sábado, 26 de diciembre de 2015

TEMA DE CIUDAD – LOS PRIMEROS CIEN DIAS

Debo confesar que la primera vez que me ocupé de este tema, en ésta columna de opinión, fue durante la última semana del mes de abril de 2012.

Momento que coincidió con la entrega de ese primer informe, los primeros cien días, del hoy saliente alcalde el abogado Álvaro Carrillo, presentado ante la opinión pública de la ciudad de Cartago en el Norte del Valle y atendiendo lo regulado en la ley 489 de 1998 (articulo 31), ley 1450 de 2011 (articulo 16).

Lo que está contemplado, a manera de guía práctica, en ese documento no.3 y que hace parte de una serie de guías elaboradas con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) con el objeto de servir como modelo para una efectiva gestión pública territorial; las más recientes y actualizadas, hoy, en mano de la primera autoridad municipal. Hay que consultarlas y estudiarlas para sacarles provecho.  

En este punto…Usted atento y respetado lector, se preguntará ¿A que viene este tema, si no han transcurrido los primeros cien días? Todo lo contrario son útiles para el empoderamiento y  para entregar ese primer informe a la comunidad.

También sencillo es entender, si se quiere, que la experiencia ha demostrado que es importante leer los informes que resultan de la comisión de empalme; ya que en la práctica casi nunca son analizados en profundidad por aquellos funcionarios que, según la competencia, son los integrantes del nuevo gabinete municipal y como mínimo deben estar atentos, informados y prestos para apoyar las iniciativas y los retos del alcalde entrante.

En esa comisión, tal parece, solo cumplen con el requisito que exige la ley y como acto protocolario donde se revisa y firma el acta, algunas parciales, de entrega y se procede a su archivo.

En la mayoría de los casos no van más allá de lo estipulado en las disposiciones constitucionales y legales, establecidas en la ley 152 de 1994, resolución orgánica 5544 de 2003, resolución orgánica 5674 de 2005, ley 951 de 2005 y el auto 383 de 2010 de la corte constitucional, entre otros. Es decir se convierten, esos informes, rápidamente en letra muerta.

Dicho en otras palabras… Salvo algunos casos… El alcalde entrante generalmente no sabe en la que se metió… ¿Las razones?

No se le informa “todo” lo que realmente sucedió antes de posesionarse y durante los últimos dos meses; lo que se espera va a suceder durante esos primeros 100 días y lo que sucederá, después de conocer “parte” de la realidad administrativa, fiscal y financiera de la entidad. Ojo con eso.

De gran  importancia serán las decisiones que se tomen, para bien o para mal, con base en los resultados fiscales esperados ya sea superávit y/o déficit vía recurso propio, sistema general de participaciones, sistema general de regalías entre otros.

Siempre se estima que el nuevo mandatario cuente con la suficiente iniciativa y logre el empoderamiento necesario - durante esos tres primeros meses - para no quedar solo a merced de su círculo más cercano de asesores y secretarios.

Lo que se espera, del nuevo gobernante, es que la información contenida en los informes de la comisión de empalme, cierres fiscales y lo diagnosticado dentro de los primeros cien días; se convierta en acciones inmediatas para enfrentar las amenazas y/o aprovechar las oportunidades del ente territorial.

Está entonces claro que no debe cometer el mismo error de excusarse - recordemos el refrito de ese discurso durante los anteriores tres primeros años de ese mandato - para hábilmente escudarse en las cifras negativas sobre la deuda publica.

Y de esta manera, al no dejar de señalar el mal estado en que recibió las finanzas del municipio, evadir el problema, sin cambiar el estado de las cosas, negarse a buscar otras alternativas para encontrar una salida digna a su problema; como fue lo que sucedió con la anterior administración 2012-2015.

Es claro entonces que el objetivo de esa guía - El alcalde en los primeros cien días de su administración – “es dar a conocer de manera precisa cuales son las tareas prioritarias que debe adelantar una vez toma posesión del cargo”.

Deja explícito el documento la trascendental importancia de su gestión por resultados para el desarrollo territorial, haciendo énfasis en las consecuencias del ejercicio de sus responsabilidades como ordenador del gasto, como autoridad política y como autoridad de policía.

También pone de manifiesto las acciones importantes y urgentes que debe de adelantar en esos primeros cien días de su mandato; apoyado en actividades que deberá coordinar a través de sus consejos de gobierno.

Para simplificar, el principal reto del alcalde es tener muy claro conque recursos dispone: económicos, humanos, naturales, urbanos, deportivos, culturales e institucionales; que constituyen el potencial de desarrollo para la ciudad.

Con base en lo anterior al alcalde le corresponde planificar el desarrollo y gestionar los recursos para ello; y lo logra con una mirada no en el corto plazo sino construyendo una visión de ciudad en el mediano y largo plazo.

Dicho en otras palabras…Termine ya, con el hábito ya hecho costumbre,  de administrar un municipio durante cuatro años - en el día a día - apagando incendios; o abriendo nuevos huecos fiscales para tapar otros más viejos.

Entendámoslo de una manera más simple, una vez tenga sobre la mesa los resultados del cierre fiscal de 2015 el que se espera, se entregue, durante la primera o segunda semana de 2016.

