nueva crisis financiera peor que la de principios de siglo? Donde los pasivos ascendían, para esa época, a $16.000 millones de pesos. 

Vale entonces, dada la preocupación de algunos analistas de la cosa pública, el preguntarnos...¿Cuál será entonces el verdadero déficit fiscal, no certificado, al cierre de la vigencia fiscal 2024?

Lo anterior en el posible caso en que los ingresos reales sean muy inferiores a los presupuestados y el municipio deba acudir a créditos de tesorería, por aquello de evitar la mora en pago, por ejemplo, de nóminas.

También recordemos - como pasada y poco grata experiencia  - cuando el municipio debió, no tenía otra salida, acudir – quedando sujeta a la intervención del Ministerio de Hacienda, a través de la por esa época Dirección de Apoyo Fiscal - al Acuerdo de Reestructuración de pasivos; reglamentado en la ley 550 del 30 de diciembre de 1999. ¡Ojo con eso!

Segunda (2) lectura: adicional a lo anterior es el posible desbordamiento del gasto público tanto en gastos de funcionamiento como de inversión; es especial, tal parece, los primeros.

Por aquello de realizarse, eso creemos, vía recursos propios (RP) en los diferentes planes programas y proyectos de la actual administración municipal; cuyo lema es “Más progreso, mejor futuro”.

Lo que se patentiza, desde la vigencia fiscal 2024, en reiterados ajustes al presupuesto para atender – insistimos desde lo presupuestal - un estricto cronograma de gastos e inversiones mediante la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales y órdenes de pago.

Lo anterior, tenía también como propósito el preparar y elaborar el cierre fiscal con fecha 31 de diciembre de 2024: y de esta manera poder abrir el nuevo presupuesto, desde lo técnico, con fecha 1 de enero de 2025; ya que en la práctica se demoró un poco más la puesta en marcha de una nueva vigencia fiscal. Como casi siempre sucede.

Merece la sorpresa ajena el preguntarnos… ¿O se “manejaron” los dos (2) presupuestos (2024-2025) en paralelo? ¡Cosas de la tecnología e informática!

Tercera (3) lectura: lo que nos insinuaría la acumulación de déficit fiscales que se vienen "corrigiendo" a través de subterfugios técnicos; tal parece, a pesar de legalizarse en el mismo periodo fiscal y con el cierre fiscal de cada año respectivo.

Aclarando sin, supuestamente, disponer del recurso financiero - en caja o en bancos -  generalmente cuando el origen del recurso es externo vía cofinanciación durante un determinado  cierre fiscal. "Maromas" presupuestales como lo pueden  afirmar  los legos (conspiradores) en esta materia... Apoyados en la inteligencia artificial.

Por aquello que limita la capacidad de inversión en otros tipos de proyectos locales vía financiación con recursos propios (RP). Que podrían no ser otra cosa que posibles créditos de tesorería en el momento de ordenar el gasto.

Insistimos en el posible caso en que, durante determinado periodo fiscal, aunado el posible desbordamiento en el gasto público; los ingresos reales sean muy inferiores a lo presupuestado.

Entonces el municipio debe, como en el pasado, acudir a los riesgosos créditos de tesorería, para evitar la mora en pago de nóminas; al tiempo de explicar  el porqué de los proyectos de inversión que se encuentran suspendidos o paralizados y otros convertidos en elefantes blancos. 

A propósito de elefantes blancos... Visto desde lo jurídico (como posible demanda del contratista) en qué va la construcción de edificio municipal ubicado en la calle 10 entre séptima (7) y octava (8).

Lo anterior quedaría resuelto con la esperada reglamentación de la nueva Ley de Transferencias que, se esperaría, desahogaría los fiscos municipales.

Asumiendo el riesgo de equivocarnos, este es un claro ejemplo de déficit fiscales acumulados:

Revisando el Decreto 236 de noviembre 27 de 2024. “Por medio del cual se incorpora parcialmente al presupuesto de la vigencia fiscal 2024, un recurso correspondiente al déficit fiscal temporal reconocido al cierre fiscal de 2023.  

