DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

En pocas ocasiones, los medios de opinión,  han intentado adelantar el debate sobre ¿Qué es y a quién le atañe la responsabilidad social? hoy la intención no es esa; lo que si haremos es relacionarla con los últimos acontecimientos sucedidos y lo que está por suceder, como por ejemplo la fijación del valor del salario mínimo para el 2020, entonces es oportuno abordar el tema.

¿A quién le atañe la responsabilidad social?... ¿Al Estado, al empresario, a los políticos, a los académicos y/o a la sociedad en su conjunto?

El Estado en la constitución política de 1991 contempla unos principios y unos derechos fundamentales; por desahogo hoy abordaremos solo los principios.

En el artículo primero: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

De ahí, extractamos solo los fundamentos: el respeto por la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del interés general; sobre los que creemos hacen parte de lo se define como un Estado social de derecho.

Partamos del último hecho político; donde quedó evidente que en la elaboración y la aprobación de la última reforma tributaria; en su esencia, se hizo en contravía de la responsabilidad social que exigía el espíritu de la citada ley.

Y no lo hizo porque privilegió a un poco menos del 1% de la población, sacrificando “la solidaridad”; lo que allanó el camino para que continuara dándose la concentración del ingreso y la riqueza en unas pocas manos. Reflexión ¿Existe entonces la prevalencia del interés general? Manifiestamente No.

Esa concentración de poder en unos pocos – gremios y banca - sigue creando desigualdad y a futuro desequilibrios sociales, que se van a ver expresados en más marchas y protestas.

Lo anterior, a los ojos de la comunidad internacional, le resta legitimidad al gobierno de turno, por aquello del evidente clientelismo; que lo hace más corrupto para finalmente afectar el bienestar y la productividad en todos los aspectos; especialmente en lo económico y social.

Otra variable que va a estar pronto en el examen final por parte de la sociedad en su conjunto; es la negociación o fijación por decreto sobre el valor del Salario  Mínimo Mensual; que mide el pulso entre el gobierno y las centrales obreras que por fortuna, en esta ocasión, presentaron una sola propuesta.

Los pormenores y las propuestas son ampliamente conocidas por la opinión pública; las centrales exigen valorarlo en un $1.000.000.oo y el gobierno, hasta ahora, fijó un incremento, frente al actual, del 5.8%; insignificante la diferencia para las centrales obreras y enorme para el gobierno y los gremios.

Aquí encajan los principios invocados, en el artículo primero de la carta magna, como lo son… “El respeto por la dignidad humana, en el trabajo” surge una nueva la pregunta ¿Es digno un salario mínimo, que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de un poco más de 2.8 Millones de asalariados? Creemos que no.

Es justo el nuevo salario mínimo (SM) integral, negociado o por decreto, bajo el supuesto que quedáre en Un millón de Pesos; si bien es cierto para empezar, no es digno.

Por lo menos daría a entender, que en las próximas negociaciones y durante el 2020; el gobierno a través de los gremios y la banca, estarían dispuestos a desarrollar políticas públicas para hacer del SM un componente de crecimiento y desarrollo sostenible con responsabilidad social y ambiental.

De la utópica responsabilidad social del estado; imaginemos el borrador  de los futuros contratos laborales, algunos puntos serían: exoneración  de aportes por parte del trabajador en: salud, pensión y del fondo de seguridad pensional; que suman el 5% el valor del salario.

De la responsabilidad social del empresario; más allá de lo concerniente a la inversión en factores salariales y prestacionales; el pago de horas extras diurna y nocturnas, licencia de maternidad mínima por 14 y hasta 52 semanas, permiso para ocuparse de los hijos hasta los 8 años cumplidos, a razón de 17 semanas por año.

Formación técnica y profesional, el respeto por el disenso, subsidio por desempleo, calidad de vida laboral – jardines y comedores infantiles entre otros; espacios para la recreación – pausas activas – asesoría sicológica, para manejo del estrés y olimpiadas del saber empresarial entre otros.

De la responsabilidad social de los políticos; basados en las proposiciones normativas y positivas, la denominada elite política, debería acogerse a las exigencias morales y éticas al momento de legislar; siempre en favor de los intereses del 99% de la población ubicada en los estratos medios y bajos. ¿Lo hizo en la última reforma tributaria? 

En este punto compartimos, con usted atento y respetado lector, el siguiente párrafo para su reflexión “Defender que la desigualdad es ideológica y política, en lugar de económica o tecnológica, no significa que podamos hacerla desaparecer como por arte de magia. Significa que hay que tomarse en serio la diversidad ideológica e institucional de las sociedades humanas y desconfiar de todos los discursos que buscan banalizar las desigualdades y negar la existencia de alternativas”. Tomado del libro Capital e ideología de Thomas Piketty. Editorial Planeta s.a. Primera edición noviembre de 2019.

Responsabilidad social de los académicos es estar atentos y proponer iniciativas en favor de un moderno modelo de educativo; que les brinde igualdad de oportunidades a todos.

Siempre en la búsqueda de crear nuevos enfoques a través de un pensamiento estratégico, reflexivo y crítico; donde el librepensamiento sea una opción válida en una sociedad que urge de cambios estructurales en la manera de operar el Estado y en sus relaciones con la banca, los empresarios, gremios, centrales obreras y la permanente y atenta escucha al ciudadano del común. Amanecerá y veremos.