Con esa información estará al corriente si dispone, o no, del flujo de caja necesario para atender en primer lugar: cuentas por pagar, reservas presupuestales y nuevos fallos arbitrales en contra del municipio.

Cofinanciar nuevas inversiones, continuar con las ya existentes; proponer un estricto plan de desempeño o adelantar un programa de saneamiento administrativo, fiscal y financiero, o por lo menos una reorganización administrativa para ajustar la actual estructura administrativa y poder atender lo contemplado en su programa de gobierno.


Lo anterior lo logra si entiende que hay que trabajar de la mano con el comerciante, empresario, gremios, academia, iglesias, fuerza publica, sindicatos, minorías étnicas, población vulnerable, primera infancia, esquemas de asociación territorial, desplazados, reinsertados y en proceso de reparación entre otros… es decir Todos por Cartago. Amanecerá y veremos.

domingo, 20 de diciembre de 2015

TEMA DE CIUDAD – LA MOVILIDAD

Son diferentes los retos que debe enfrentar el alcalde de la ciudad de Cartago en el Norte del Valle, el abogado y escritor Carlos Andrés Londoño Zabala, igual de arduo son clasificarlos con base en su importancia estratégica y/o de urgencia en los temas de inclusión social.

La clave para abordarlos es tener muy presente la diferencia entre lo importante versus lo urgente; primero es lo primero.

En este orden de ideas y no siendo este asunto lo primero en su importancia, sí lo son las finanzas; visto, en el corto plazo, urgente de intervenir es el tema de la movilidad y el manejo del espacio público. ¡Tremendo caos! ¿Qué imagen le proyecta a usted, atento y respetado lector, el centro de la ciudad?

El asunto que nos ocupa hoy; lo vamos a tratar desde la perspectiva de modernidad y como organización de ciudad, ocupada por propios como por visitantes, frente a la necesidad de implementar un auténtico modelo de movilidad para la ciudad.

Ya que en la cotidianidad - y en ausencia de un sistema práctico de movilidad - lo actual aún conserva, para bien o para mal, la huella que dejaron los líderes de comienzos de la década de los 50’s y los 60´s cuando intentaron planificar la ciudad.

¿Era ya conocido el concepto “planificar” en esa época? ¿Cometieron errores y/o improvisaron? o ¿Solo fue el impulso del sentido común? Hoy el menos común de los sentidos.

Demos paso entonces al asunto que, hoy, nos preocupa…Primero recordando lo dispuesto por el Artículo 24 de la Constitución Política, “…todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público…”.

Lo segundo, lo complementa, la Ley 769 de 2002; el “Código Nacional de Tránsito” dicta normas que rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

La norma establece los siguientes principios rectores: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.

Son las autoridades de Tránsito: Ministerio de Transporte, Dirección de Tránsito y Transporte, Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército Nacional), Gobernadores, Alcaldes e Inspectores.

Son los destinatarios: peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y agentes de tránsito.

Para entrar en materia y bajo el entendido que ésta - la movilidad - tiene como principales responsables, desde lo institucional, a la Secretaria de Tránsito  y a la Secretaria de Gobierno.

Entonces le corresponde, a ellas, el manejo de la movilidad, la primera como autoridad suprema del tránsito la que debe definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política municipal en materia de tránsito. ¿Cumple esas funciones la actual Secretaria, hasta hace poco Instituto de Tránsito y Transporte?

La segunda - Secretaria de Gobierno - velar por la preservación de un ambiente sano (libre de todo tipo de contaminación, visual, auditiva, emisión de gases, impacto en el medio ambiente, etcétera) y la protección del uso común del espacio público. Ojo con esto último.

Sin perder de vista, y transversal a las anteriores, la Secretaria Planeación, por aquello de la autorización de los usos de suelo entre otros.

Ya que ejerce, desde lo técnico, el control necesario para darle forma y contenido  de ese plan de movilidad urbano en la ciudad.

¿Por qué es tan necesario ese Plan de Movilidad? ¿Dónde se refleja la problemática actual? Son preguntas que usted deberá responder al final de esta lectura.

Hoy abordémosla de una manera simple, concluyamos que la primera impresión que recibe el usuario, cuando por fin llega al Parque de Bolívar, es la forma caótica como funciona el centro de la ciudad.

Importante destacar que allí se concentra el patrimonio arquitectónico de la ciudad desde lo religioso, cultural, hotelería, turístico y artístico.

También allí se asienta el sistema comercial, gremios, la academia y lo financiero entre otros, que de alguna manera inciden en su productividad, la conectividad y la competitividad como ciudad de cara al eje cafetero y atendiendo los exigencias del norte del valle. ¿Cómo ciudad región?

Lo anterior genera diariamente un flujo de personas en busca de bienes y servicios, que exige menores tiempos de respuesta para sus cada vez mayores requerimientos frente a la oferta y demanda de los mismos.

Mercado en crecimiento poblacional que debe de ir de la mano con el aprendizaje de una adecuada cultura ciudadana que permita la convivencia pacífica en el uso adecuado del mercado  de esos bienes y servicios.

