El Próximo 31 de julio de la
presente vigencia fiscal vencen las facultades otorgadas por el Honorable Concejo
Municipal mediante acuerdo No. 019 de julio de 2012, “por medio del cual se autoriza
al Alcalde que en representación del Municipio de Cartago, Valle del Cauca,
realice las actividades necesarias para la disolución y liquidación de la
Sociedad Terminal de Transporte Terrestre de Pasajeros de Cartago S.A.”
En el considerando, numeral 2.
“Que la Sociedad Terminal de Transporte Terrestre de Pasajeros de Cartago S.A.,
desde el momento de su creación a la fecha no ha cumplido con el objeto social
para la cual fue fundada, razón por la cual se hace necesaria su disolución y
liquidación, buscando con ello defender el patrimonio del municipio”
Reza en el artículo segundo
(2) de dicho acuerdo: “autorizar al alcalde para expedir los actos
administrativos que sean necesarios, fijar los aportes del municipio, negociar
acciones o cuotas de representación, celebrar los contratos que se requieran y
realizar todas las gestiones que sean necesarias para cumplir con este acuerdo,
siempre que beneficien los intereses patrimoniales del municipio.”
Recordemos que en la última
reunión realizada en la Universidad Cooperativa de Colombia, tal vez en el mes
de marzo de 2012; los miembros de la junta directiva o sus representantes
presentes y cumpliendo con el quórum requerido con base en el numero de
acciones, dieron aprobación a la disolución de la sociedad, lo que aparentemente
le dejaba el camino despejado al Alcalde para proceder a su liquidación.
Faltando 5 meses y cuatro
días para que precluyan las facultades
otorgadas al ordenador del gasto, poco o nada conoce la opinión pública de lo
acaecido después del acto protocolario que le otorgó funciones al Alcalde, el
abogado Álvaro Carrillo.
Cabe preguntar: ¿Se creó una
comisión para el seguimiento y la ejecución de lo allí aprobado?, ¿se han
presentado informes sobre el avance del plan de acción a seguir?, ¿se venderá
el lote y a que precio el metro cuadrado?; o no se ha hecho nada.
Aparte de lo anterior, la
información financiera que dispone la opinión pública desde esa fecha y que
hizo parte del proyecto de acuerdo que finalmente le otorgó facultades a Carrillo,
se puede resumir en los siguientes datos:
La sociedad al 31 de
diciembre de 2011 presentaba un patrimonio cercano a los $488 millones,
soportados principalmente en el valor en libros del terrero $474 millones
(recordemos que se vendió parte del terreno para la construcción de la doble
calzada), frente a un pasivo acumulado de $445 millones (representado en gastos
de funcionamiento: nominas más gastos generales; cero inversión); y unas
acciones suscritas (intangibles) por supuesto no pagadas por valor de $800 millones
de pesos, las que dieron origen a la
inviabilidad financiera del
proyecto; ya que originó un flujo
negativo de caja desde el inicio de la operación.
También hay que recordar que
el 51% de las acciones, se encuentran en manos de tres accionistas,
(representadas en un “plan maestro”);
seguido por el municipio con un 40.81% del capital accionario
(representado en un lote de terreno) y el restante 8.19% (acciones en efectivo,
algunas hasta dos años para ser canceladas) por parte empresarios del
transporte local y regional.
Como usted respetado y
atento lector podrá observar, lo único que tiene valor es el lote, comprado por
esa época en $653 millones y que algunos de los socios (diferentes al
municipio) estiman podría tener actualmente un valor comercial cercano a los $2.000
millones de pesos.
El meollo del asunto radica
en que los representantes del 51% aparentemente se oponen a la liquidación (ni
rajan… ni prestan el hacha) e insisten en la ejecución del plan maestro que no
es otra cosa que la puesta en marcha de un ambicioso proyecto que más se parece
a un megaproyecto con unas locaciones, en el primer piso, habilitadas para
despachar como terminal de transporte, así de sencillo.
Lo importante de todo esto
no es si se debería construir o vender el lote de terreno, y si hay o no
recurso financiero en el mercado de capitales para cualquiera de las dos
opciones; lo importante es que no se termine ésta administración (el 31 de
diciembre de 2015) y nada se haya definido al respecto; lo que hay que resaltar
es la aprobación (por junta) de la disolución de la Sociedad Terminal de
Transporte Terrestre de Pasajeros de Cartago S.A. y debería de ir muy
adelantada la liquidación de la misma.
No cabe la menor duda, que
la ciudad de Cartago en el Norte del Valle, necesita desde hace más de 15 años
la construcción de un Terminal de Transporte, y seguro haría parte de la
solución al síndrome de movilidad que afecta
al municipio, propósito que fácilmente de podría lograr mediante una “alianza
publico privada” y seguro no va a costar
los $40.000 millones en que se estima el multimencionado megacentro comercial
que hoy se trató. Amanecerá y veremos.
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