TEMA DE CIUDAD - LA CÁRCEL MUNICIPAL

Para dar inicio a esta breve ficción recordemos un poco su historia: Según escritura pública 998 de septiembre 29 de 1950 el Municipio de Cartago adquirió un lote de terreno - en el sitio que hoy ocupa el inmueble -  ya para el año 1961 terminó de ser construido el actual edificio de la cárcel municipal, también llamada Las Mercedes - por aquello de la patrona de los reclusos - o el Piñal. Este ultimo acuñado por la tradición popular; desconociendo el origen y significado del porqué ese nombre.

Con más de medio siglo de funcionar y confinar historias, algunas inverosímiles, podríamos especular que el edificio sobrevive como una construcción antigua, sin los mínimos requerimientos sobre sismo resistencia, y precariamente funcionando con una red de servicios públicos - acueducto, alcantarilladlo y energía - obsoletos, algo similar podría estar sucediendo con el municipio de Cartago en el Norte del Valle, generando sobre-costos en la utilización de esos servicios;  reflejado en alto consumo de energía y cortos circuito por sobre-cargas, perdidas y baja de presión del suministro de agua potable, fugas y reflujos en los sumideros destinados para las aguas residuales, que obligaría en casos extremos, que se conozca públicamente nunca se han reportado emergencias sanitarias por brotes virales y enfermedades infectocontagiosas,  de no ser cierto – esperemos que solo esté en la imaginación - un  poco más de 600 internos, estarían en peligro de una epidemia.

Que obligue a los guardas y supervisores coordinar rondas y turnos  para atender y hacer cumplir los requisitos mínimos sobre el aseo diario, la alimentación y recreación a través de la práctica del deporte y/o una relajante lectura.

Tal parece la realidad en dicha institución, se presume, es totalmente diferente a pesar de la paquidérmica  aplicabilidad de la Ley 1709 de 20 de enero de 2014 que le hace reformas al Código Penitenciario y Carcelario; al crearse la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ya que esa Dirección General, desde Bogotá, es la encargada de licitar, contratar y entregar las obras de mantenimiento e infraestructura, adjudica el servicio de alimentación, entrega de mobiliarios, equipos médicos y odontológicos y hospitalarios y cancelación de nominas entre otros requerimientos necesarios para el normal funcionamiento de la institución como el mantenimiento del parque automotor y el suministro de combustible.

Desde lo local la dirección está en manos de la Administradora Educativa y especialista en orientación escolar Karla Liliana Torres González que aparte de las labores netamente administrativas debe de coordinar el control y la vigilancia de los reclusos, además de gestionar recursos adicionales externos para garantizar la efectividad de la operación de la institución;  tendientes a mejorar la calidad de vida y propender por la inclusión social de los reclusos, ya que a pesar que todos los gastos de funcionamiento e inversión están centralizados y tercerizados como lo contempla la citada ley presumiblemente generando retrasos y congestión al momento de prestar esos servicios; de otro lado a esos 10 municipios también les compete una parte de esa responsabilidad de atender, vía presupuesto y flujos de caja, con algunos gastos de funcionamiento, entendamos el porqué.

El EPMSC de Cartago, depende de la regional del viejo caldas; a pesar de ello, y desde el enfoque administrativo, atiende y recoge todos los casos originados en los 10 municipios del norte del valle a saber: Incluido San José del Palmar (Choco), Alcalá, Ulloa, Cartago, Ansermanuevo, Obando, La Victoria, Argelia, El Águila y el Cairo que suman casi los 250.000 habitantes.

Para el caso que hoy nos ocupa, el citado establecimiento penitenciario y carcelario, dispone de un cupo para 428 internos; a la fecha se registran aproximadamente 586 personas privadas de la libertad - existe una población flotante que permanentemente entra y sale al cumplir la condena - situación que algunos analistas consideran no constituye sobrepoblación carcelaria o hacinamiento. Asunto sobre el que no tengo los elementos de juicio para opinar.

Clasificados de la siguiente forma: Condenados: 411 y sindicados 175 sobre estos últimos tal parece su responsabilidad recae en las administraciones, municipales de donde son origen los sindicados o son remitidos.

Ya que la imposición de atenderlos está reglada en la ley 65 de 1993 según los artículos 17 al 19; que entre otros determina: la obligatoriedad de atender la dotación de elementos y recursos necesarios para los internos, reparación, adaptación y mantenimiento de edificios y de sus servicios si son, el establecimiento, propiedad de los departamentos y municipios.