Hoy la concebimos – la ciudad - de una manera muy diferente; en su actuar y desarrollo es más parecida en el diario trasegar a un pequeño pueblo, donde la organización y la cultura ciudadana dejan mucho sobre que reflexionar.

Conductores y peatones que no transitan por su derecha, arrojan basuras en parques y vía pública, vehículos que al hacer el pare obligatorio no respetan las cebras (rayas blancas, que indican el paso autorizado para el peatón) y se detienen sobre ellas.

Proliferación de vendedores estacionarios y ambulantes, parqueo de vehículos en sitios no autorizados, transitar en sentido contrario por la vías por parte de motos, triciclos, bicicletas y carretas de mano, adelanto de vehículos de manera irregular.

Desplazamiento a una velocidad superior a la estipulada en vías urbanas y céntricas… en fin una serie de irregularidades que pasan generalmente inadvertidas por parte de las autoridades responsables de hacer cumplir esas normas de movilidad y de sana convivencia. ¿Les da temor hacerlas cumplir? ¿Desconocen la reglamentación? ¿Ponen en marcha decretos y normas inútiles?

También es normal observar, semáforos recién instalados en mal funcionamiento, ausencia o deterioro de la señalización en vía publica que evite accidentes, instalación sin autorización de reductores de velocidad que generan accidentes o conflictos entre el peatón y conductor.

En casi todos los casos los comerciantes informales, peatones y conductores actúan sin atender las normas básicas se seguridad cometiendo todo tipo de infracciones como: obstaculizar la vía pública, caminar sobre las vías por sitios no autorizados, uso no certificado del casco, sin licencia para conducir,  sin certificado de revisión técnico mecánica, no uso de cinturones de seguridad entre muchos otros hallazgos.

Transito de camiones y tracto camiones en sector céntrico, saturación de taxis, motos y parqueo sin control de buses, busetas y microbuses; hace que la movilidad en el centro de la ciudad  sea toda una pesadilla.

Como si lo anterior fuera poco entre calles 7a y 14 entre Cra. 3ra y 6ta. Durante los últimos años se ha convertido en un enorme parqueadero de vehículos en vía pública; más la proliferación de zonas azules no autorizadas y falta de control sobre las ya existentes.

En resumen se observa un caos en la administración y utilización del espacio público en la ciudad; lo que conlleva al aumento en los tiempos de desplazamiento – perdidas de tiempo y mayores costos - ya que son comunes los trancones.

Parte de la solución de este fenómeno, se obtiene mediante un trabajo de equipo a través de una alianza estratégica entre la Fuerza Pública, la Secretaria de Transito y Transporte y la Secretaria de Gobierno.

Cuya principal misión es la “…seguridad, movilidad, prevención y aplicación de la norma, avanzando de manera progresiva en el desarrollo y fortalecimiento de procesos de prevención, pedagogía y sensibilización en general, con énfasis en la población adolescente…”. En otras palabras hay que ir hasta los colegios y universidades, para dar cátedra sobre esta problemática y en la calle para el universo de conductores y peatones.

Para empezar, y con las limitaciones logísticas actuales, como la falta de guardas y la de un terminal de transportes terrestre por mencionar algunas; estas tres entidades Transito, Gobierno y Planeación en un esfuerzo conjunto, deben crear un Observatorio Experimental sobre el Manejo del Transito y el Espacio Público, en un trabajo de campo real.

El cual funcionaría de la siguiente forma: Primero: Identificar el área crítica a ser estudiada, monitoreada y valorada, la cual podría ser, desde la Calle 7 hasta la calle 14, entre la carrera 3 y la carrera 6.

Segundo: En ese cuadrante se llevarían a cabo operativos diarios orientados a identificar, valorar y corregir operativamente las infracciones más frecuentes y el inadecuado uso del espacio público.

Tercero: Campañas de pedagogía (charlas, video capacitaciones, mimos, etcétera) sobre el adecuado uso de las vías según el tipo de infractor en general, transeúntes, en sillas de ruedas, bicicletas, triciclos, carretillas, carretas, busetas, camiones, taxis, vehículos, vendedores ambulantes, vendedores estacionarios, uso de andenes, uso de zonas azules (en el área delimitada para carros, parquean motos y en área de motos parquean carros).


Cuarto: Comparendos pedagógicos, en una primera fase, orientados a cambiar los hábitos en el uso del espacio publico y el transito y  Quinto: Sanciones por incumplimiento de las normas. Amanecerá y veremos.

sábado, 12 de diciembre de 2015

TEMA DE CIUDAD - DEL DESEQUILIBRIO Y EL CIERRE FISCAL 2015

Si pudiéramos observar el listado de los cinco (5) mejores alcaldes a nivel nacional seguro comprobaríamos que su gestión se basó por objetivos.

Lo anterior significa que se impone - hace ya varios años - el modelo de una moderna administración pública que sin lugar a dudas está centrada en el enfoque gerencial.

Que en esencia es aquel que logra cambios en la forma de hacer las cosas, de manera eficiente y eficaz y por consiguiente obteniendo resultados efectivos.

