Erróneamente se dedujo por
ser temporada de fin de año la actividad proselitista del precandidato a la
alcaldía, el abogado, José Ignacio Londoño Zabala iba a disminuir, todo lo
contrario aumentó la intensidad.
Confirmando, de esta manera,
la férrea intención de trabajar duro hasta el 25 de octubre de 2015 - fecha
prevista para las próximas elecciones - y así obtener el apoyo de las mayorías
en su intención de ocupar el primer cargo del municipio.
Sigue muy comprometida su
agenda de reuniones con empresarios, comerciantes, representantes de gremios y
visitas, puerta a puerta, escuchando las
inquietudes del ciudadano del común.
Antes de entrar en materia, hace
pocos días convocó a un conversatorio demostrando su interés por temas neurálgicos
y de trascendental importancia para el futuro del Municipio de Cartago en el
Norte del Valle.
Ante la imposibilidad por
tiempo y espacio de compartir todos los temas allí tratados, hago un breve
resumen de su intervención; aclarando que solo citaré tres temas que vienen coligados al asunto que hoy nos
ocupa - y no porque tengan relación directa - sino porque coinciden, al ser
evaluados, en la forma deficiente como se prestan esos servicios públicos; realidad
que vá en contra del desarrollo de la ciudad y por ende la calidad de vida de un
poco más de 150.000 habitantes.
Para empezar mencionaremos dos
que hacen parte de su propuesta que
apunta a la necesaria y profunda reestructuración que requiere las Empresas Publicas
Municipales de Cartago ESP. - Emcartago - que tiene que ver con los servicios prestados
por Dicelecsa y Cartagüeña de Aseo Total.
Según Londoño Zabala, la
primera, Dicelecsa debe de volver - como unidad de negocio - a Emcartago ya que
separadamente del deficiente servicio prestado; el análisis desde lo financiero
sugiere enormes potencialidades si se hace un adecuado manejo de sus flujos de
caja.
Juzguemos el porqué: su
promedio de facturación está cercano a los $600 millones de pesos mensuales y
sus gastos de funcionamiento, tal parece, no exceden los $85 millones de pesos;
la diferencia - vista como utilidad operativa - no se ve reflejada en obras de
infraestructura. Mi pregunta ¿Dónde está ese excedente como recurso financiero?
También quedó claro por
parte de conocedores sobre esa materia y que intervinieron, la citada empresa
no ha tomado la iniciativa - para remediar la pésima noticia - de hacerse cargo
del alumbrado público navideño.
Debemos recordar que es el
tercer año que sucede y de manera consecutiva; tal parece es su competencia -la
de Dicelecsa - según contrato suscrito con el municipio hace más de 15 años.
Pregunta…de ser cierto… ¿Porqué el Alcalde Municipal no exige la aplicabilidad
de esa clausula? Y simplemente deja sin alumbrado navideño a toda la ciudad,
con detrimento para el turismo.
Sobre Aseo Total, quedó
claro que la próxima Administración revisará desde lo jurídico dicho convenio
para decidir si se avanza en una alianza público privada -APP -, se abre el
escenario para que ingrese un nuevo
operador o se recupere, la entidad, para nuevamente ser incorporada como patrimonio
de los Cartagüeños.
Viene al caso mencionar que funcionarios
- algunos altos - de la actual administración no son, ni viven en el municipio.
Por lo complejos, no se
ahondó en dichos temas, quedando la certeza que serán tratados y resueltos
durante la próxima administración; a través de la conformación de equipos de
trabajo interdisciplinarios cuya tarea será realizar los estudios pertinentes y
entregar diagnósticos que propongan soluciones administrativas, las que
tendrán aplicación inmediata. Así lo
hizo saber el precandidato.
Terminada la reunión, de
casi tres horas, quedó la sensación - por parte de los asistentes - que Londoño
Zabala tiene muy claro la realidad política, económica y social de la ciudad.
