TEMA DE CIUDAD - ¿RECUPERACIÓN O ESTABILIZACIÓN FINANCIERA?

Así como la división es una operación matemática que en si misma involucra sumas, restas y multiplicaciones y cuando hace parte de una sencilla ecuación - soportada con datos reales - permite interpretar realidades económicas que de alguna manera reflejan, para bien o para mal, el diario acontecer institucional local.

Igual acontece con las decisiones al interior de grupos de opinión que espontáneamente proponen con diversas iniciativas, cambios sustanciales, tendientes a mejorar la calidad de vida, en la ciudad de Cartago en el Norte del Valle.

Aunque esa realidad financiera solo será conocida una vez se obtenga el cierre fiscal de la presente vigencia, en todos los casos siempre  arrojará superávit y/o déficit y dependiendo del tipo de recurso financiero utilizado. Los déficit para nuestro caso se  presume viene, maquillado o no,  acumulado de años anteriores.

En el mismo orden de ideas podemos esperar que con el valor agregado que aporte cada una de las principales fuerzas - ya convocadas - económicas,  sociales y políticas, durante la próxima administración 2016-2019 podemos avanzar en la construcción de la verdadera visión Cartago 2032.

Entonces ¿Cómo dar ese primer paso? que va más allá de hacer un diagnostico real de la ciudad – lo que tal parece se está intentando – y que no es otra cosa que echar mano del conocimiento y la experiencia, de todos los involucrados, para definir - no lo urgente sino lo importante – sobre el tipo de inversión que se requiere durante el próximo cuatrienio.

Sin perder de vista que falta menos de un año - por aquello de la ley de garantías- entonces es necesario seguir acompañando a la actual administración, en especial para demandar las acciones necesarias para empezar a realizar los ajustes y las intervenciones - tala discriminada de especies forestales - que hagan posible la construcción de la Avenida de Santa Ana.

Recursos ya aprobados y fondeados, vía regalías, por un valor cercano a los $15.000 millones y a riesgo de perderse esa inversión en malla vial.

De igual manera se exige el decisivo concurso de la Gobernación del valle del Cauca que dicho sea de paso solo dispone, el politico Ubeimar Delgado, de las facultades - hasta el 31 de diciembre del presente año - para dar cumplimiento a la  ordenanza No. 381 de 2013 y al decreto 0265 de 2014; que determinará, en su aplicabilidad, la  suerte del régimen subsidiado en la salud para un poco más de 350.000 habitantes en el Norte del Valle.

Que en pocas letras busca a través de la reorganización de una nueva red de prestación de servicios en salud de mediana y alta complejidad favorecer al ciudadano del común más necesitado.

Y cuya misión es atender de manera eficiente y eficaz los diferentes requerimientos, aprovechando su privilegiada ubicación geoestratégica, y demandas de servicio de atención y urgencias en salud.

De los municipios de la zona norte como lo son: Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro y Versalles, que en una alta proporción pertenecen al régimen subsidiado en los estratos 0, 1, 2 y 3.

El reto es enorme para el próximo gobernante que lejos de convertir su discurso en un riguroso ejercicio literario, y en razón al conocimiento que tiene de la ciudad tiene muy claro - dado el regular resultado del “esfuerzo” fiscal actual - que no es posible comprometerse con la “recuperación financiera” del municipio, ya que estaría mintiendo y engañando a la opinión pública de la ciudad.

Solo con las cifras que se dispone, y caen a la vista, en el análisis 2012 versus 2013 se recaudaron aproximadamente $670 millones de pesos menos.

Existe una hipótesis donde sugiere que a partir  del recaudo acumulado del 2010 y al corte de 2013 se han dejado de recaudar entre $10.000  y $15.000 millones. Entonces ¿Qué ha estado sucediendo?

Hoy no entraremos en detalles del porqué de ese comportamiento, pero mucho tiene que ver la credibilidad en la institución derivada de la errónea gestión en manos de las diferentes administraciones municipales.

Y a falta de una bien ejecutada y monitoreada política fiscal municipal que apunte a recuperar las finanzas del municipio, no existe, y solo son improvisaciones para intentar mejorar el recaudo durante último trimestre.

En otras palabras los comerciantes, empresarios, los gremios, la academia y en general la sociedad civil, exigen desde hace años la realización de obras de importancia estratégica para la ciudad, inversiones que no se han dado. Entonces ¿En qué se ha invertido la plata?

Aumentando la duda razonable, en qué se están utilizando los recursos propios del municipio nos podríamos preguntar ¿En pago de deuda pública?

El problema radica en la ausencia de información disponible; donde todo apunta a la puesta en marcha, desde el comienzo, una verdadera dictadura fiscal.

Lo que obligará a futuro realizar cambios al poder que el Honorable Concejo Municipal le ha otorgado a la actual administración Municipal.

Donde todo lo que acontece, desde lo financiero, es un verdadero misterio.

Lo anterior crea un ambiente de incertidumbre y desconfianza que se ve reflejada en la disminución del pago de los impuestos, a pesar de haber reglamentando incentivos y amnistías tributarias que a la fecha no han funcionado.