¿Cómo lo logran? sencillo de describir y difícil de aplicar, mientras no haya voluntad política para realizarlo, por aquello que el cambio comienza cuando de verdad se evalúan, con rigor, los procesos de cierre administrativos, contables y financieros antes del informe final que entrega contabilidad, presupuesto y la tesorería.

Entonces no deben ser vistos como una actividad que solo se realiza al final del año fiscal y cuando, se presume, ya se han tapado, mediante actos administrativos y otros subterfugios, los principales huecos fiscales… Dejando otros más pequeños y fáciles de cuantificar o “maquillar”.

La experiencia acumulada nos sugiere que para intentar promover cambios en el estilo de la gestión pública, debe de haber un positivo cambio de actitud administrativa, en manos del ordenador del gasto (OG) y sus colaboradores.

La intervención no se debe centrar solo sobre los principios de planificación estratégica - al final del periodo - , que de hecho es necesaria - más grave si las decisiones se toman sobre el día a día y apagando incendios – definitivamente debe estar acompañada de una intervención operativa periódica.

Es decir la nueva administración deberá estar basada por objetivos - administración por resultados - que deberán ser evaluados trimestral o semestralmente en relación a los cierres parciales; y no solo al finalizar una vigencia fiscal cuando ya nada se puede corregir frente a un “esperado” desbordamiento del gasto público.

Dicho en otras palabras, para empezar,  lo ideal sería: primero. Liquidar y ejecutar un presupuesto por unidad de negocios o secretarias; segundo. La toma de decisiones por parte del OG debe ser con base en el plan anual mensualizado de caja (PAC); tercero. Realizar cierres parciales mínimo uno semestral desde lo contable, presupuestal y de tesorería.

¿Habrá voluntad política para hacerlo? ¿Resistencia al cambio? ¿O por fin se impondrá un modelo de gestión por objetivos?

Ya puesto en contexto el tema de hoy, empecemos resolviendo primero el tema del desequilibrio fiscal, que no es otra cosa que gastar más de lo que ingresa con base en la utilización de los recursos propios, principalmente en lo recaudado vía: predial, industria y comercio y sobretasa a la gasolina; y siendo el caso de la ciudad de Cartago en el Norte del Valle que se encuentran pignorados hasta la vigencia fiscal de 2025.

Lo anterior no significa que no se pueda hacer uso de esos recursos; ya que en la práctica, se utilizan para  pagar básicamente los gastos de funcionamiento.

Diferente es lo estipulado en los acuerdos de endeudamiento, autorizados por el Honorable Concejo Municipal (HCM)  que sirven, aparte de restringir la capacidad de endeudamiento, sí, como respaldo para el acreedor, es el caso Infipereira, en el evento que la administración se niegue - cesación de pagos - atender el servicio a esa deuda.

Que para la vigencia fiscal 2016  asciende a la suma  $6.513 millones derivado del último desembolso de $16.000 millones durante el 2011 sobre el préstamo para el Plan Municipal de Aguas; que definitivamente le cambió el Marco Fiscal de Mediano plazo al Municipio; ya que tal parece no había capacidad de endeudamiento real. 

En este orden de ideas el próximo alcalde el abogado y escritor Carlos Andrés Londoño Zabada deberá, para enfrentar ese desequilibrio fiscal, tomar medidas urgentes para el diseño de un nuevo Plan de Desempeño - a través de un programa de saneamiento administrativo, fiscal y financiero - con autonomía municipal; y a las puertas de una reorganización o reestructuración administrativa.

Recordemos brevemente que parte del caótico manejo de las finanzas públicas municipales dió inicio desde el mes de noviembre de 2007.

Cuando tal parece recursos destinados al Fondo para la Consolidación del Patrimonio Autónomo Pensional del Cartago y el Pasivo Contingente del Municipio, terminaron con una  destinación diferente - acabaron como Fondos Comunes de libre destinación - durante la vigencia fiscal 2008. ¿Cómo se encuentra ese fondo en la actualidad?

Recursos que atendían obligaciones y compromisos adquiridos a través del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que se liquidó al corte de la vigencia fiscal 2007; con reconocimientos por parte del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Apoyo Fiscal pública.

Ese anterior desequilibrio fiscal real - diferente al “técnico” - se presume se acrecienta con  el análisis de los déficit acumulados que el municipio viene arrastrando desde el cierre de la vigencia fiscal 2011 por $16.336 millones.

A parte de unas cuentas por pagar para el 2012 de $10.927 millones y unas reservas presupuestales por $6.564 millones, sobre las que no hay certeza si fueron atendidas o no y en su mayoría  por el sector de agua potable y saneamiento básico.

Continuado con el asunto que nos ocupa hoy; analizando el cierre de la vigencia fiscal del 2013, según decreto no. 128 en ese acto administrativo se reducen los Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) en $988 millones, los registros presupuestales en $177 millones, los ingresos en $607 Millones y los gastos en $607 millones.

Acto a seguir según decreto no. 129 de diciembre 30 de ese mismo año, se constituyen cuentas por pagar por valor de $86 millones de pesos; y finalmente según decreto no. 130 de 2013 se constituyen reservas excepcionales por valor de $1.387 millones de pesos; estos dos últimos actos administrativos creemos estaban amparados con recursos fondeados en los bancos de la tesorería, como lo estipula la doctrina presupuestal.

