sábado, 7 de septiembre de 2013

EN LO QUE VÁ EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTES


El pasado 31 de julio de la presente vigencia fiscal vencieron las facultades otorgadas por el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo No. 019 de julio de 2012, “por medio del cual se autoriza al Alcalde que en representación del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, realice las actividades necesarias para la disolución y liquidación de la Sociedad Terminal de Transporte Terrestre de Pasajeros de Cartago S.A.”.

Lo anterior significa, salvo exista algún concepto jurídico que dictamine lo contrario, que cualquier acción que desee emprender, el alcalde abogado Álvaro Carrillo; nuevamente deberá de solicitar, al Honorable Concejo Municipal, le autorice funciones, para expedir los actos administrativos necesarios como: Fijar los aportes del municipio, negociar acciones o cuotas de representación, celebrar los contratos que se requieran y realizar todas las gestiones que sean necesarias para cumplir con lo que estipula la ley; en especial y para este caso, la liquidación de la multimencionada sociedad, siempre que beneficien los intereses patrimoniales del municipio.

En el mes de marzo del presente, el abogado organizó y nombró “Ad honorem” - no devengan honorario o salario alguno - un Comité de Seguimiento y Asesoramiento del Proceso de Liquidación de la Sociedad Terminal de Transportes.

Coordinado y encargado al contador público Dagobert Estrada Mafla y en representación del Municipio de Cartago en el Norte del Valle – segundo mayor accionista - la Secretaria de Hacienda, la contadora pública Adriana Rivera Castaño; el Jefe de la Unidad Jurídica, la abogada Carmen Tulia Carmona Rentería; La oficina de Control Interno Disciplinario, la Administradora de Empresas Martha Cecilia Saldaña Saldaña; el director de Planeación, el Ingeniero Rodrigo León Serna Salazar y el Director Financiero, el Contador Público William Giraldo Restrepo.

El pasado viernes 6 de Septiembre de 2013 el Alcalde (E) el abogado Luis Gustavo Corredor Corredor citó y dio inicio a una reunión a las 10 A.M. en el despacho, con el objeto de actualizar el informe sobre el estado actual del proceso de liquidación del Terminal de Transportes de Cartago y fijar los parámetros para el cronograma de ejecución.

Derivado de los respectivos informes y análisis recibidos, más las razones que desde el inicio de su mandato esgrimió, el titular Alcalde Municipal, para proponer dicha liquidación y que son entre otras: Evitar detrimento en el patrimonio público del municipio, que aportó a la sociedad un terreno valorado en $653 millones y sin determinar el valor presente neto, de lo que resta, de dicho inmueble.

Rezan los informes que desde su creación, en marzo de 2007  hasta la fecha de la disolución - coincidencialmente - en  marzo de 2012, aprobada por la  Asamblea General de Socios, la sociedad no había cumplido con el objeto social para la cual fue fundada, considerándose ésta una falta gravísima.

Segundo, la iliquidez, tal parece nunca se hizo el estudio de pre factibilidad y viabilidad financiera, ya que desde el inicio los gastos de funcionamiento –único gasto recurrente durante esos 5 años - originaron flujos de caja negativos; aparentemente sin poderse hablar de pérdida operativa porque nunca funcionó.

Lo anterior supone incapacidad administrativa y/o la negligencia para advertir, a la junta directiva de ese entonces, sobre las fallas desde el 2007 pero sobre todo en la concepción del proyecto; arrojando a la fecha de corte de documentos - Abril de 2012 -  un pasivo que gira alrededor de $200 millones de pesos.

Tercero, como hecho notorio se estableció que el multimencionado Terminal, no aparece registrado en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías o en la Superintendencia de Sociedades, siendo esto un obstáculo más, ya que una de las propuestas - del comité asesor - era que la liquidación la realizara alguno de esos entes oficiales, para así evitar suspicacias, sobre el manejo financiero del proceso; en el actuar, por competencia, de las diferentes veedurías ciudadanas.

Como consecuencia de lo anterior; del Terminal de Transportes - los que conocieron los planos afirman que más parecía un mega centro comercial -  solo existe la licencia de construcción; dicho en otras palabras, a nivel nacional y desde lo jurídico… No existe, ni siquiera como una empresa de papel. Vaya lio.

