Al Final, el Rio
de la Vieja, a unos pocos Kilómetros del casco urbano del Municipio de Cartago,
entrega esas contaminadas aguas en el Rio Cauca en ambiental sepultura.
Estamos,
entonces, ante una enorme tragedia ambiental, donde todos somos responsables. En
especial nuestros “dignos” dirigentes.
Dicho en otras
palabras y frente a los pereiranos… Nos encontramos atollados, con el agua
lejos y las uñas largas… ¡No se diga más!
OTROS
ACUERDOS AMBIENTALES
Al respecto,
existe también el acuerdo No.004 de 2008, que conmina a las siguientes
autoridades ambientales: CRQ, CVC, Carder y Parque Naturales de Colombia que
aprobaron el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio de
la Vieja.
De ese extenso
documento podemos rescatar que “Se adoptarán las medidas de conservación y
protección de los recursos naturales renovables… Y en desarrollo de lo cual,
podrá restringir o modificar las prácticas de su aprovechamiento; así como
establecer controles o límites a las actividades que se lleven a cabo en la
cuenca.
¿Se ha hecho
algo, al respecto, de importancia estratégica? Como monitoreo y control a las actividades de
explotación de monocultivos, como el cultivo extensivo de la caña; minera, las
ladrilleras, y ganadera. Frente al grave impacto ambiental que causan, especialmente los dos primeras, en la ciudad.
Para no
introducir más el dedo, del corazón, en la llaga. Nos debemos preguntar ¿Cuánto
dinero recauda la CVC de los 42 municipios del Valle del Cauca? y ¿Cuántos son irrigados
por esas dos cuencas?
REGRESANDO
A LA TUTELA
Retornando a la
tutela… Los demandantes: Sandra Milena Echeverry, Norberto Toro, Luis Alfonso
Gómez Obonaga y Fabio Buitrago; solicitaban, y aún solicitan, “La construcción
de un colector interceptor de alcantarillado, que evite la salida directa de
las descargas al rio la vieja(sic) para efecto de llevarlas a un único sitio,
en donde se revise la posibilidad de la descarga a gravedad y por bombeo
dependiente de las condiciones hidrológicas del rio y de la ciudad que evitaría
el reflujo en el alcantarillado”.
Los demandados
son: El Municipio de Cartago y la CVC; por aquello de la imparcialidad, no hemos
puesto en duda que se hayan hecho inversiones en administraciones anteriores.
De hecho, se han
adelantado obras que solucionan parcialmente la problemática; como la que se
observa frente al parque Sueños de Libertad.
Lamentablemente
las obras de importancia estratégica como los colectores; que le darían
cumplimiento a lo exigido por la sentencia… Doce (12) años después, no se han
realizado. ¿Ausencia de voluntad política de las dos partes?
LO
INVERTIDO A LA FECHA
Presentando
cifras, esa entidad, la CVC ha invertido un poco menos de $523 millones, de los
$778 millones que se apropiaron presupuestalmente y programaron para la
construcción de esas obras, destinadas para la mitigación del impacto ambiental
en la zona de influencia. Léase: inundaciones y debilitamiento estructural de
las edificaciones en el área de influencia del Rio.
Para empezar a
revolver la encrucijada, nos debemos preguntar primero: ¿Cuánto vale la
construcción de lo que resta de esa obra 12 años después?
Calcule el valor
presente neto (VPN) de ese valor inicial por $778 millones y proyéctelo a 15 años.
¿Cuánto le da?
Cuyo propósito
general es bajar el riesgo en esa margen izquierda; y de conformidad a la
sentencia antes mencionada. ¿Cuál podría ser la sanción, para el municipio y la
CVC, por no haberla ejecutado durante el tiempo transcurrido?
Lo importante a
resaltar aquí es que por el incumplimiento a la sentencia; implicaría unas
sanciones por desacato, no solo para la CVC, sino para el municipio; y se podría
tipificar hallazgos, por parte de los entes de vigilancia y control, en materia
administrativa, fiscal y penal. Ojo con eso.
¿POCA
TRANSPARENCIA O FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA?
Las razones del
incumplimiento son muchas, que podemos resumir en ausencia de voluntad política
de las administraciones anteriores, al punto que en el pasado se “diseñó” con
este y otros propósitos el “Plan Municipal de Aguas” que terminó endeudando al
municipio, por 31 mil millones de pesos, hasta el 2025.
Derivado de
anterior son las graves consecuencias, en la actualidad, sobre la viabilidad
financiera del ente territorial, ya que no se hicieron las obras de importancia
estratégica proyectadas, y el contribuyente tiene que pagarlas.
Y si la otra pandemia
es la evasión y elusión de impuestos. ¿Entonces quiénes pagan? ¿Finalmente quiénes
son los más corruptos?