Sin contar con los extramurales - casa por cárcel - : Con un poco más de 200 casos y que tipifican delitos por violencia intrafamiliar, o comprobada autoría intelectual o material en la elaboración y difusión de pasquines o amenazas en contra de la comunidad o representantes de ésta, aclarando que con el multimencionado último fallo  por calumnia sobre comentarios en la internet, la jurisprudencia ordena arresto en establecimiento penitenciario;  entre otras transgresiones menores.

De otro lado y refiriéndonos a la financiación y sostenimiento, ha riesgo de olvidar algunos benefactores que apoyan la labor de Torres González es necesario reconocer las entidades que prestan atención a la gestión que allí se realiza: Corporación Diocesana, otras iglesias, el Sena, Corporación de Estudios Tecnológicos, Cadenas del Valle, País Humanitario y la Asociación de Bordados entre otros.

También y en el corto plazo se tiene programado para las próximas fiestas aniversarias de la ciudad una rueda de negocios entre posibles clientes y los artesanos del centro penitenciario para entrar a comercializar sus trabajos manuales con el acompañamiento de la Abogada Miriam Fernanda Castro Londoño.

Estas son algunas de las iniciativas que se encuentran pendientes para ser autorizadas y ejecutadas por parte de la actual administración municipal de la ciudad: el sistema de cámaras de seguridad para la vigilancia y control en la Institución y una  sala virtual esta ultima de carácter urgente e importante para así evitar el desplazamiento de internos a las audiencias públicas para trámite de absolución o  imputación de cargos.

Finalmente un tema pendiente de resolver, y también del resorte de la actual administración, que no requiere de la utilización de flujos de caja de esta ultima; mejor aún, tal parece le permite al municipio recibir nuevos recursos vía Sistema General de Participaciones en educación (SGP-EDU); es la Educación Penitenciaria, autorización que se logra al expedir una resolución, por parte del Alcalde Municipal y la Secretaria de Educación, para otorgar  la licencia de funcionamiento que debe de incluir todo el protocolo para legalizarla y que tal parece se encuentra en funcionamiento con los internos en dicho establecimiento carcelario; aclarando que este modelo educativo ya está aprobado y funcionando en otros centros de reclusión en el País. Amanecerá y veremos.

A PROPÓSITO DE LA TERCERA VÍA

Desde el mismo momento en que el Presidente de la República el economista Juan Manuel Santos Calderón, lanzó su plataforma económica y política resumida en la frase “El Mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario“  esperando sea el camino - si se da la reconciliación - a recorrer durante, el inicio del postconflicto, los próximos cuatro años.

Más que sentarme a pensar, para luego escribir, en como oponerme a ella, lo que logró fue motivarme ha empezar a estudiar sobre el tema; no la extensa literatura que sustenta la ideología socialdemócrata, el neoliberalismo o inclusive sobre el mismo comunismo.

Lo primero que hice, con entusiasmo, fue buscar un documento elaborado en mi época de estudiante de Economía, que resumía y comparaba el aporte de algunos pensadores desde lo económico como Sto. Tomas de Aquino, Mun, Colbert, Serra, Smith, Maltus, Ricardo, Say y Keynes; y al no encontrarlo también recordé a Stuart, Moro, Owen, Marx, Engels, Marshall entre otros teóricos.

Más lo poco que se ha leído – en artículos económicos - en español material valioso que puede aportar “El Capital en el siglo XXI” del nuevo gurú en economía de Thomas Piketty que de alguna manera retoma el tema de la errónea distribución del ingreso o las disparidades económicas entre ricos y pobres, base de todos los males en las economías en vía de desarrollo; donde el mercado no está a la mano - de las mayorías - y mucho menos satisface las mínimas necesidades básicas de la población en los estratos 0,1 y 2.

Cada uno de ellos - desde Aquino hasta Piketty - pensó casi en lo mismo y lo explicó de una manera diferente de acuerdo a su tiempo y las concepciones religiosas, políticas, económicas y sociales que imperaban en ese momento histórico; como el actual.

