Para finalizar el
tema y lejos de pretender – la vanidad que se requiere, no nos alcanza para
ello – procurarle consejos y mucho menos reclamos, lo que adicionalmente se
convertiría en un acto de arrogancia, para con el presidente de los
colombianos.
Si lo es, visto desde
nuestra perspectiva, el comprender que es el gobernante, hasta el 7 de agosto
de 2026, y el directo responsable de dirigir los destinos de un poco más de 53
millones de colombianos.
A la vez de enfatizar,
no existen teorías conspirativas, ni golpes blandos por parte de la oposición
(El Establecimiento) o del mismo congreso cuyo deber es el de hacer respetar la
Constitución y el ordenamiento jurídico; ya que lejos – por lo menos durante el
presente siglo - están de estar interesados en facilitar demoler la
institucionalidad para crear otra nueva.
Lo que adicionalmente
hay que advertir es que en ocasiones con el devenir de los acontecimientos y de
las decisiones adoptadas en materia de Economía de Estado y de pacificación ha
dado pie (papaya) para que le construyan tormentas perfectas, de las que en
ocasiones sale mal librado.
Creemos que la
enseñanza, que le ha traído, durante estos dos (2) primeros años de gobierno, le
indicaría que el país no se “maneja” desde una cuenta X o a través de diatribas,
desde una tarima o tras un micrófono, en contra de la institucionalidad o del
actual estado de las cosas.
Como comandante en
jefe de las fuerzas militares y de policía, las que son vistas como cimentadas instituciones, tienen muy claro el papel que deben desempeñar como guardianes, aún con
sus excesos, de la democracia participativa; de la seguridad ciudadana y de la
defensa del territorio.
Los colombianos
esperamos en lo que le resta del presente mandato la importancia de revisar ese discurso
contestatario, lleno de odio y muy a pesar de su clara visión del futuro.
No se trata entonces de ir, a ciegas, en contra del estado de las cosas; Instituciones que se vienen construyendo, para bien o para mal, durante los 205 años de vida republicana.
También
observando que más ha sido para la ampliación de las brechas entre los más ricos, los ricos, clase media, los pobres y la población que se encuentra en estado de indigencia o sin ningún tipo de seguridad alimentaria.
Es menester también
el recordar que una cosa es una reforma, otra una revolución y otra muy diferente es una, muy necesaria, rebelión de ideas; subrayando que, esta última, deberá estar ausente de matices ideológicos que cargan siglos de
existencia.
Preferimos sí –
como librepensadores, liberales progresistas, demócratas y anticlericales –
adaptarnos a la última opción que bien pensada recogería las dos (2)
anteriores.
Los cambios que
requiere la patria indudablemente son urgentes e importantes – la clave está
en saber ordenarlos y clasificarlos - ya que para implementarlos se requiere de
ejecutarlos gradualmente a través del diálogo, exento de pasiones que obnubilan
el sano discernimiento por aquello del choque de egos engrandecidos. Hay que
apaciguar los ánimos y los espíritus combativos.
Es claro que el país requiere de varios gobiernos empeñados en el cambio – que en sí mismo no requiere de nuevas ideologías, que pretendan demoler el Estado para construir uno nuevo - no a las patadas con afanes e improvisaciones.
ABORDANDO
LOS OTROS ASUNTOS QUE NOS OCUPAN HOY
Se ha convertido en
una costumbre el adicionalmente abordar temas no necesariamente relacionados
con el asunto que nos ocupa hoy (ayer).
En este orden de
ideas la siguiente reflexión tiene que ver con temas domésticos que llaman
poderosamente la atención en la ciudad de Cartago en el Norte del Valle.
DE
LA INSEGURIDAD JURÍDICA DEL ALCALDE MUNICIPAL
Lo primero que debemos
subrayar es que ningún Cartagüeño desearía estar dentro de los tenis del
alcalde, Juan David Piedrahita López, por aquello de – eso presumimos,
aunque las imágenes, en ocasiones, expresen lo contrario - estar soportando
estoicamente dicho proceso judicial; al tiempo de haberse convertido en el
protagonista de un novelón que lleva un poco más de trece (13) meses.
Demanda de nulidad
electoral por doble militancia en calidad de apoyo que inicialmente fue
atendida por Consejo Nacional Electoral (CNE), y como era de esperarse, sus
razones o por presuntas inconsistencias en las pruebas aportadas tuvieron, falló en favor del demandado.