Hoy, los verdaderos
contribuyentes siguen pagando esa deuda que equivale a un poco más de la mitad
a la inicialmente adquirida, capital más los intereses; lo único que se ha
hecho, por causa de la atención a la deuda es decir solo el pago de intereses, fue
estancar el crecimiento y desarrollo del municipio. ¿A quién le debemos la
actual situación?
LA
IMPORTANCIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Regresando al
tema central; nos remitiremos a la intervención, el pasado martes 9 de marzo en
un noticiero de amplia cobertura a través de las redes sociales, por parte de
la Secretaria de Infraestructura, SI, Arquitecta Carolina Trujillo, que tuvo el
carácter y el profesionalismo de enfrentar la creciente polémica alrededor de la
citada sentencia T-974/09, de diciembre18 de 2009.
Lo subrayamos
por aquello que, Trujillo, tiene muy pocas semanas, de haberse posesionado como
funcionaria responsable de esa cartera municipal.
Tiempo
insuficiente para apropiarse de los múltiples frentes de trabajo que de manera
urgente e importante requiere atender en la ciudad; en reemplazo de ingeniera Adriana
Duque Millán; conocedora de esa sentencia y otros fallos en contra del
municipio.
El reemplazo,
obedece a la directriz, de Álvarez Mejia, en el sentido de observar el
desempeño de los funcionarios claves de la administración municipal; y cada año
valorar la necesidad de realizar cambios para mejorar los procesos y
procedimientos.
Que también podría
obedecer: Al cumplimiento de compromisos políticos de orden burocrático y/o darle
más fuerza a la gestión por realizar allí; como pudo haber sucedió en éste y en
otros cambios realizados por Álvarez.
En general los cambios
demuestran el total compromiso, del ordenador del gasto, por el esperado desarrollo
de la ciudad; refrendado por el lema “Es contigo Cartago”.
LA
ROTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Quedó tan evidente
que, el año pasado, el mismo alcalde se refirió al respecto; sobre la inconveniencia
de la alta rotación de los funcionarios de despacho; que impide el ágil y normal
desempeño administrativo de éstos.
Ya que todos,
los funcionarios recién posesionados, llegan primero a enterarse y aprender y
en eso se pueden llegar a tomar hasta 6 meses; para luego intentar continuar
con los proyectos congelados en el tiempo, como el caso de la sentencia que
lleva 12 años sin cumplirla en su totalidad. Y como siempre sucede, la que finalmente
pierde es la ciudad.
Aprovechamos la
oportunidad para sugerirle, a la arquitecta, que se lea cuidadosamente todas
las tutelas y sentencias que tienen que ver, con el medio ambiente y rápidamente
se asesore de los funcionarios o entidades de apoyo relacionados.
Lo anterior por
cuanto, en su intervención la opinión pública no escuchó lo que esperaba sobre
la realidad de esas obras; ello sucedió porque no pudo responder correctamente
las preguntas que se le formularon; que evidenció el limitado conocimiento que
tiene en ese delicado tema.
Lo que la comunidad
esperaba era que claramente indicara cuántos colectores, en qué lugar serían ubicados
y cuando empezarían las obras; así la fecha señalada sugiriera que era a partir
del 2022.
Lo que la
comunidad no desea escuchar es la misma novela, de hace 10 años o más, cuyo guion
es la actualización de los diferentes estudios de factibilidad y prefactibilidad
sobre las áreas, objeto de la tutela y en la que impacto ambiental puede ser
severo dentro de los próximos 10 años.
Sobre todo porque,
tal parece, ya está sobre diagnosticado esa margen izquierda del rio objeto de
la sentencia. ¿Nos vamos a quedar en los estudios?
Sin mencionar la
fase del proyecto que involucra la compra o expropiación de esos predios requeridos
para el desarrollo de esas importantes obras; y finalmente atender la necesidad
del servicio de alcantarillado y de saneamiento ambiental que solo se logra con
la construcción de la(s) PTAR.
¿SE
VIENEN NUEVAS DEMANDAS?
Máxime cuando el
veedor ciudadano y coautor de la demanda, por allá en el 2008, al municipio de
Cartago y a la CVC, Gómez Obonaga; manifestó, en esa intervención, que la plata
destinada para tal fin se encontraba garantizada en la tesorería de la CVC.
¿Se refería a
los 778 millones de pesos o a los restantes 255 millones que quedan de la
inicial apropiación presupuestal? Hace más de10 años.
Surge entonces
una nueva pregunta ¿Cuánto cuesta, y resta, el cumplimento de la sentencia a la
fecha? ¿Quién va a asumir los sobrecostos?
Para el
siguiente interrogante partamos del supuesto que las obras se van a iniciar el primero
de enero del 2022 ¿Cuánto estima, el municipio, que duraría su ejecución? Dos,
tres o cuatro años…
EL
MANEJO POLÍTICO QUE SIEMPRE SE LE HA DADO
Finalmente, no
atínanos a contabilizar ¿Cuántos proyectos de acuerdo ha aprobado el Honorable
Concejo Municipal, HCM, durante los últimos 12 años que autoriza al alcalde de
turno, realizar estudios y comprar predios para darle cumplimiento a la
sentencia?
