LO
QUE YA ES HISTORIA PATRIA…
Antes de entrar en materia,
hagamos un poco de historia, con el inicio de la vigencia fiscal 2001, durante el
gobierno del político Luis Carlos Restrepo Orozco, con una deuda pública, acumulada
y heredada de la administración anterior, en un monto aproximado de 16 mil millones
de pesos.
Lo obligó a suscribir en el
mes de julio de ese mismo año, el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos – Ley
550 de 1999 – o de intervención económica; de no hacerlo corría el grave riesgo
que las cuentas, del municipio, en los bancos pudieran ser embargadas por demandas
de terceros; el acuerdo duró, para su cumplimiento, aproximadamente 6 años.
Luego del tiempo
transcurrido, el Ministerio de Hacienda a través, en su momento, de la
Dirección de Apoyo Fiscal; certificó que el Municipio había cumplido con todos
los requisitos legales; quedaba atendida la deuda, y se encontraba a paz y
salvo con todos los acreedores.
REESTRUCTURAR
DEUDA
La
misma normatividad indica, que una vez utilizado ese recurso del saneamiento
fiscal, que otorga al Gobierno Nacional; el ente territorial “No puede volver a
invocarlo”; lo anterior significa, que las posteriores “quiebras económicas y
fiscales” deben de ser gestionadas y atendidas responsable y autónomamente por parte
del municipio.
También lo determina la ley…Si
fuere necesario acudir o reestructurar un nuevo crédito de saneamiento…El
municipio está en la obligatoriedad de presentar al Ministerio de Hacienda; los
ajustes necesarios a los escenarios financieros, a través de un nuevo Programa
de Saneamiento Fiscal y financiero, para poder adecuarlos a la nueva realidad
fiscal, actual y proyectada, del municipio.
Dicho en otras palabras:
deben ajustar el Presupuesto de Ingresos y de Gastos, el Plan Financiero, Plan
Anual Mensualizado de Caja, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Marco
Fiscal de Mediano Plazo.
Lo anterior porque se estima
que la totalidad de los recursos estimados, no van a ingresar por la difícil situación
económica, social y ecológica que enfrenta el municipio y el país en general.
Releyendo la historia, y comparando
conclusiones, curiosamente nos encontramos que cada cuatro años o menos, la
Secretaria de Hacienda Municipal, de turno, certifica una deuda pública
acumulada de “aproximadamente” 16.000 millones de pesos.
A razón de 4 mil millones de
pesos anuales; pero lo más sorprendente es que durante las últimas
administraciones, se presentan superávit fiscales de alrededor de los 3.5 mil
millones de pesos. ¿Cuál es el viejo truco que por un lado acumula déficit y
por el otro superávit vía recurso propio? Más adelante lo entenderá.
Veinte
años después, sucede exactamente lo mismo… El municipio certifica una deuda pública
por valor de 16.739 millones de pesos, con corte al 31 de marzo del 2020; pero
en esta ocasión tiene como poderoso argumento, la declaratoria de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional; derivado de la ocurrencia
de la pandemia del COVID-19.
EL
SALVAVIDAS
Con el Decreto 417 de 17 de
marzo de 2020, del Gobierno Nacional, le arroja un salvavidas a todos los entes
territoriales que enfrentan problemas de liquidez que, con seguridad, en el
corto plazo, conllevará a la imposibilidad de atender una deuda pública
“estimada”.
El proyecto de acuerdo,
antes mencionado, busca que el HCM “autorice pro tempore” facultades al
ordenador del gasto, en este caso a Álvarez Mejía; para replantear los
escenarios fiscales y financieros actuales.
Para
de esta forma plantear un nuevo escenario financiero, que refleje la realidad actual de un
municipio; que, de hecho, ya se está viendo afectado, por el confinamiento, en el empleo, la productividad, el desempleo y la informalidad, en la fragil economía
local.
Hoy
hay que insistir en algo, y es en lo que usted atento y respetado lector posiblemente
no conoce… Y es que todos los equipos económicos – encargados de levantar y
proyectar la información contable y financiera - por múltiples motivos, no se
han ocupado de valorar “la real y enorme deuda pública” que pesa sobre las
finanzas del municipio.
Lo anterior se explica… cuando
se calculan los pasivos corrientes, es decir las deudas certificadas desde lo
jurídico – fallos en firme en contra del municipio – dejando siempre de lado, sin análisis, la
estimación de los pasivos contingentes que pueden sumar miles de millones de
pesos.
Y que hacen parte de las
demandas que cursan, en los diferentes juzgados, por pleitos que van desde obligaciones
prestacionales, parafiscales, de seguridad social, demandas de terceros y deudas
financieras entre otros; que aún no tienen el fallo condenatorio. Y que la
obligatoriedad es estimarlos.
Siempre se espera que esos
pasivos contingentes sean valorados en tiempo real, la omisión a este
requisito; obedece, visto desde la supuesta ortodoxia presupuestal, incluso
violando el principio de la Universalidad, al supuesto argumento que si se
incluyen “las posibles deudas” y en su totalidad, entonces quedaría
desbalanceado el presupuesto.
Lo que llevaría a concluir
que siempre van a ser mayores los gastos, que los ingresos del municipio, vía
recurso propio, e independiente del periodo fiscal objeto de estudio.
Argumento
pueril, por cuanto es otra y más grave la realidad fiscal, así nos preocupe – esta
vez esperamos sea conocida – indica que siempre esos presupuestos están desbalanceados.
Lo
más asombroso, es que esos presupuestos son aprobados por el HCM, en su
mayoría, con el total desconocimiento de lo que realmente allí están aprobando. La mayoría son convidados de piedra,
con voto pero sin voz.