Luego de apelaciones
y tutelas, de las partes, el caso ha sido examinado por El Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado en dos, tres o más
ocasiones.
Los hechos más
recientes dieron inicio, luego de haber dado termino el periodo judicial –
léase: vacancia judicial: entre 20 de diciembre/2024 hasta el 10 de enero/2025 -
los juzgados se reincorporaron el 13 de enero.
Por aquello que es un
caso que ha hecho noticia en todos los estamentos judiciales; y de acuerdo a
los fallos, el proceso no ha cesado o se ha interrumpido; tampoco ha terminado. Es decir, siguen
corriendo los términos que indica la ley en estos documentados casos.
La defensa espera –
de hecho, ese es su trabajo y para esos les pagan - que esos términos corran en favor del
demandado y éste pueda continuar en el cargo, muy a pesar de tantos
sobresaltos, durante los próximos 18 meses.
Ya que dado el peso
de las evidencias, tal parece en su contra, que fueron aportadas por los tres
(3) demandantes y que, tal parece, a la fecha son acordes a como lo indica la ley y los
protocolos sobre los que ésta exige.
Se logre - visto desde la defensa - insistimos,
no invocar a elecciones atípicas; para que posterior al fallo condenatorio; la Gobernación del Valle del Cauca
nombre, de una terna (3), un alcalde encargado que termine el periodo
constitucional (2024-2027).
De esta manera el
municipio, como en casos anteriores, contaría con tres (3) ordenadores del gasto; que en sus
funciones serian: el alcalde encargado, el emérito y el destituido.
EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NUEVO SE PRONUNCIA
Con el contexto
anterior, el pasado martes 28 de enero, nuevamente se pronunció el Tribunal
Administrativo del Valle de Cauca. Auto interlocutorio. Proceso:
76001-23-33-000-2023-00855-00 (principal).
Para resumir… Negando
– “rechazar, por improcedente” - el recurso de reposición y en subsidio
de apelación interpuesta por la demanda, contra el acto interlocutorio del 7 de
noviembre de 2024.
Dicho en otras
palabras, mediante el cual, la magistrada cerró el debate probatorio; ya que en
su momento como fue lo expresado por la ponente aduciendo “suficiente
ilustración”.
Al tiempo que se
corrió traslado a las partes para los alegatos de concusión; los que, desde el
año pasado, tal parece, ya están en poder de la magistrada y los magistrados auxiliares.
Para comprender lo
anterior, recordemos que la defensa presentó una extensa lista de testigos –
se incluye el repentino olvido “no me acuerdo” del hoy presidente del HCM –
que sumaban aproximadamente cincuenta (50) incluidos cuatro (4) exalcaldes.
Como lo indica su contenido, el fallo en este último oficio del 28-01-2025, se le dio traslado a la Sesión Quinta
del Consejo de Estado; advirtiendo, la magistrada, “que el auto del 15 de
octubre de 2024, mediante el cual se resolvió un recurso de queja, no se
pronunció respecto de los recursos de apelación interpuestos contra el auto que
decretó pruebas en la audiencia inicial”.
Dicho en otras
palabras, bajo el riesgo de equivocarnos, el “silencio” del Consejo de Estado,
ha sido aprovechado por la defensa para intentar dilatar el proceso. Asi de sencillo.
Derivado de lo
anterior - lo que confirma la última apreciación nuestra - un tercero (3) interpone
tutela, presuntamente con fecha 20 de enero 2025, al Consejo de Estado y al
Despacho ponente de la Magistrada.
“Vinculando a las partes
e intervinientes del medio de control de nulidad electoral”.
Leída la tutela, que
consta de 13 folios, por los conocedores en la materia – nosotros solo
actuamos como amanuenses - consideran es un artificio jurídico más, para
dilatar el proceso; adicionalmente la concordancia entre las fechas del fallo
del tribunal, la tutela y la aceptación de la misma por el Consejo de Estado.
Finalmente, el 27 de
enero de 2025 el Consejo de Estado admite la tutela… Continuando con el proceso por el Tribunal Administrativo del Valle, que en su momento va a pronunciarse.
En este punto lo
importante no es que finalmente ya sea El Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y/o el Consejo de Estado sean los que fallen es favor o en contra del demandado y de nuevo surtan las apelaciones.
Lo deseado, por todos
los involucrados y la opinión pública, tiene como propósito se termine “el
novelón” y al tiempo cese la inseguridad Jurídica del alcalde municipal.
