La hoy cuestionada historia
da comienzo con la aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal (HCM) del
Acuerdo 020 del 2 diciembre de 2009…”Por medio del cual se transforma la Secretaria
de Tránsito y Movilidad de Cartago en una Unidad Administrativa Especial
denominada Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago”.
Nos obliga recordar que
presumiblemente fue sancionado, el acuerdo,
por el HCM sin el lleno de los mínimos requisitos es decir: estudios técnicos,
de mercadeo, financieros y jurídicos que garantizaran la viabilidad operativa
en el largo plazo. De ser incuestionable lo anterior ¿Que tipo de sanción
administrativa, para el ente de control político, se tipifica?
Está muy claro, la razón de
su creación no obedecía a un planificado proceso de Modernización Institucional
- en lo que sí está comprometido el Precandidato a la Alcaldía Municipal el
Abogado José Ignacio Londoño Zabala - que apuntara a convertirlo, con gestión y
tecnología de punta, en el centro de consulta y asesoría de los usuarios
particulares y los empresarios del transporte y la movilidad de la subregión.
Reforzando la hipótesis anterior;
estamos al tanto que la población estimada, de los 18 municipios de Norte del Valle
incluyendo San José del Palmar (Departamento del Choco), asciende a un poco más
de 350.000 habitantes; perfilando a nuestra ciudad, en el mediano y largo
plazo, como epicentro – socio-económico - de esta olvidada provincia del Valle
del Cauca.
Para dimensionar un poco el
mercado potencial de Tránsito y Transporte, recurramos a algunas estadísticas a
junio de 2012 - leer artículo ¿Que hay detrás del pasado paro de los taxistas -
allí se mencionan algunas estadísticas para la ciudad de Cartago: 633 taxis,
38.000 motos, 200 colectivos, 10.000 bicicletas y 115 carretillas.
Hoy podemos subrayar el
mismo número de taxis, 45.000 motos, menos colectivos, 15.000 bicicletas, las
mismas carretillas y unos 50 triciclos, surge una pregunta ¿Cuántos vehículos
particulares se movilizan diariamente en la ciudad?
Más preguntas…¿Cuántos
tracto-camiones, camionetas y similares, buses, busetas, microbuses y motos están
matriculados? … ¿Cuantos en la vecina capital de Risaralda?
Alejémonos de las estadísticas; y atendamos la recomendación
del dermatólogo…“vamos al grano”.
Volviendo al tema de hoy y
para colocarlo en su contexto político, la intención era – desde el 2008, o
antes, cuando se aprobó el Estatuto Orgánico de Presupuesto - convertirlo en un
fortín público, sobredimensionando su estructura administrativa, para apuntalar
un proyecto político, del Alcalde de turno, regional y nacional - no olvidemos como
terminó ese proceso - y luego de alcanzado (llegar al Congreso) seguramente la intención
era venderlo.
De hecho el Instituto
sobrevivió al mayor escándalo de corrupción en la historia de la ciudad, pero
con fallas estructurales de tipo administrativo, fiscal y financiero.
Derivado de la información
recogida antes y confirmada durante la comisión de empalme (Noviembre/diciembre
de 2011) - la Insolvencia - tal parece, era del pleno conocimiento del hoy alcalde
Álvaro Carrillo, éste propuso en su Programa de Gobierno (PG), en el eje de
Modernización Institucional, derogar el acuerdo 020 de 2009 y crear la Secretaria
de Movilidad, ver pagina 27 del mencionado PG.
Lo irónico del asunto y
después de corrido más de tres (3) años de su mandato, y con el sol a sus
espaldas, las múltiples decisiones que ha tomado como ordenador del gasto va en
contravía de casi todo lo consignado en el citado documento PG. ¿Será que nunca
lo leyó?...¿Que lo salvó de la revocatoria del mandato?
Tal parece desde mediados de
2012 se impartió la orden de tercerizar algunos servicios, en especial los que
generan el flujo de caja del Instituto; ¿Sus razones? El haberlo recibido con
un déficit fiscal cercano a los $900 millones.
De lo que nunca se percató,
para no proponer la venta, era que la entidad descentralizada marcaba desde lo contable una cartera morosa -
menor a cuatro años - muy cercana a los
$5.000 millones de pesos, podría haber exigido una política agresiva de recuperación
de cartera, y generar liquidez al ente descentralizado.
Solo con el dato anterior, se
esperaba, si se acogía - como voluntad política - a un proceso de saneamiento administrativo,
fiscal y financiero era posible salvar la entidad; de hecho la iniciativa fue
aprobada por el Concejo Directivo de la entidad - hacen parte el Alcalde,
Secretario de Hacienda, Planeación y Gobierno entre otros – pero tal parece el
documento, ya expedido, se convirtió en letra muerta.
Contrario a lo reglado, los
funcionarios claves que por competencia eran los responsables del futuro del
ente descentralizado, no se empoderaron de sus funciones, todo lo contrario, se
especula nombraron más asesores y funcionarios; al tiempo que se dedicaron ha adelantar
el proceso de privatización.
Estaría por comprobarse si
desconocieron algunos de los términos jurídicos de dicha concesión, queda entonces
un tufillo de duda sobre si se ignoraron algunos puntos de los considerandos, artículos
o normatividad de lo allí consignado.
Si bien es cierto el
ciudadano del común se había resignado a semejante negociado; la ultima noticia,
la semana pasada, sobre el despido masivo de todos los funcionarios - solo
quedaron 4 - y la forma como fueron liquidados, notificación de despido y entrega
del cheque - de nuevo prendió la alarmas de la ciudadanía, la clase dirigente;
y por supuesto las demandas de los ex funcionarios llamando la atención de los entres de
vigilancia y control.
La razón, tal parece los recursos financieros utilizados
para liquidar los funcionarios – y quedar a paz y salvo – provienen del
presunto superávit por más de $2.000 millones que arrojó el último cierre fiscal
del municipio.
De ser cierto el ordenador
del gasto y los funcionarios que hacen parte de la cadena de custodia de los
bienes del municipio ¿Estarían incursos en un tipo de peculado por desviación
de fondos?
Cabe también preguntarse y acogiéndonos
al beneficio de la duda razonable ¿El
Municipio puede transferir esos recursos propios a un ente descentralizado? ¿En
que parte del Acuerdo 018 de 2008 - Estatuto Orgánico de Presupuesto - o en el
Acuerdo 020 de 2009 quedó reglamentado?
Los movimientos
presupuestales y los flujos de caja de las dos entidades, más lo consignado en
la multimencionada Concesión darán las pautas
para que los entes de vigilancia y control la demanden y se de por
terminado ese exabrupto jurídico. ¿Tendrá el instituto que devolver algunos
dineros? Al municipio y/o al concesionario ¿El esperado fallo obligará el
reintegro de los funcionarios despedidos? No lo sé.
De darse lo anterior, tomará
su tiempo, tal parece está la propuesta - información sin confirmar - consignada
en el PG del abogado José Ignacio Londoño Z. Para que las funciones y
competencias del actual Instituto de Tránsito y Transporte de nuevo se incorporen,
como Secretaría, a la estructura administrativa del municipio. Amanecerá y
veremos.
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