Para el cierre fiscal de 2014, el procedimiento se repite, mediante decreto no. 125 de diciembre 26 de 2014 se adicionan unos recursos de Educación vía Sistema General de Participaciones (SGP), se disminuyen registros presupuestales por $1.313 millones y se disminuyen CDP por $5.646 millones. 

Según decreto 129 de diciembre 31 de 2014, se constituyen unas cuentas por pagar por $1.718 millones, unas reservas presupuestales por $2.546 millones; estos dos últimos actos administrativos creemos estaban amparados con recursos fondeados en los bancos de la tesorería, como lo estipula la doctrina presupuestal. Pregunta ¿Se aplazaron pagos por esas sumas? ¿O se legalizó solo la diferencia?

Lo anterior son tramites que se utilizan para ajustar y cerrar los presupuestos tanto de ingresos como de gastos necesarios para el cierre fiscal; lo mismo se espera se haya dado en el área contable y de tesorería.

Recordemos los pasos básicos para adelantar un cierre fiscal, en el entendido que éste no necesariamente debe empezar a elaborarse bajo “tecnicismos” y como una actividad posterior a los quince o veinte días del mes de diciembre y previos al cierre de fin de año.

La propuesta es que los cierres parciales deben de realizarse por lo menos una vez, mes julio, durante toda la ejecución  fiscal; aclarando que todo control debe dar comienzo en el mes de mayo, cuando se revisa el cumplimiento de lo estipulado en el plan financiero para ese año.

Recordemos que durante el primer trimestre ingresa un poco más del 70% de lo presupuestado vía recursos propios; cifra que se confrontará con lo ejecutado a través del PAC en el mismo periodo para tener un primer porcentaje de cumplimento de lo real versus lo presupuestado.

Para finalizar demos paso al procedimiento del cierre fiscal esperado para la vigencia fiscal de 2015:

Todo comienza con la decisión del ordenador del gasto, a iniciativa de la Secretaría de Hacienda, para citar - por tardar la última semana del mes de noviembre - al Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS) para determinar los pasos a seguir encaminados a la programación y ejecución del multi-mencionado cierre.

En esa primera reunión deben de estar presentes como invitados especiales el Tesorero, el Contador, el Coordinador de Presupuesto y el Jefe de Sistemas.

Seguido y en el orden del día quedaran establecidos las fechas para: adelantar los cierres parciales  en cada una de esas dependencias adscritas al equipo económico del municipio, que deberán quedar listos por tardar al 30 de diciembre, y no en la primera o segunda semana de enero como suele suceder.

Inmediatamente termina esa reunión, el Alcalde Municipal indicará la fecha para citar a un Consejo de Gobierno y socializar lo acordado en el Comfis y así involucrar, a cada una de las secretarias y subsecretarias, en los pasos y en el tramite a seguir para la legalización de los diferentes gastos pendientes por concepto de funcionamiento o inversión.

Lo anterior significa que a partir de una fecha ya determinada, por ejemplo 20 de diciembre, el municipio debe evitar cualquier tipo de nueva contratación, salvo los pagos recurrentes - nominas – y en casos comprobados de importancia estratégica o urgencia manifiesta.

Con las anteriores salvedades: primero, la sección de presupuesto depurará el listado de disponibilidades presupuestales (DP) – debiendo quedar el listado definitivo en cero – se adicionaran los mayores valores recaudados tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos y se abstendrá de elaborar nuevas DP y RP, quedando cerrado el modulo de presupuesto

Segundo, dejará identificado el listado de los Registros (RP) y las Órdenes de pago (OP) a la espera que Tesorería haya llegado a un primer cuadre interno con sus cajas y bancos en relación a la información contable.

Proceso que se facilitará si ha hecho buen uso del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) herramienta que evitará el desbordamiento del gasto mensual.

La Tesorería se negará a recibir cuentas de cobro y a girar cheques, a partir de esa fecha prevista (20 del mes).

Contabilidad al tiempo adelantará el proceso de depuración contable durante todo el año, en la fecha prevista, cerrará el modulo y no permitirá ajustes en las diferentes áreas comprometidas en el cierre como lo son presupuesto y tesorería.

El área de sistemas debe garantizar que por tardar, a la fecha antes prevista (20), estén cerrados e inmodificables los módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería. Para así evitar “ajustes” en cualquier de los cuatro módulos; ya que dificulta y extravía el cierre.

El cierre fiscal en su expresión más simple consiste en conciliar desde la tesorería que las cuentas por pagar y las reservas presupuestales - previo cuadre entre contabilidad y presupuesto - tengan un verdadero respaldo al 31 de diciembre en las cajas y los bancos.