Como bien lo señala el
proyecto de acuerdo municipal, el Alcalde, busca “restablecer” la solidez
económica y financiera del municipio; que viene afectada desde el otorgamiento
del empréstito por valor de 31.000 millones durante la vigencia fiscal de 2010.
LAS
MEDIDAS A TOMAR
La orientación y las decisiones
que tome, Álvarez Mejia, con seguridad van en contravía del manejo político –
mano muy suave - que le ha dado a su gobierno hasta la fecha; y en la que los
mismos adversarios, en especial los derrotados, han definido como un gobierno débil
y falto de carácter.
Con las facultades pro
tempore que solicita; teóricamente busca una reorganización administrativa –
asunto muy diferente a una reestructuración – lo que podría significar que
seguirán las mismas con los mismos.
En este punto toma peso, la esperada
posesión de los profesionales que ganaron el concurso de méritos para ingresar
a la administración pública y la entrega de las cartas a los funcionarios públicos
que van a quedar vacantes. ¿Si habrá cama para tanta gente?
La
experiencia también ha enseñado, falta ver que haya aprendido, que en muchas
ocasiones las personas son mal desvinculadas de la administración y como consecuencia
de ello demandan y a los 4 o más años deben de ser reintegrados, e indemnizados,
con un mayor costo para el municipio.
Parte del problema de la atención
a la deuda y la cancelación de acreencias, lo puede resolver reorientando
rentas – esperando que la sobretasa a la gasolina no este pignorada al 100% -
no para pagar la deuda pública.
Sino para sostener la nueva
planta administrativa; lo que podría en duda la aplicación de la regla fiscal,
o de la austeridad en el gasto público, la actuación se convertiría en un
simple saludo a la bandera…
En todo caso son solo
especulaciones, en pasillos y en las esquinas de los corredores, sin ningún
fundamento, frente a lo que realmente podría suceder de manera juiciosa;
siempre queda el beneficio de la duda razonable, y que los asesores hagan la
tarea bien hecha, es otra expectativa.
Tal vez el asunto más
importante, es lograr presentar un nuevo escenario financiero que le permita,
al municipio, reestructurar – por tercera vez – la deuda pública por valor de
casi 17 mil millones de pesos.
LA
DIMUNICIÓN DE LOS INGRESOS
Para lograrlo tiene argumento
de peso desde lo fiscal, como lo es la disminución del recaudo – en especial el
de industria y comercio y de la sobretasa a la gasolina – pero en general, la caída
de los Ingresos Tributarios en casi un 40% con corte al primer trimestre del
año; frente al recaudo histórico durante las últimas 4 vigencias fiscales.
Llama poderosamente la
atención el recaudo del Impuesto Predial Unificado que conserva, desde el
recaudo, su comportamiento histórico; la razón recordemos que los
contribuyentes, en la ciudad, están ubicados en su mayoría en estrato tres.
Pero en general los estratos
1,2 y 3 cumplen con dicha obligación tributaria porque temen puedan perder, por
no pago, su único patrimonio familiar… La vivienda propia; igual sucede en
materia de servicios públicos domiciliarios: agua y energía, gas y televisión
por cable.
Sobre esta tendencia, se
confirma que el ciudadano del común desplaza el consumo de bienes, hacia el
pago de estas obligaciones, para evitar el corte de esos servicios; lo que
significa una buena cultura ciudadana en el oportuno pago de estas
obligaciones. En muchas ocasiones y como consecuencia es el deterioro de la calidad de vida del contribuyente.
Para la próxima vigencia
fiscal, los conocedores del tema en la ciudad se atreven a pronosticar una
disminución en el consumo de bienes y servicios; la razón y es que gran parte de
la economía local (que mide ese PIB) vive de las remesas que giran de exterior.
Con el freno en seco de la
producción y el confinamiento en países como USA, Francia, España e Italia
entre otros; se espera la disminución de esos ingresos que llegan como giros
del exterior; y ya en la ciudad, muy pocos son destinados a la inversión; todo
lo contrario la mayoría, son destinados al consumo de bienes y servicios.
EL
FORTALECIMIENTO DE LOS RENTAS
Otro enorme reto, para el
equipo económico, es el diseño de estrategias para el fortalecimiento de los
ingresos; en la ciudad, está oficializada, la cultura del no pago de los
impuestos en especial en lo que tiene que ver con el recaudo del Impuesto de
Industria y Comercio y de la Sobretasa a la Gasolina.
El problema de la evasión y
elusión de impuestos es preocupante; el comercio en general al momento de
realizar la venta, muchos, no expiden la factura a través de una máquina
registradora y menos utilizan la facturación electrónica.
Y cuando el cliente la
exige, le entregan una manual que no sirve, sin los requisitos de ley, lo que
hace imposible verificar el los libros diarios el registro de la venta ya sea
diaria, mensual o anual; desconociéndose el comportamiento real de las ventas
en determinado establecimiento de comercio ya sea al por mayor o al detal.
Finalmente,
otra estrategia es la recuperación de la cartera morosa – aprovechar los
cientos de contadores públicos que tiene la ciudad - para ello existe, desde el 2007, un Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera para el Municipio de Cartago; es cuestión de
actualizarlo.
Todo se resume a que las
facultades, pro tempore, que el Honorable Concejo Municipal le otorgue al
ordenador del gasto, sirvan para lograr el mejoramiento de la Gestión Pública
Territorial y tengamos, al finalizar este periodo de gobierno, un municipio que
pase de cuarta a tercera categoría.
La valoración que hace el
Departamento Nacional de Planeación; previa certificación por la Contaduría
General de la Nación, se basa en los resultados obtenidos principalmente de la gestión
fiscal y administrativa del ente territorial. Amanecerá y veremos.
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