Lo que nuevamente llamó a la
memoria una frase varias veces citada en ésta columna de opinión “El que no sabe para donde va, cualquier camino
lo conduce a ninguna parte” comentario hecho pero hoy debe de ser interpretado
en otro sentido al enunciado y por supuesto alentador.
Queda sobre el tapete el
tema de Emcartago dejando el político evidencia sobre su preocupación por el futuro
que le espera a esa empresa; hoy día en manos de la Superservicios y con el
apoyo de un equipo consultor recientemente nombrado; del que se espera hará un
trabajo profesional y responsable buscando su recuperación como patrimonio de
los Cartagüeños.
El tercer asunto que nos
ocupa hoy, es la inminente privatización
del Instituto de Transito y Transporte; tema que al igual que los anteriores solo
hizo una breve mención.
Hoy lejos de intentar
dilucidar lo que piensa al respecto, además no nos compete; sí deseo, aprovechar
la oportunidad para dar paso al tema de Transito y Transporte.
Hoy, como en el pasado, compartiré
mi posición sobre el polémico tema de la
tercerización de todos los servicios - infracciones, reservas de dominio,
licencias de conducción, matriculas y traspasos entre otros - que presta el,
hasta ahora, Instituto Descentralizado.
Si regresamos al pasado - veinte
años - escuchando atentamente algunos de sus protagonistas nos topamos con
testimonios, sin confirmar, donde se afirma que por aquella época la nomina
central de la Alcaldía del municipio de Cartago en el Norte del Valle se
cancelaba, en gran parte, con los recursos financieros que se obtenían de la,
para ese entonces, Secretaria de Transito y Transporte.
Recordemos que en esa época
la ventanilla del recaudo se encontraba en las instalaciones de la Alcaldía y
bajo la tutela de la Secretaría de Hacienda.
Todo dió un giro de 180
grados, con la aplicabilidad del acuerdo 020 de 2 de diciembre de 2009… “Por
medio del cual se transforma la Secretaria de Transito y Movilidad de Cartago
en una Unidad Administrativa especial denominada Instituto de Transito y
Transporte de Cartago…”
En la constitución de ese
nuevo ente descentralizado se incurrió en graves irregularidades, que darían pie
para pensar que la intención era convertirla en la caja menor del administrador
de turno.
Pruebas tal parece existen
muchas, entre otras, se permitieron amplias facultadas para contratar (sin fijar
techos); contratos que para el 2011 ascendieron a $500 millones de pesos.
En ese cierre fiscal generó
un déficit alrededor de $900 millones de pesos representados en nominas,
asesorías profesionales e inversión y deudas por la no transferencia de recursos
provenientes del Simit y Polca.
A la fecha presumimos existe
parte de ese déficit de 2011, una cartera morosa inferior 4 años de por lo
menos $5.000 millones de pesos, nominas y servicios personales asociados a
nomina; que incluye a personal administrativo, técnico y operativo.
A medianos del presente año,
sostuve una breve conversación con un funcionario de ese Instituto, el cual me manifestó,
sin verificar la información, que en promedio el Instituto de Transito y Transporte,
le debe $30 millones a cada uno de sus funcionarios por nominas,
sin contar con los intereses por mora, transferencias al Simit y Polca, aparte
del posible costo de reintegro de los funcionarios separados del cargo - la mal
llamada reestructuración administrativa - sin cumplir con los requisitos de ley.
Finalmente, poco se entiende,
como hace una administración para poner en licitación la tercerización de los
servicios anteriormente mencionados si dicho Instituto podría tener unos
pasivos cercanos a los $10.000 millones de pesos. ¿Qué empresa privada va a
cargar con todas esas obligaciones?
Aparte de comprometerse el posible
nuevo dueño en adelantar proceso de señalización y semaforización de vías,
entre otros compromisos...Lo que no se privatice ¿Que figura jurídica adoptará y
de quien dependerá?… Entonces… ¿Cual y de quien(es) es el negocio? Amanecerá y
veremos.