Los cierres fiscales se han convertido en un terrible dolor de cabeza para los funcionarios involucrados, máxime cuando estos “cuadres” desde lo contable arrastran déficit de vigencias anteriores; que obliga, a los encargados, ha realizar una serie de “ajustes” que hace casi imposible seguir el rastro - por parte del novato observador - de lo sucedido en la anterior o anteriores vigencias. Amanecerá y veremos.  

sábado, 5 de diciembre de 2015

TEMA DE CIUDAD – LA LIQUIDACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL

Para casi todos empezando por los altos funcionarios públicos, sindicato, contratistas y proveedores hasta los miles de usuarios en situación de alta vulnerabilidad, como siempre, los más perjudicados; no fue ninguna sorpresa la noticia, el pasado lunes 30 de noviembre, sobre la oficialización del trámite de liquidación del Hospital Departamental (HD) en la ciudad de Cartago en el Norte del Valle.

De hecho el procedimiento estaba “cantado” desde hacía más de tres años; hoy en manos de la Superintendencia Nacional de Salud, es decir era la crónica de una liquidación anunciada. ¿Porqué razón?

Son muchos los argumentos para demostrar desde esa fecha y actualmente su inviabilidad; al punto que tal parece no soportaba un programa de saneamiento administrativo, fiscal y financiero por parte de dicha entidad departamental.

Lo primero que debemos reconocer fueron las iniciativas y el esfuerzo de cientos de ciudadanos del común para evitar su liquidación en especial por parte de la veedora en salud, Emma Lucia Vélez Toro y el abogado Héctor Fabio García García; solo para algunos estaba la opción de salvamento a través de una reestructuración y/o nueva inyección de recursos de capital.

Cada uno con su estilo propio y argumentos intentaba defender lo indefendible del otrora patrimonio de la salud en la ciudad; el problema de fondo era, que de darse lo esperado…El paciente continuaría con los mismos síntomas y el síndrome seguía sin tratamiento; solo era esperar otros 5 años más para volver a la misma situación administrativa.

Sin entender, la mayoría, lo complejo del tema e independiente de las otras propuestas de campaña, éstas últimas más por razones políticas y aprovechando el cacareo de los veedores ciudadanos; el actual alcalde electo - el abogado y escritor - Carlos Andrés Londoño Zabala, los demás candidatos y la gobernadora electa, la médica, Dilian Francisca Toro Torres; absolutamente todos, incluido usted atento y respetado lector, hacían eco de la crisis sin atender a sabiendas que nada se podía hacer aparte de liquidarlo.

En este orden de ideas, actuando de manera razonable, lo primero que tenemos que recordar es que con la ordenanza No. 005 del 12 de Enero de1996 el Hospital Sagrado Corazón de Jesús empezó a dejar de ser patrimonio de la ciudad.

Por cuanto, en ese acto administrativo hace ya casi 20 años, se le trasladaron “técnicamente” los pasivos laborales y pensionales de los trabajadores, al nuevo ente departamental por aquello de los derechos adquiridos mediante convención laboral y exigida por el sindicato de trabajadores de ese entonces, ese fue el único paso importante que se dió, ojo, pero sin definir su nueva naturaleza jurídica.

Resaltando, para esa época, que en la práctica quedó ese pasivo pensional y prestacional sin atender ni fondear financieramente, tal parece solo en el papel.

Lo anterior significa que desde hace aproximadamente dos décadas nos quedamos, sin saber, sin el hospital municipal Sagrado Corazón de Jesus; la marulla consistió en que los cambios, que se dieron, tenían como base unos muy bien elaborados tecnicismos jurídicos-administrativos que finalmente no resolvían la quiebra o iliquidez de ese entonces; situación que esperamos no vuelva a suceder.

Tres años después – como verán se impone esa regla del trienio -  según decreto 0944 de 1999 se ordenó su liquidación con enormes vacíos, el resultado, a la nueva entidad Hospital Departamental de Cartago Empresa Social del Estado no se le definió la naturaleza jurídica - técnicamente quedaron funcionando dos hospitales - y desde su creación empezó a funcionar con un “déficit” sin aprovisionar contablemente y mucho menos sin fondear financieramente ese antiguo pasivo laboral y pensional.

La anterior “confusión” técnico-administrativa, y desde esa época,  convirtió al hasta hoy HD en patrimonio de nadie; donde políticos, de todas las estirpes y estratos, hicieron uso y abuso de los recursos nacionales y departamentales; convirtiéndose sus flujos de caja y de inversión – donde no se necesitaba - en un jugoso botín donde todos disfrutaban de una “pequeña” parte. ¿Quién se quejaba hace 20 años?

Hoy comprobamos que todo obedecía a una bien elaborada trama - no en manos del alcalde de ese entonces - ya que mediante acuerdo 005 del 7 de marzo del 2000 y el decreto 015 de 17 de marzo del mismo año, para cerrar el ciclo,  se creó la I.P.S del Municipio de Cartago como Empresa Social del Estado, con carácter de institución de orden municipal, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. ¿Se repetirá la historia?

Lo que ocurrió, en términos muy simples, y con la puesta en funcionamiento de ese nuevo ente descentralizado - IPS – empezando con la prestación del servicio de oxigeno poco a poco el nuevo HD fue perdiendo cobertura en la prestación de los principales servicios de asistencia medica y hospitalaria.

Y si ha lo anterior le sumamos la incompetencia y negligencia de las últimas gerencias; facilitaron la postración financiera que presenta esta última entidad departamental.