Lo que ha conllevado
a una clara crisis de la gobernabilidad y la gobernanza expresada: en desinformación, conflictos por quién se queda con qué y arreglos parciales o acuerdos programáticos entre los centros de poder electoral.
Aparte del
incremento en las denuncias – de hecho, las autoridades competentes intervienen
de oficio - sobre posibles malos manejos durante la actual administración;
asuntos estos que seguramente están bajo la observancia de los entes de
vigilancia y control.
Finalmente, y
derivado de todo lo recientemente acaecido y mencionado e independiente del
reciente fallo y la tutela interpuesta.
Tal parece, el
Tribunal Administrativo se puede pronunciar en primera (1) instancia sobre el
multimencionado caso ya sea en favor o en contra.
El que se espera se
defina para bien de los Cartagüeños y el fortalecimiento de las instituciones
legalmente constituidas. Y no como ahora que todo está en veremos…
DEL CONTRATO LEONINO Y LOS RECURRENTES ABUSOS DE
VEOLIA
Lo poco que conoce la opinión pública indica que el “aliado estratégico”
en una primera parte del contrato se hace responsable de la recuperación de las pérdidas de agua –
ya sea por obsolescencia de las redes o conexiones directamente a la red
principal o secundaria - así como la administración de las baterías de
contadores, entre otras “responsabilidades”.
La queja de los usuarios es que aparte de la lectura de los consumos y
la facturación; se dedicaron exclusivamente a cambiar medidores de agua.
Independiente que estén en buen funcionamiento y no se haya vencido el término
que estipula la ley para cambiar los medidores; que tienen una vida útil
entre 7 y 15 años.
Y no como a venido sucediendo el cambio de medidores con menos de cinco (5) años y en buen funcionamiento. Obligando al usuario a pagar uno nuevo, cuando el que tenia estaba en buen estado; y por la actividad del usuario presentaba bajo consumo.
Vale entonces el preguntarnos… ¿Es eso un vil atropello al usuario o no?
Adicionalmente merece la pena ajena el formularnos los siguientes tres (3) interrogantes.
¿En qué porcentaje se han disminuido las pérdidas de agua potable y en
cuanto ha aumentado la facturación?
¿Cuántos medidores de agua fueron cambiados, sin previo estudio técnico en
el campo por parte de sus operarios, que garantice que no se encontraban en buen
funcionamiento, y si la lectura que arrojaba correspondía al consumo real del usuario diferente a las estadísticas (promedios) que amañadamente maneja Veolia durante el 2024 y de lo corrido del 2025?
¿En cuando, derivado de lo anterior, se ha incrementado el costo de la
factura al usuario de acueducto y alcantarillado?
Lo anterior por cuanto, como ya ha sucedido en el pasado, la opinión
pública concluye que en la actual administración, con ese “aliado estratégico”
seguramente “hay gato encerrado” o que existe un entramado de corrupción insospechable.
Donde al momento de cambiar contadores o de cobrar “in sitúo” la
miscelánea no solo es desproporcionado el costo de la misma; ya que además no
se sabe si lo hace el funcionario de Emcartago o de Veolia.
Lo que también está claro es que inicialmente los operarios, al proceder a realizar las
lecturas sobre el consumo del líquido potable utilizaban el uniforme en el que
claramente aparecía el logotipo de Veolia.
Surge la siguiente pregunta… ¿Por qué razón la empresa suspendió el
uso de esos uniformes? O mejor ¿Qué buscaban ocultar?
EL
CONTRATO LEONINO CON VEOLIA
Tomando atenta nota de los pronunciamientos de veedores ciudadanos, exfuncionarios de Emcartago, excandidatos a la alcaldía municipal y excandidatos al congreso de la República por la ciudad que muy juiciosamente han estudiado el caso.
Sobre un tema que
podría revestir de suma gravedad y posiblemente conllevar al término del
contrato por 20 años renovables; o de la modificación del mismo.
Contrato firmado
durante la administración anterior donde se encuentra involucrado, tal parece,
no solo Emcartago sino adicionalmente el municipio. ¡Ojo con eso!
Estos son
particularmente algunos de las cláusulas incluidas en el multimencionado
contrato leonino; esto último por aquello que atenta contra los intereses de
Emcartago, la ciudad y claramente favorece al contratista y/o socio
estratégico.