LA
REALIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO
Independiente
que haya que construir tres, cuatro, cinco o más colectores para evitar el
riesgo por inundación y falla estructural de las edificaciones allí construidas
en las comunas y barrios que están en zona de riesgo.
¿Con qué recurso
financiero, vía recursos propios, cuenta el municipio, para garantizar esas
obras? Por aquello que no dispone de un cupo de endeudamiento adicional; por la
atención, refinanciada, de esa deuda pública adquirida desde hace más de10 años.
De esas
preguntas, que no tienen hoy respuesta, depende el crecimiento y desarrollo del
municipio; visto desde la expansión urbanística y de mejoramiento de la
movilidad y calidad de vida en ese amplio sector de la ciudad que está
compuesto por todos los estratos socioeconómicos.
Lo anterior
explica el enorme daño que se le está haciendo a la ciudad por la ausencia de
voluntad política de todas las anteriores administraciones; sin prever si
sucederá lo mismo con la actual.
Ya que según lo
expuesto por las personas que intervinieron, en esa entrevista, incluidos a los
populares periodistas; que en ese coordinado y ameno trabajo periodístico; donde
el segundo imputa al protagonista de turno y el primero casi siempre lo defiende,
buscando el equilibrio en la información.
La conclusión sobre
la eterna novela, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia T-974/09
es que está en el borrador otra demanda por desacato en manos de su principal
doliente, Gómez Abonaga.
DEL
TINGLADO POLÍTICO A LA OPERETA ADMINISTRATIVA
La intervención
de Gómez deja entrever, eso concluimos y con el riesgo de equivocarnos, que las anteriores administraciones, incluida la
actual, han echado mano de normas, leyes y jurisprudencias para dilatar,
mediante Acuerdos Municipales, la ejecución de las obras de importancia
estratégica.
Se concluye que a
través de esos actos solemnes, que sirven de tinglado, se convierten en toda una
opereta, para el caso que nos ocupa hoy, “para el manejo en el tiempo” de la
multimencionada sentencia de la Corte Constitucional.
¿Contubernio,
desde el pasado, entre el municipio y la CVC, para aplazar o no hacer las
obras? Donde los dos “presupuestalmente” apropian los recursos, pero no los
ejecutan; al tiempo que mejoran su marketing político. Pero al final el que siempre
pierde es el ciudadano del común.
Dicha estrategia
no solo sirve como argumento para el aplazamiento de las obras, por aquello que
les autoriza más tiempo hasta el 2023; al tiempo que distrae a la opinión
pública hacia otros temas de moda en la ciudad, como: la contención de la
pandemia, la movilidad, la integración con Pereira, la reactivación económica y
más reciente el plan local de vacunación.
Quedando oculto
tras esas cortinas de humo, la Agenda fiscal y financiera, que será otro largo
tema a tratar, en otra ocasión.
Hoy tal parece
no hay forma para dilatar más o no realizar las obras; salvo que el municipio y
la CVC; manifiesten mediante un comunicado conjunto, que no disponen del recurso financiero
para adelantarlas y mucho menos para terminar esa magna obra. Como lo ordena,
desde hace 12 años, la ley.
Donde, tal
parece, Álvarez Mejia, es la voz sostenida en DO MAYOR; y como
siempre sucede, el director de la parodia parece tener la capacidad de la ubicuidad
o de hacerse invisible. ¿Cuál de las dos?
Finalmente, si
la próxima demanda por desacato prospera, la sanción va contra el municipio y
la CVC; para el caso del municipio, Álvarez, acogiéndose al principio de
delegación de funciones.
Y como ordenador
del gasto, involucrará a los, según él, directos responsables, eso suponemos, como
lo son: la Secretaria de Hacienda y/o de Infraestructura.
O ¿será que ese recurso
financiero, nos referimos a los 255 millones de pesos “salvaguardados” en la Tesorería
de la CVC, se “invirtieron” en la reposición del sistema de alcantarillado en el
centro de la ciudad?
Quedando,
pendiente entre otras, la intervención en la Cra. 4 con Cl. 7; dicha intercesión
con posible riesgo en el antiguo alcantarillado, situación que conoce el
Ingeniero Victoria, de Emcartago, desde hace más de 10 años.
Al punto que ordenó,
a través de la gerencia de ese entonces, un estudio de suelos; al respecto existe
el beneficio de la duda razonable por aquello que, el contratista, al momento de
la toma de la muestra, se alejó, del sumidero más afectado. Exactamente sobre
el que hace poco se hizo un remiendo.
¿Cuáles fueron
los resultados del estudio? ¿Por qué no se realizó oportunamente la
intervención requerida para mitigar el riesgo? ¿Por qué, solo hasta hace un
poco más de un año, se hizo el mencionado remiendo? ¿Negligencia o improvisación?
Amanecerá y veremos.
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