Lo que llevaría a una liquidación judicial, la que podría tardarse varios años, procedimiento que debe tener la aprobación por parte de la Asamblea de Socios, mediante una nueva reunión extraordinaria. Prolongando el proceso.

Aquí hay que llamar la atención que de la totalidad de los inversionistas, después de la última asamblea en marzo de 2012, ninguno se ha preocupado por los tiempos y los resultados del proceso de liquidación, de hecho los más beneficiados, son los accionistas mayoritarios, y el más perjudicado el Municipio de Cartago; en especial por las trabas y exigencias de los socios mayoritarios.

Al respecto hay que recordar que el 51% de las acciones, se encuentran en manos de esos tres accionistas - representadas en un “plan maestro”-  seguido por el municipio con un 40.81% del capital accionario (expresado en un lote de terreno) y el restante 8.19% (acciones en efectivo, algunos tardaron hasta dos años para cancelarlas) por parte empresarios del transporte local y regional, recordemos que hay empresarios de Cali, Pereira y Medellín.

Interesados en el meollo del asunto, los principales accionistas, los que reclaman su derecho por su aporte, a través de un intangible – sobrevalorado en $800 millones – y representados en un “plan maestro” que inclusivo generó polémica en la pasada administración, para ser modificado en una menor dimensión; aparte que insisten, en que se les reconozca los dineros invertidos para adelantar los tramites destinados para obtener la ya mencionada licencia de construcción.

El lio en el proceso de liquidación se centra en la valoración – se requiere el avaluó catastral por parte del Instituto Agustín Codazzi - del predio rural que en ese entonces media 31.000 mtrs cuadrados, menos los 8.000 mtrs cuadrados vendidos a INCO – Instituto Nacional de Concesiones -  para la construcción de la doble calzada, quedando a la fecha 23.000 metros cuadrados -  los que están clasificados en el POT como terrenos en expansión urbana.

Es decir, es probable y eso solo lo determina el estudio de la tierra, que el valor comercial inicial de $653 millones podría tener un valor actual cercano a los $2.000 millones, pero no dejan de ser especulaciones, valor que sería determinado por levantamientos topográficos, y que constituirían nuevos y altos costos en que deberían incurrir los accionistas; y en proporción a su participación según el porcentaje de sus acciones.

¿Estarían dispuestos los 22 accionistas? para desembolsar y por mencionar una cifra de $200 millones de pesos, destinados  a realizar un estudio topográfico que determine el valor actual del terreno materia de discusión, y que es lo único valioso y tangible que se le aportó y de que dispone la sociedad en la actualidad; aparte de los casi $200 millones que aportaron los accionistas minoritarios.

Hagamos el siguiente ejercicio, supongamos que el valor del terreno asciende a $2.000 millones menos los $200 millones del pasivo; ¿estarían dispuestos el resto de los accionistas? a que se le reintegraran $918 millones - en efectivo - a los socios que aportaron - el intangible del plan maestro valorado por ellos en $800 millones – y que desde el inicio no tuvo asidero en la realidad del proyecto, por tratarse de unos planos que imaginaban un ostentoso mega centro comercial.

Debemos recordar, a usted atento y respetado lector, que hasta el último momento en la discusión, y antes de la disolución, los accionistas mayoritarios insistían en empezar a construir y vender sobre planos los locales del desproporcionado centro comercial – se piensa que disponía de parqueaderos VIP, ascensores, restaurantes, salas de cine y discotecas entre otros.

Lo único que está al día y claro es la entrega, por parte del último gerente de la Sociedad Terminal de Transportes, de los bienes muebles e inmuebles.

En este orden de ideas queda claro que el asunto de la liquidación es más complejo de lo que se esperaba, pero en especial por lo mal concebido del proyecto desde su inicio.

Finalmente solo nos queda la esperanza, y es lo último que se pierde, ya que el Alcalde Municipal el abogado Álvaro Carrillo insiste en la construcción de un Terminal de Transporte Terrestre de Pasajeros; lo anterior sin contar los micro-terminales ya acondicionados en enormes locales o lotes por diferentes empresas transportadoras en la villa; contribuyendo con el problema de movilidad en el centro. Como van las cosas, y a riesgo de no equivocarme, por ahora no vamos a tener Terminal. Ya que hablando en términos de ciudad, y solo para este caso… “la cuña que más aprieta, no es la del mismo palo”. Amanecerá y veremos.

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