EL DILEMA DEL PRESUPUESTO 2012

El pasado 27 de septiembre de 2012, el abogado Álvaro Carrillo expide el Decreto 097 “Por medio del cual se establece y se adopta un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el Municipio de Cartago”.

Dicho documento le otorga la disponibilidad material y jurídica sobre lo reglamentado en el mismo y le concede atribuciones amplias y especiales al Alcalde, a la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y especialmente a la Secretaría de Hacienda y al equipo económico que la acompaña para tomar las acciones necesarias para darle un norte y fortalecer las políticas fiscales, financieras y administrativas del ente territorial.

En teoría lo que busca es frenar la profundización de la problemática del manejo de los ingresos, gastos y la creciente acumulación de pasivos que en la actualidad enfrenta la entidad.

Toda vez leído dicho documento, lo primero que salta a la vista son las enormes facultades que le otorga al ordenador del gasto  pero a la vez necesarias para poner en marcha la viabilidad financiera puesta en duda (incluso por la misma administración) en lo corrido del año, con el riesgo que si dichas medidas no son bien valoradas y aplicadas podría ser más caro el remedio, logrando poner en duda la cura de la enfermedad.

Pero lo que más llama la atención es la enorme similitud de lo contenido en el decreto, con un documento expedido y al cual se le dio aplicabilidad el 24 de agosto del 2001 cuando en Municipio se acogió a la ley 550 de 1999.

De hecho no podría ser diferente, lo que deseo resaltar es  ¿Por qué se tardó la administración 7 meses en expedirlo?

Máxime cuando el pasado 10 de enero de la presente vigencia fiscal la Dirección de Apoyo Fiscal Pública recomendó  se adelantara dicho proceso, dejando claro que el municipio ya tenia la experiencia, aclarando  que para este caso lo adelantaría de manera autónoma; es decir sin el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico a través de la ya citada DAFP.

Independiente de las razones que motivaron la demora (inexperiencia, recelo o capricho), hoy resaltaré las consecuencias de la misma.

Empecemos por el principio y guiado por los actos administrativos oficializados en la página web del municipio; de la cual no me puedo apartar para no exponerme al riesgo de alejarme de la información oficial; el pasado 17 de febrero de 2012 mediante decreto 014 se “reconoció” el siguiente déficit fiscal:

 

CONCEPTO	VALOR
Funcionamiento	2.413.687.920.oo
Inversión	13.668.112.198.oo
A Favor de Terceros	254.223.308.oo
Total Déficit	16.336.023.426.oo

 

Es prudente y necesario aclarar que reconocer es una cosa, legalizar es otra y pagar es otra bien diferente.

En el mismo decreto se legalizó el siguiente déficit:

CONCEPTO	VALOR
Funcionamiento	2.413.687.920.oo
Inversión	694.521.714.oo
A Favor de Terceros	0.oo
Total Déficit	3.108.209.634.oo

 

Legalizar significa técnicamente incorporar dicho déficit al presupuesto de gastos actuando bajo el principio de especialización que consiste en apropiar el presupuesto, vía recurso propio, según el objeto y funciones y ejecutarlo según el fin con que fueron programadas.

Dicho en otras palabras, se legaliza el déficit de funcionamiento e inversión, si y solo si se hace, con recursos propios correspondientes a funcionamiento o inversión; y en ningún momento trasladar recursos de inversión para atender gastos de funcionamiento.

Igual se presume que a la fecha ya se canceló la totalidad de dichas acreencias en especial las de funcionamiento.

Bajo el supuesto de las mismas razones anteriores, en su momento, no se incorporó el Crédito de Tesorería por $1.000 millones de pesos, que debió haber sido cancelado el pasado 20 de diciembre de 2011 más $793 millones que corresponden a intereses sobre otros créditos otorgados en la misma vigencia fiscal.

Entonces queda claro que según la información oficial con que se dispone faltan por legalizar y cancelar $13.227.813.792.oo; sin perder de vista que deben sumar los $1.793.567.843.oo millones mencionados anteriormente.

Lo anterior nos lleva a concluir que en el próximo presupuesto 2013 se deberán incluir los anteriores pasivos por valor de $15.021.381.635.oo afectando nuevamente la inversión de la siguiente vigencia.

La dificultad se presenta en el presente presupuesto y radica en el hecho que para haber cancelado el déficit de gastos de funcionamiento originado en el 2011 se comprometieron (mediante traslados presupuestales) recursos propios del presente, para atender principalmente pasivos laborales de la siguiente manera:

DEFICIT GASTOS FUNCIONAMIENTO	VALOR
Concejo	43.375.371.oo
Personera	23.779.659.oo
Alcaldía	2.346.532.890.oo
Total Déficit	2.413.687.920.oo

 

Lo anterior significa que desde el punto de vista presupuestal el actual presupuesto no dispone de esos recursos para adelantar los tramites para cancelar las nominas del mes de diciembre, esto independiente de si hay o no recurso financiero.

En conclusión si el decreto 097 de septiembre 27 de 2012 hubiera sido expedido durante el primer trimestre de la presente vigencia fiscal e inmediatamente se le hubiera dado aplicabilidad a lo allí estipulado, logrando a la fecha el  fortalecimiento de los ingresos, la disminución de los gastos y el control de los pasivos a través del adecuado uso de los recursos vía plan anual mensualizado de caja (PAC).

Entonces la Secretaría de Hacienda hubiera podido reformular el actual presupuesto, incorporar o mejor adicionar los recursos necesarios para cubrir el faltante presupuestal actual por valor de $2.414 millones y de esta manera cancelar (garantizando el flujo de caja de los recursos vía gestión tributaria) al menos los gastos de funcionamiento al 31 de diciembre de 2012.

La situación anterior me lleva a concluir, y a riesgo de equivocarme; atendiendo las proyecciones lo que se espera es una desbalanceada ejecución activa y pasiva del presente presupuesto, que apuntaría a la posible no legalización de las nominas de diciembre o a presentarse el no deseado deficit fiscal. Amanecerá y veremos.