En este orden de ideas, el próximo gobernante, solo tendrá la opción de comprometerse con Estabilizar las finanzas del municipio.

Es como intentar controlar un carro, sin frenos, cuesta abajo para llevarlo a un sitio seguro, mientras se repara, cuando ya se ha cambiado de conductor.

Estabilizar es frenar la tendencia decreciente de los ingresos, vía recursos propios, que provienen del recaudo impuestos tributarios y no tributarios, lo que únicamente se logra generando confianza en el contribuyente e incentivando la inversión privada para el municipio.

¿Cómo se logra? La fórmula es sencilla, desarrollando políticas púbicas  de austeridad en el gasto publico que sugiere el ajuste hacia abajo de los gastos de funcionamiento y hacia arriba los de inversión, decisiones que no son caprichosas y que están reglamentadas en la ley 617 de 2000 más otras normas que la complementan.

El éxito del próximo gobernante  se centra en atender este requerimiento fiscal… Aquí me remito a la carta de presentación de la mencionada ley que en uno de sus apartes dice:

“Tanto desde el punto de vista del ingreso como del gasto, la ley creó incentivos y privilegia la generación de un excedente que permite apalancar sanamente la inversión física y social de las entidades Territoriales.” Ana lucia Villa Arcila. Directora Dirección General de Apoyo Fiscal. Hoy Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Sanamente es no acudir al costoso crédito de la banca para financiar endeudamiento o inversión.

El indicador se fija partiendo de la categoría en la que se encuentra el municipio-la cuarta (4), debiendo estar en segunda (2)- y exige que la relación gastos de funcionamiento versos inversión sea 70:30 sin superar el primer techo.

El indicador que en la anterior administración milagrosamente se detuvo, en el 101%, en los gastos de funcionamiento; aunque algunos analistas sugieren-sin confirmar- que ese guarismo alcanzó el 140%.

Es decir por cada $1.oo peso recaudado se gastó $1.40 pesos en nominas y gastos generales. Lo que nos lleva a concluir que la inversión de ese periodo  se convirtió en deuda pública; sin mencionar el valor adicional de los créditos.

Para entender lo anterior utilicemos un ejemplo: se estima recaudar durante la vigencia fiscal  de 2016, unos Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD- por valor de $25.000 millones -cifra por lo demás difícil de alcanzar y proyectada en un escenario financiero - ya que en el 2013 se recaudaron un  poco más de $19.000 millones. Ya hay para el análisis un desfase de $6.000 millones, pero es solo un ejemplo que podría estar muy cercano a la realidad.

Si atendemos el indicador del 70% nos arrojaría la cifra de $17.500 millones que se destinarían para gastos de funcionamiento -nominas y gastos generales sobre- dimensionados- y los restantes $7.500 que corresponden al 30% irían para la inversión en infraestructura (Inversión Bruta de Capital).

El resultado resulta desalentador, si tenemos en la cuenta que esos $7.500 millones, todos se fondearían, en ese solo primer año, en atender al primer abono a capital más los intereses sobre la deuda pública adquirida con el sector financiero, en el 2011, por valor de $16.000 millones.

Volviendo al escenario real y esperando el resultado de ese concurso de voluntades, desde lo político, económico y social, muy interesados en sumar esfuerzos para sacar adelante la ciudad.

La propuesta se centraría, primero en comprometerse -el municipio- con ese enorme esfuerzo fiscal invirtiendo la tendencia a la baja y buscando estabilizar las finanzas.

Ya que en un año es imposible recaudar más allá, de lo que muestra la media, y que esta en los $600 millones anuales adicionales. ¿Será posible esa gesta?

Más la disposición de darle aplicabilidad a la ley 1508 de 2012 donde se establece el régimen jurídico de las asociaciones público privadas.

Derivado de lo anterior  y para finalizar; se espera que  las decisiones que se tomen en materia de inversión, en ese nuevo periodo, gran parte de ellas se centrarán en escuchar las propuestas, de ese concurso de voluntades, donde debe de quedar muy claro la forma de asociación y las diferentes alternativas de financiación, esta ultima, cuando solo es la iniciativa del municipio.

En el primer caso su aplicabilidad -de las  APP – radica en que el municipio aporte los terrenos propios o los que resultaren del cruce de cuentas por pago de impuestos con particulares más el aporte de socio capitalista; donde una posibilidad es que se encargue del resto de la inversión.

Cuando la iniciativa es por parte de la administración, lo primero a determinar es con que recurso propio se dispone ya sea para cofinanciar vía recurso propio - que varía entre el 5% y el 25% - luego las diferentes fuentes de financiación vía regalías, SGP entre otras.

Y lo más importante, es si el proyecto es viable atendiendo los mínimos requerimientos como son, entre otros, el estudio técnico, financiero, mercado y socioeconómico para así poder aterrizarlos a la realidad económica y social del municipio; lo contrario  es de la más fina demagogia. Amanecerá y veremos.