Donde todos los
directamente involucrados, tal parece, seguirán facturando durante los próximos 20 años. ¡Tremendo negocio el que montaron!
LA
NECESIDAD DE REVISAR EL ACUERDO
Este es el análisis que
se le ha dado al multimencionado contrato:
Que va más allá del
cambio de medidores y de los desproporcionados cobros en la miscelánea al momento
de instalar, más el desproporcionado cobro de las conexiones.
Enfatizando el
querellante sobre los riesgos financieros y laborales para Emcartago S.A.S ESP.
que acarrearía la ejecución del contrato con Veolia y que solo traería benéficos
para este último y los, de alguna manera, asociados...
La parte más delicada
del contrato consiste en que, tal parece, atenta financieramente a Emcartago y por supuesto en el largo plazo a la calidad del
servicio.
Y es lo que hace referencia la clausula del contrato que tiene que ver con la gestión comercial y la disminución
de las pérdidas. ¡Ojo con esto!
En dicho contrato obliga
a Emcartago pagar 4.000 millones de pesos anuales durante veinte (20) años a Veolia; lo que resultaría, según nuestros cálculos, en la suma de 80.000 millones de pesos.
Lo grave y delicado de lo acordado que finalmente quedó firmado en el contrato; tiene que ver conque Veolia solo se compromete a cancelar 4.000
millones durante los mismos 20 años lo que arrojaría una cifra de 200 millones
anuales.
Dicho en otras palabras, según el contrato con Veolia este entrega al inicio del contrato 2.000 millones y posteriormente 200 millones a Emcartago; al tiempo que recibe Veolia a cambio 4.000 millones cada año, ambas entidades durante veinte (20) años.
Adicionalmente en
el contrato se estableció una interventoría – que tal parece no se necesita,
por ser un contrato de gestión, ya que solo se necesitaría un supervisor que colocaría Emcartago
- por 26.000 millones de pesos; esta otra perla hace más inequitativo el contrato de Veolia con Emcartago y entre
las partes que intervienen.
SUMAN
126.000 MILLONES DE PESOS LO QUE RECIBE VEOLIA
Todo lo anterior sumaria
en favor de Veolia, en veinte (20) años, la exorbitante suma de 126.000 millones
de pesos; cuando y durante el mismo periodo de tiempo solo entrega 4.000 a Emcartago S.A.S. ESP.
Adicionalmente al
final del contrato se exonera a Veolia del control de las perdidas. Ahí le
ponemos ese trompo en la uña, a usted atento y respetado lector…
Merece la pena preguntarnos
¿Qué tipo de negocio se hizo bajo la mesa para llegar a esas desproporcionadas
cifras y acuerdos en ese contrato?
EL
ALTO COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Abundan las quejas
del contribuyente por el incremento mensual en el costo de los servicios públicos domiciliarios en especial: Aseo en manos de Clean Atmosphere y el Alumbrada Público. Asunto
que deberá ser tratado en el Honorable Concejo Municipal (HCM).
ENTREGA
DE LA FACTURA DEL PREDIAL UNIFICADO
Durante el transcurso
del año anterior y lo corrido del presente, hemos venido insistiendo en la
posible aplicación de la tarifa plena sobre el Impuesto Predial Unificado y de un nuevo impuesto de valorización....
Lo anterior ha arrojado un
manto de duda razonable (incertidumbre) en la ciudadanía sobre el próximo valor a cancelar por
el multimencionado impuesto que afectaría a todos los Cartagüeños.
Lo anterior por
aquello de los múltiples reclamos desde la vigencia fiscal 2022 y en esta
vigencia (2025) del cobro de un nuevo impuesto como es el de Valorización, aprobado
durante la administración anterior.
Es importante subrayar es que el Operador Catastral Valle Avanza S.A.S se había comprometido con el alcalde
municipal, Juan David Piedrahita López, a resolver los múltiples reclamos.
Lo anterior tendría que
ver con la demora – de casi un (1) mes - en la entrega de la plataforma,
a la Secretaría de Hacienda, que liquida dicho impuesto.
Por lo anterior no se
han liquidado la totalidad de los predios. En este orden de ideas, y por el no haberse
presentado o divulgado nuevos reclamos a la fecha.
Hemos considerado justo,
oportuno y necesario abordar este tema en especial el de valorización, dentro
de ocho (8) días, si Dios lo permite. Amanecerá y veremos.
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