¿AMPLIAR EL PERÍODO DE LOS GOBERNANTES?

Desconcertante, en especial, para el ciudadano del común que intenta entender  el porqué de la negativa y comprobando el modo paquidérmico como, casi siempre, se aplazan las trascendentales decisiones sobre la administración pública. ¿Un enorme poder tras el gobierno de turno? O ¿Miopía institucional?

Entonces no fue motivo de sorpresa, pero si muy cuestionable, la reciente noticia sobre el hundimiento de la propuesta, sin llegar a ser discutida en el Congreso de la República, de la ampliación del periodo de los gobernantes.

Más grave aún, si la misma invitación ya había sido aprobada en primer debate en el Congreso en octubre 23 de 2013, publicada la segunda ponencia el 31 de ese mismo mes y finalmente archivada por vencimiento de términos  el 20 de noviembre del mismo año. ¿Se estaba cocinando algo desde esa fecha?

Convirtiéndose en la típica forma como las buenas iniciativas se ahogan en un mar de trabas jurídicas, componendas y apetitos burocráticos en manos de los “Padres de la Patria” que en su actuar, la mayoría, demuestran desconocer cómo funciona un ente territorial y por supuesto el Estado. 

No pierdan de vista que la sumatoria de municipios en camino de la quiebra da como resultado un país propenso a la crisis o a la recesión económica.

Sorprende la forma como, la bancada de la Unidad Nacional, le da la espalda a una realidad - muy colombiana - que urge de ideas sencillas pero audaces.

Tan necesarias para salir del estancamiento institucional, no solo el ocasionado por la extenuante guerra, sino por los comprobados intereses mezquinos de una dirigencia política supuestamente mayoritaria - tal vez por eso -, en el Congreso de la República, que en su actuar confirman que solo quieren… “Pan y pedazo debajo del brazo”.

Lo menciono porque tal parece la principal motivación, fue la cercanía de las próximas elecciones a realizarse en Octubre de 2015, donde se espera una apretada lucha por las alcaldías y gobernaciones que afianzaría, permitiría alcanzar o recuperar el poder burocrático de los “señores” dueños del poder; entonces - según ellos - no es conveniente ampliar el plazo en 2 años a los actuales gobernantes muchos de ellos con “padrinos políticos” que perdieron el poder.

La iniciativa, en campaña, del Presidente de la República el economista Juan Manuel Santos Calderón de ampliar el período en 5 o 6 años - consideramos que el tiempo justo son seis - solo intenta darle más tiempo a los gobernantes, alcaldes y gobernadores, para terminar satisfactoriamente su obra de gobierno, poder enfrentar con éxito la creciente deuda pública y mejorar los indicadores de gestión y de inversión o gasto público en los diferentes sectores productivos.

En el caso contrario - de resultarle grande el municipio o departamento -  y como complemento, se debe motivar a la opinión pública, además de revisar la ley 134 de 1994 para afinar los requisitos necesarios y facilitar los procesos, para que se adelante en el menor tiempo posible la revocatoria del mandato por comprobada incompetencia o negligencia del gobernante.

La decisión apunta a crear las condiciones necesarias, el tiempo disponible, facilitándole la tarea al ordenador del gasto para que le de aplicabilidad a su Programa de Gobierno a través del Plan de Desarrollo; siempre y cuando esas iniciativas estén articuladas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Y que no le sirviera como excusa al buen mandatario, al término de su periodo, la falta de tiempo para terminar su obra, como en muchos casos ha sucedido a lo largo y ancho del país.

Empecemos entonces con el final; tenemos muy claro que 6 años es demasiado tiempo para un gobierno incapaz de administrar; lo que se convertiría en su peor pesadilla, además del justo  escarnio público para un politiquero que, seguramente, vería terminado su mandato durante ese primer o segundo año; como resultado de la aplicabilidad de la norma, en su articulo 6, de la revocatoria del mandato.

Todo lo contrario, esos seis (6) años, para un buen mandatario es el tiempo justo y necesario para que siente las bases del crecimiento y desarrollo sostenible con responsabilidad social y ambiental.

Dándole la oportunidad para  fortalecer políticas tributarias, fiscales y de inversión; lo que le daría el tiempo suficiente para darle continuidad y desarrollar políticas públicas, en el mediano plazo, que garantice solucionar problemas estructurales como empleo productivo, a través de la mejora en la educación, entre muchas otras variable macroeconómicas.

Ya es tiempo de no seguir actuando con base en presupuestos, en el corto-plazo, expresados en 4 años y muchos menos con Marcos fiscales de Mediano Plazo (MFMP) de 10 años; recordemos que, los ciclos económicos tiende a regresar mas pronto, con la nueva dinámica impuesta por la globalización de la economía, se exige que cada vez deban ser más cortos los tiempos de respuesta del ente territorial; lo que demanda un análisis y unas actuaciones bien diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver.

Citemos un ejemplo, genérico, existen recursos que fueron aprobados por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - Fonade - en la vigencia fiscal 2012,  a la fecha no se han iniciado los tramites de licitación por parte de la Administración Municipal y necesarios para comenzar las obras publicas. ¿Qué se ha hecho con esos recursos? ¿Se destinaron a rendimientos financieros? ¿Qué entidad? En todos los casos ¿Existen sanciones?

Con el actual periodo de gobierno los alcaldes y gobernadores  disponen de menos tiempo para actuar - eso si actúan proactivamente -, por aquello que durante el primer año, es tiempo dedicado para conocer el municipio de cerca - en caliente – escenario algunas veces diferente a los informes de resultados derivados de las comisiones de empalme, por aquello que algunas quedan mal hechas.

Esas no son las cuentas completas, restémosle el cuarto año dedicado casi siempre, así muchos lo nieguen, a prepararle el camino político a su “sucesor”; quedan entonces dos para gobernar e invertir.

El segundo año, si la tarea se hizo bien desde el comienzo, es el de gestionar en los diferentes ministerios – en caso de haber credibilidad - los recursos necesarios para adelantar los proyectos de inversión.

Corre la leyenda que proyectos de inversión que no se radiquen - en los respectivos Ministerios - durante el primer y segundo año de gobierno; la probabilidad, por aquello de las trabas burocráticas, para ejecutarlo territorialmente es mínima.

A lo anterior réstele el tiempo perdido por aquello de la ley de garantías – entonces el tiempo para ejecutar obras de importancia estratégica es menos de dos años y algunas demandan mucho mas tiempo.

De ahí la importancia que el Gobierno Central se preocupe más por el desarrollo integral de las provincias; ya que a la fecha ha centrado su atención en las grandes capitales y allí no solo está concentrado el consumo de bienes y servicios, hagan cuentas y verán.  

De otro lado y mirando la mala notica en el contexto, algunos analistas manifiestan que no se debió de proponer la unificación de los periodos de gobierno; más pretextos infundados.   

Estas y otras razones a favor de tramitar el debate para ampliar el periodo de los gobernantes tal vez no sea atendida por los congresistas; el problema radica en que tal parece los padres de la patria, a parte de los votos,  poco le interesan estas minucias en la opinión de las provincias.

En todos los casos queda, casi que confirmada, la imagen que lo que mueve al Congreso de la República es la burocracia y el clientelismo. Amanecerá y veremos.