De verdad espero no tener que volver a referirme a este tema que más parece un cuento macondiano (deja viendo estrellas amarillas) problema con efectos colaterales económicos y sociales en el corto y mediano plazo; que para empezar a resolverlo es necesario como en una cirugía mayor utilizar al tiempo varios médicos, asistentes, pinzas de alta precisión y equipos de reanimación.
Se hace entonces necesario sugerir medidas económicas de choque; para empezar a extirpar el enorme tumor (léase Déficit Fiscal) que se generó en la pasada administración 2008-2011, en especial en la anterior vigencia fiscal 2011.
La primera pregunta que surge es… ¿Pudo suceder que en las vigencias fiscales 2009 y 2010 se presentaran difícil fiscales menores o mayores, que consiguieron “maquillarlos” como reservas presupuestales o cuentas por pagar que nunca se pagaron o que nunca existieron?
Duda razonable, si se tiene en cuenta que al cierre de la vigencia fiscal 2011; parte de ese déficit se origina en Recursos del Balance que venía del 2010 especialmente en Educación (recordemos que en general son casi $3.000 millones que se originan en ese sector) y Agua Potable y Saneamiento Básico (RBA vigencias futuras - Plan Municipal de Aguas por $9.913 millones aproximadamente).
Parte de los hallazgos indican que, desde la vigencia fiscal 2008, se empezaron a “utilizar” indebidamente recursos en cuentas con destinación especifica, los que venían siendo “celosamente guardados” por administraciones anteriores y que presupuestalmente y en tesorería estaban fondeados como RBA (Recursos del Balance).
En este punto, usted atento y respetado lector, se estará preguntando ¿Bueno… y entonces que es eso de RBA?
Son recursos del balance aquellos dineros que ingresaron al municipio por diferentes fuentes de financiación y no se utilizaron en su totalidad al cierre de esa vigencia fiscal presentándose un “sobrante” en caja y bancos de la Tesorería.
La normatividad señala que si ese excedente se da vía recurso propio, para el año siguiente deben de ser destinados el 100% para Inversión; los “excedentes" vía otras fuentes de financiación (educación, salud entre otros) deben de seguir con la misma destinación especifica con la que fueron girados, y con igual restricción para los gastos de funcionamiento.
Tal parece que esos enormes recursos, como consecuencia del desorden administrativo y fiscal, fueron a cubrir aparentemente gastos de funcionamiento, entonces ¿que ocurrió con el flujo de caja nuevo de cada período que oscila entre $17.000 y $24.000 millones que provienen principalmente de los impuestos directos en especial predial e industria y comercio?
La siguiente pregunta… ¿En que tipo de “gastos de funcionamiento” se incurrió en la pasada vigencia fiscal si finalmente parte del enorme cráter fiscal, que asciende a $17.500 millones de pesos, corresponde ordenes pendientes de pago?
Las cuales deberían de atender compromisos de funcionamiento e inversión en el concejo, personería, alcaldía, y para transferir recursos a favor de terceros.
Se complica más el análisis cuando empezamos a entender que gran parte de esos giros no fueron legalizados vía presupuesto (especialmente los últimos $16.000 millones del Plan Municipal de Aguas) sino que hicieron parte de transferencias entre entidades financieras y que hace difícil rastrear el destino final de las mismas.
Entonces es tiempo de hacer cuentas del déficit: $17.500 millones que corresponden a cuentas legalizadas vía presupuesto; más $16.000 millones girados por la banca y que supuestamente corresponden al Plan Municipal Aguas.
Estos últimos no legalizados y aparentemente gastados en funcionamiento; más $1.700 millones de empréstitos y créditos de tesorería no cancelados al cierre; más aproximadamente $800 millones déficit en el Institutito de Transito y Transporte; más $275 millones déficit en el Fondo Pensiones; más $8.000 millones de Empresas Municipales (temiendo ser mayor la cifra); la anterior sumatoria nos acerca a una cifra cercana a los $45.000 millones de pesos.
Para los que gustan de cuentas globales: ¿Que se hizo entonces con esa plata? que surge del calculo anterior, es decir de los anteriores $45.000 millones más los $17.500 (no confundirla con la del déficit, se incluye porque aparentemente no había flujo de caja para pagar los gastos de funcionamiento e inversión) cifra ésta última que corresponde a la certificación de los ingresos corrientes del libre destinación de la pasada vigencia fiscal (base para calcular el indicador de la Ley 617 de 2000 para el 2011 que se detuvo en el 106%) y que en total suma $62.500 millones?
La otra pregunta que surge es ¿como se va a pagar esa enorme deuda con los trabajadores, particulares y con los bancos?
La manera más sencilla de explicarlo, y así lo contempla la doctrina y la jurisprudencia en materia fiscal, es castigando el presupuesto de inversión 2012 utilizando como fuente de financiación el recurso propio (RP).
Que no es otra cosa que destinar los recursos presupuestales y de tesorería de la presente vigencia fiscal parta pagar esas “deudas” heredadas de la pasada administración…. ¿Y si el RP no alcanza?
El problema se complica cuando, al intentar “castigar la inversión” vía recurso propio del presente presupuesto (como lo exige la norma), SOLO ALCANZA, para cubrir presupuestal y financieramente solo una parte de ese enorme déficit.
“…como decía el recién casado, Mija…prepárese… que se puso dura la cosa y va para largo…”
Y si a eso le sumamos que el actual gobernante debe pagar, en solo este año, casi $5.000 millones por concepto de los primeros abonos e intereses de capital del primer desembolso de $15.000 millones que corresponden a las famosas vigencias futuras que hacen parte del total de los $31.000 millones girados entre el 2010 y 2011; y que a su vez hacen parte de los $81.000 millones aprobados.
Para terminar, queda claro que la única esperanza que tiene, el Alcalde, el abogado Álvaro Carrillo es volver al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con las cuentas muy claras y demostrar que encontró un presupuesto 2012 donde no le incluyeron todos los gastos reales de funcionamiento de una nomina central (concejo, personería y despacho) sobredimensionada, sin incluir las mismas nominas paralelas marcadas como inversión.
También deberá demostrar, mediante valoración jurídica que parte de esos gastos de inversión, los que originaron el déficit (contratos de obra pública, OPS, y demás) nunca se ejecutaron, o se hicieron parcialmente y sin el cumplimento de los requisitos; para así entrar a impugnar el pago, y de esta forma disminuir vía administrativa (mediante el no pago) de parte de ese supuesto déficit de inversión.
De todas formas, tal parece que al actual gobernante le tocará solicitar por lo menos un crédito a la banca de fomento por valor de $10.000 millones; sin contar con el otro crédito adicional de $5.000 millones para adelantar la famosa reestructuración administrativa. Amanecerá y veremos.
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