Muy tarde se prendieron, de nuevo, las alarmas, y ello ocurre cuando queda manifiesto al cierre fiscal del 2012 que el Departamento del Valle del Cauca  no puede atender el enorme déficit de un poco más de $12.000 mil millones; más los gastos de funcionamiento (nominas y prestaciones) a razón de $800 millones mensuales, lo que nos daría con corte al fin de año $9.600 millones de pesos más, para vigencia fiscal 2013; sin contar los gastos generales (mantenimiento, materiales y suministros, entre muchos otros) y de inversión necesarios para su normal funcionamiento.

Lo que fácilmente nos llevaría, hoy, a una cifra cercana a los $40.000 millones de pesos aproximadamente, según informe de la auditoria de la Supersalud.

También recordemos que por esa época el Secretario de Salud Departamental, el Medico Fernando Gutiérrez propuso la creación de una E.S.E. que manejaría los niveles 1, 2, 3 y ambulatorio de salud.

Sus razones: El alto funcionario público Departamental, dejó siempre claro que “la crisis no da para tener dos Instituciones de Salud en Cartago IPS Municipal y Hospital departamental”.  ¿Que hacer entonces ahora y después de la liquidación del HD?

Siguen las palabras, para esa época,  de Gutiérrez  “La propuesta es técnicamente factible, la venimos proponiendo desde el año pasado, no es un tema de liquidación ni de cerrar el hospital, ni la I.P.S. sino conjugarla en una sola entidad más fuerte y transformada”.

Hoy con la liquidación en manos de la de la Superintendencia Nacional de Salud, para ellos, está claro que no es factible esa anterior propuesta. ¿Cuál será la nueva oferta después de la liquidación? ¿Cuánto durara ese proceso? ¿El nuevo ente tendrá carácter Subregional?

Es decir para que atienda de manera eficiente y eficaz los diferentes requerimientos, aprovechando su privilegiada ubicación geoestratégica, y demandas de servicio de atención y urgencias en salud para los municipios de la zona norte como lo son: Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, Versalles y San José del Palmar; zona que suma casi 350.000 habitantes que en una alta proporción pertenecen al régimen subsidiado en los estratos 0, 1, 2 y 3.


¿Se privatizará o será una alianza público-privada? ¿Primará el interés de casi 350.000 habitantes del Norte del Valle? En todos los casos, la actual gobernadora electa, Toro Torres, conoce muy de cerca este complejo manejo de la salud en el departamento y la ciudad; que mueve anualmente solo desde lo municipal, a través del Fondo Local de Salud cerca de $42.000 mil millones de pesos. ¿Cual será el presupuesto estimado del nuevo ente de salud? ¿Quién lo va a administrar? ¿O será solo el cambio de nombre del aviso? Por sus obras los conoceréis… Amanecerá y veremos. 

sábado, 28 de noviembre de 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 – DE LOS GASTOS

Empecemos recordando - aunque suene irónico desde la teoría, más adelante entenderán el porqué - que el presupuesto municipal no es un acto administrativo aislado; centrado en la gestión y la asignación de unos recursos, con una clara intención de satisfacer necesidades básicas de interés colectivo.

Todo lo contrario, es en esencia una herramienta de planificación, control y de ejecución administrativa, fiscal y financiera que debe reflejar, de forma efectiva, la manera de como se gerencia, para nuestro caso, el Municipio de Cartago en el Norte del Valle.

En este orden de ideas; los responsables son en su orden: el alcalde y el comité municipal de política fiscal (COMFIS); encargados de diseñar el Plan Financiero (PF), Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de Desarrollo (PD); todos los anteriores documentos inmersos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Todo lo anterior según la Constitución Política en su artículo 313: es al Honorable Concejo Municipal (HCM) el que le corresponde votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales; así como dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.

Lo anterior significa que dicha aprobación del presupuesto, no debe estar sujeto, ojalá así sea, a la burocracia y al clientelismo, siendo así se avanzará en el diseño de sanas políticas administrativas, fiscales y financieras que propendan por alcanzar crecimiento y desarrollo sostenible con responsabilidad social y medio ambiental.

Ya puesto en el contexto, el tema de hoy, intentemos interpretar las cifras de los gastos y apropiaciones  propuestos en el Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2016.

Por obvias razones, no me concentraré en el presupuesto de inversión que asciende a la suma de $104.819 millones, más el valor de las vigencias futuras; lo que se supone fue bastante discutido.

Cifras que se espera estén ajustadas a las directrices de los Compes Sociales, Ley de regalías entre otras; y a lo reglado en la ley 715 de 2001 o del Sistema General de Participaciones (SGP).

Aparte de lo aprobado en pasados acuerdos municipales; que reglamenta el uso de los recursos provenientes de las sobretasas y las estampillas.

Entrando en materia analicemos las cifras consolidadas de los gastos de funcionamiento durante las últimas vigencias fiscales.