Según convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior – Fondo de Seguridad y convivencia Ciudadana – FONSECON y Municipio de Cartago (Coordinación e instalación de 50 Cámaras de Seguridad).

Por valor, en millones. de $5.606 millones, de los cuales el Ministerio del interior giraría $4.482 millones.

Que, según ese mismo convenio, se solicitó incorporar al presupuesto 2024, la suma de $896 millones, correspondiente al déficit fiscal constituido en la vigencia fiscal 2023, sobre convenio FONSECON No. 2299 de 2022.

Según el decreto en mención, se adicionaron al presupuesto 2024, como tercer (3) giro, la suma de $896 millones.  

A propósito del Fondo de Seguridad y Convivencia ciudadana, en que fase va la elaboración del proyecto "Construcción CAI en el sector aledaño al Parque de la Isleta" que, eso creemos, deberá estar siendo elaborado por parte del Comando de Policía del Valle del Cauca (DEVAL) Cartago y/o por el Municipio de Cartago. Que tal parece está en veremos.

Cuarta (4) lectura: Importante observar las cifras claves que determinarían - dependiendo de la eficiencia fiscal y administrativa – los posibles resultados del recaudo durante la vigencia fiscal 2025.

Lo anterior se visualizó basados en la liquidación del presupuesto, según Decreto 256 de 30 de diciembre de 2024. Aforado por valor, en millones de pesos, de 368.018 millones de pesos. 

Observando el desglose en cuarto (4) nivel en ese estimado de los ingresos, nos encontramos con unos indicadores alentadores – rubros presupuestales – que tienen que ver con el comportamiento del recaudo esperado (eficiencia fiscal) durante la vigencia 2025.

Aclarando que en esta ocasión - porque el asunto a tratar hoy es otro – no abordaremos el también delicado tema de los gastos de funcionamiento por $53.763 millones, pesquisa que se abordara en otra oportunidad.

Partiendo de la base que el municipio fijó la nueva categoría en tercera (3) para el presupuesto 2025 según se estipula en el decreto 214 de octubre 7 de 2024.

Regresando a la estimación de los ingresos sobre los $368.018 millones de pesos, de esa cifra le corresponden a los ingresos tributarios la suma de $83.914 millones y de estos guarismos observamos algunos comportamientos o proyecciones de ingresos:

A saber: Sobretasa Ambiental ($6.995 millones), Impuesto Predial unificado ($28.794 millones: Urbano $24.187 millones y Rural $4.607 millones).

Del impuesto predial urbano corresponde a la vigencia anterior (cuentas por cobrar) $3.594 millones; y del Rural $1.089 millones.

Sobretasa a la gasolina ($8.540 millones) e Industria y Comercio ($21.400 millones).

Del impuesto por Alumbrado Público ($7.890 millones), E intereses por mora ($2.868 millones).     

Para terminar, si bien es cierto se espera que el nuevo presupuesto haya sido ajustado a la nueva categoría tercera (3), se concluye que en materia de autosostenibilidad no arrojaría dudas y el municipio iría por buen camino fiscal.

Siempre y cuando el comportamiento del recaudo real corresponda con el presupuestado o un poco menos, adicionalmente - esa fue la excusa de la Secretaria de Hacienda que explicaría el obligado cambio en la categoría del municipio, que en su contexto no compartimos - podría ser impactado por aquello del porcentaje de la inflación esperado para el cierre del 2025

Sin embargo, sin un mayor análisis, concluimos que el municipio tendría que prestarle atención a los impuestos por cobrar de la vigencia anterior e intereses por mora que sumados se acercan a un valor aproximado $7.551 millones. Recursos que se deben cuidar y no despilfarrar.

De esa cifra aproximada, $4.683 millones corresponden al Impuesto Predial Unificado de vigencias anteriores; cifra que se da, posiblemente, por la negativa de los contribuyentes a pagar (no se les ha resuelto el problema) un Impuesto Predial Unificado que se considera ilegal y por supuesto claramente arbitrario por lo desproporcionado frente al avalúo real de esos predios. Amanecerá y veremos.