“No
endeudaré mí municipio ni empeñaré el futuro de los Cartagüeños, la
administración “Todos por Cartago” será un gobierno de cara a la comunidad,
eficiente y respetuoso con el manejo de los recursos públicos”. Carlos Andrés
Londoño Zabala.
Con la frase anterior dejó
consignado, como reflexión, en su Programa de Gobierno (PG) “Todos por
Cartago”…Una serena visión, al tiempo que envía un contundente mensaje sobre la
forma como concibe y el camino que tiene que recorrer para cambiarle el rumbo, desde
la función pública, a la ciudad de Cartago en el Norte del Valle.
El asunto que nos ocupa
hoy, tiene relación con las facultades
que el Honorable Concejo Municipal (HCM) le otorgó al alcalde municipal,
abogado y escritor Carlos Andrés Londoño Zabala, para adelantar una reforma
administrativa; que según algunos analistas era necesaria para atemperar la
actual estructura a los desafíos sobre lo consignado en su PG; lo que significa
solicitar una revisión y ajustar la actual planta global.
Tampoco podemos ocultar, tal parece es un secreto a voces, que desde el pasado existe una carga burocrática
improductiva, solo reclaman la nómina cada mes, y rara vez pasan por las oficinas, salvo para tramitar incapacidades, a las que solo en la
resolución de nombramiento pertenecen.
Lo anterior significa que,
desde la gobernanza, cuando el funcionario público no le aporta un valor
agregado, desde lo social o económico, a su función pública -simplemente porque
en la práctica no trabaja - se convierte un gasto recargado que en lugar se
sumar a un proyecto de ciudad; le resta efectividad a la gestión social, que
desde lo intangible es mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
También debemos reconocer
funciona otro tipo de nombramientos - en provisionalidad – con la intención de “mantener”
funcionarios cuya, más que conservar un poder burocrático, función es
intentar seguir controlando algunos procesos administrativos;
asunto que, va en contravía del buen gobierno.
Quedó entonces de
manifiesto, que durante el último año de gobierno y en el segundo semestre, se
hicieron nombramientos y traslados con el objeto de cumplir cuotas políticas –
apoyando un nuevo gobierno amigo – y de cara a las elecciones del pasado mes de
octubre y/o para “ocultar” lo inocultable al examen de la nueva administración
Menciono los dos casos
anteriores; porque, desde lo jurídico, suele
suceder que los que ostentan el cargo de libre nombramiento y remoción o en
provisionalidad pretendan, atendiendo intereses politiqueros, atornillarlos en sus puestos a
como de lugar dándole prioridad al interés particular sobre el colectivo.
En todos los casos, e
independiente de si el funcionario se presenta, diariamente, a trabajar o no; hay
que revisar bien, desde el pasado, en qué fecha se elaboraron las resoluciones de
esos nombramientos y la motivación jurídica que aparentemente les otorgó esa
legalidad y que tal parece los hace “intocables”.
Como viene al asunto que hoy
nos ocupa, no perdamos de vista que la última reestructuración administrativa, de
fondo, se realizó por allá en agosto de 2001, y se rumora que muy pocos fueron
los servidores públicos quedaron en carrera administrativa, plan de saneamiento
administrativo que se adelantó con el apoyo de la Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Situación que se presentó
cuando el municipio debió invocar la ley 550 de 1999, o Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos, firmado el 10 de agosto del 2001; eso hace ya casi 15 años; las
circunstancias actuales, y las decisiones por tomar, nos llevan a recordar esos
hechos.
Toda reforma administrativa,
busca empezar a sanear las finanzas públicas del municipio, atendiendo los principios
de la regla fiscal; que en su presentación más simple significa desarrollar
estrategias para aumentar los ingresos Tributarios y no tributarios, disminuir
los gastos de funcionamiento (nóminas improductivas y gastos generales
innecesarios), generar un ahorro operativo y aumentando la inversión social
real.
Lo anterior significa, en la práctica, no
permitir mayores gastos, disminuyendo la probabilidad que el municipio se siga
endeudando, sin flujos de caja garantizados; lo que se evita a través de un adecuado manejo el Plan Anual
Mensualizado de Caja (PAC). El Tesorero y el alcalde durante los cinco primeros
días de cada mes debe responder la siguiente pregunta ¿Cual es mi flujo de caja
mensual y en qué lo puedo invertir? de acuerdo a lo programado.
Si el municipio no dispone
de un nivel de endeudamiento, no para ser destinado a funcionamiento, sino para
invertir en formación bruta de capital (infraestructura); no significa que la
situación financiera del municipio sea crítica; pero si obliga a un campanazo
de alerta sobre la gestión fiscal que el municipio viene adelantando.
Lo que si es cierto es que lo
esperado, durante el periodo 2016-2019, es una gestión exigente y un manejo
prudente de las finanzas públicas municipales.
Lo anterior debe de llevar a
una reflexión por parte del próximo gobierno municipal, y es llamar a la
austeridad en el gasto público y la mejor manera de empezar es revisando y
controlando los gastos fijos, especialmente los de funcionamiento (Nominas y
gastos generales) así como a las ya famosas cajas menores.
Independiente de si es una
reorganización o reestructuración administrativa, la pregunta es... ¿Cumplen el
perfil exigido por la norma? Y se espera
le genere un valor agregado socio-económico a la gestión del alcalde desde
el desarrollo y la competitividad y acorde con las propuestas dentro del
Programa de Gobierno.
Basados en esas expectativas el
hoy alcalde, Londoño Zabala, deberá darle un giro de 180 grados a la
organización interna desde lo funcional y operativo al nuevo modelo de gestión
por resultados.
Adelantar una reestructuración
administrativa significa hacer más eficiente y eficaz el manejo del recurso
humano, económico, físico y tecnológico; en todos los casos, tal parece se
cocina en fuego lento y con los mejores ingredientes un ambicioso proyecto
político que va mas allá de sentar las bases de una ciudad región. Amanecerá y veremos.