Tabla No.1
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN MILLONES
AÑO
CONCEJO
PERSONERIA
ALCALDIA
TOTAL
2012
695
193
16.427
17.315
2013
590
206
12.888
13.685
2014
599
172
11.832
12.605
2015
630
180
12.897
15.708
2016
664
189
14.698
17.670
Fuente: Proyectos de Presupuesto 2012,2013, 2014,2015 y 2016

Empecemos recordando que el presupuesto de 2012 fue elaborado por la anterior administración - y la de 2016 por la actual - es decir al abogado Álvaro Carrillo le autorizaron “generosamente” para el 2012 unos gastos de funcionamiento para la alcaldía de $16.427 millones. ¿O eran para el adversario en contienda electoral?

Cifra que a la vigencia fiscal siguiente quedó ajustada, en un menor valor de $3.539 millones, en $12.888 millones; para seguir bajando en el 2014 en $1.056 millones; y volver a incrementarse para el 2015 en $1.065 millones quedando en $12.897 millones como lo muestra la anterior tabla.

Llama poderosamente la atención que el equipo económico actual de nuevo incrementa en $1.801 quedando en $14.698 Millones; incrementos  acumulados que corresponden a $2.866 entre el 2014 y 2015 para ser ejecutados en el 2016. 

¿Nuevas asignaciones presupuestales “generosas” de principios de mandato? ¿Tasando el mal hecho? o ¿Estarán provisionando próximo déficit fiscal de funcionamiento o nominas oficiales? Muy diferentes a las paralelas; que también terminan marcadas en los decretos donde se constituyen déficit en inversión o como reservas presupuestales.

En todos los casos la tabla anterior muestra - oscilación en los gastos de funcionamiento - con clara improvisación o negligencia y la ausencia de una política pública desde lo fiscal  y financiero, ausente de planeación y planificación de esos gastos y por supuesto, tal parece, sujeta a los caprichos no del gobernante de turno, sino atada a otro tipo de intereses. ¿Quien los representa?

Claramente se observa un aumento, en la estimación, de los gastos globales de funcionamiento del municipio de $2.972 millones para la vigencia fiscal de 2016; debiendo tener muy presente que para la presente vigencia de 2015 aún falta el cierre fiscal que determinará el déficit o superávit del período.

Con la anterior aclaración; observamos los gastos del concejo que se incrementa en un 5.4% aproximadamente, frente al 2015, ajustándose al protocolo de proyección; igual acontece con el gasto de personería en un 5% en el mismo período; y en un 13.96% aumentan  los gastos de la Alcaldía. Ojo con eso.

Observemos entonces  los gastos de la Alcaldía, a saber:

Tabla No.2
GASTOS ALCALDIA EN MILLONES
AÑO
PERSONAL
GENERALES
DEFICIT-FUNC.
TOTAL
2013
7.543
2.621
2.724
12.888
2014
9.120
2.299
ND
11.832
2015
9.539
2.024
ND
12.897
2016
10.323
2.816
ND
14.698
Fuente: Proyectos de Presupuesto 2013, 2014,2015 y 2016

Observado el nuevo comportamientos de las cifras; algunos analistas, podrían concluir que es el resultado del maquillaje en las cifras; otros, insistirán, en que se oculta, entre los montos, alguna información básica - generalmente manipulable - y que no hay certeza si redundaría en beneficio o menoscabo de las resultados fiscales al final del ejercicio fiscal del 2016.

Es probable que, finalmente, estas cifras estuvieron adecuadamente explicadas y aclaradas por la Secretaria de Hacienda y su equipo económico durante la etapa de estudio, discusión y aprobación del proyecto; por ahora, estas son mis interpretaciones.

El cuadro No.2, indica que los gastos de personal se han incrementado aproximadamente en un 8% lo puede significar una de estas dos siguientes situaciones:

Primero. No tuvo ningún efecto, la última reorganización administrativa - derivado del decreto 118 de 2012 que modifica el decreto 097 del mismo año o programa de saneamiento fiscal y financiero para el municipio de Cartago.

Segundo. En esa cifra está incluido, el déficit de funcionamiento estimado para la actual vigencia fiscal. O las dos anteriores.

En el análisis de los Gastos Generales; llama de nuevo la atención que éstos se hayan incrementado en un 39%; recordemos que los principales conceptos que afectan esa cifra son: materiales y suministros, protocolo, eventos y festividades, mantenimiento, impresos y publicaciones, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, entre otros, todos asociados al despacho del alcalde. ¿Se repetirá la historia del 2012?

Capitulo especial, y aparte,  merece el análisis de los déficit que viene arrastrando el municipio desde la vigencia fiscal 2011 por $16.336 millones; a parte de unas cuentas por pagar para el 2012 de $10.927 millones y unas reservas presupuestales por $6.564 millones la mayoría del plan municipal de aguas.

Lo anterior busca entender el porqué durante la vigencia fiscal 2013, tal parece, se presenta un superávit de tesorería por valor de $4.609 millones.


La única manera de analizar esa información, pendiente, es tomándola en su conjunto cruzándola  con la contenida en los actos administrativos de esa fecha y durante los periodos 2013 y 2014 donde no se reconocieron déficits y frente a lo legalizado por el mismo concepto y a la fecha no me cuadran las cifras. ¿Las razones? Pueden ser muchas. Amanecerá y veremos.