Ahora de lo que se trata es de entender la propuesta sobre esa “Tercera Vía”; no como un discurso demagógico - así lo quiere presentar la oposición -  que obligaría, a las puertas del postconflicto, ajustar el actual modelo económico que interprete la próxima realidad política y social de la nación y con la mirada atenta - eso esperamos - de Unasur, modelo que ajustado a la realidad de esos otros países, mencionemos a la hermana República de Venezuela, ayudaría en el mediano plazo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

No se trata de examinar si dicha plataforma política tuvo éxito o no frente al modelo económico anglosajón o norteamericano; lo que se trata es de corregir la enorme desigualdad en la distribución del ingreso y de paso cerrar la brecha entre los más ricos y los más pobres; mediante el fomento de una economía de mercado donde haga fuerte presencia el sector privado a través de las alianzas publico-privadas; y sin caer, en el intento, en las propuestas ideológicas de las extremas derechas y/o izquierdas que tanto dolor y rezago nos han dejado en infraestructura, tecnología, educación, y salud entre otros.

Lo urgente e importante es encontrar el punto medio, entre la frase célebre “Laissez faire, laissez passer” que traduce del francés “Dejen hacer, dejen pasar” que abogaba por el libre comercio, cero impuestos y la libre movilidad de los factores producticos - Capital, trabajo. recursos naturales y la tecnología -  y el otro extremo del modelo expresado en un Estado Totalitario, donde una hoja no se puede mover sin la autorización del gobierno; o la, en formación, próxima dictadura de turno.

Desde lo nacional debemos de entender que es clave el fortalecimiento del agro y la industria, no solamente vía subsidios o proteccionismo ya que las hacen poco productiva, creativa y competitiva en calidad frente a la exigencia  de los mercados internacionales; de hecho el cambio debe de empezar desde el interior de esos gremios.

De lo que si se trata, eso espero, es en revisar entre otras las políticas monetarias ejecutadas desde el Banco de la República, a través principalmente del manejo en las tasas de cambio, que ha contribuido al control de la inflación y favoreciendo a la banca; pero limitando, un mayor, el crecimiento en el % Producto Interno Bruto (PIB).

Otro aspecto para analizar, de los muchos que faltan, es lo relacionado con la forma de estimular la demanda agregada, ecuación, donde el consumo de bienes y servicios es fundamental para que el ciclo económico se haga ágil y dinamice la economía en su conjunto - y muy relacionado con una de las principales variables macroeconómicas como lo es la generación de empleo productivo – lo que en parte se logra, si se rompe el paradigma de los industriales, mejorando el incremento porcentual en el Salario Mínimo Legal Vigente que históricamente no ha subido más allá de los 4 puntos; y que otros analistas denominan el “Salario Vital” por algo tan sencillo… Si aumenta la liquidez… aumenta el consumo. Amanecerá y veremos.

¿SE AVECINA UNA CRISIS DE LA SALUD EN EL NORTE DEL VALLE?

Con la firme esperanza que en el muy corto plazo - menos de 6 meses - no exista un hilo conductor que relacione, el presente, con el artículo anterior titulado “La letra muerta de los actos administrativos”; hoy nos ocuparemos, muy brevemente - por lo extenso del tema - y en primera solicitud ya tendremos oportunidad de abordarlo nuevamente, de dos actos administrativos expedidos por el Departamento del Valle del Cauca que definitivamente mucho tienen que ver con el futuro - el inicio del camino para la solución o su colapso - de la salud en la ciudad de Cartago y en el Norte del Valle.

Antes de entrar en materia, recordemos que el hoy gobernador, el político Ubeimar Delgado Blandón le resta poco menos de año y medio para terminar su mandato; sus más enconados críticos, desde diferentes columnas de opinión, insisten que de lo corrido de su periodo 2012-2015 se concentró - como experto maestro - en imaginar política  para hacer elegir a sus dos protegidos: El hoy Senador Mauricio Delgado y el Representante a la Cámara Álvaro López Gil, rumores ciertos o calumnia; los resultados, desde lo político, hoy lo confirman.

En su defensa y haciendo referencia al tema que hoy nos ocupa - la salud y el panorama que le espera – sus cercanos colaboradores manifiestan que Delgado no va a tirar por la borda su carrera política entregando al finalizar su cuatrienio un Departamento colapsado en el sector de la salud; máxime cuando esperan, sus copartidarios, que en su momento comparta públicamente sus próximas aspiraciones en materia política.

Hoy vamos hacer referencia a la Ordenanza 031 de 2013 y al Decreto 0265 del 7 de abril de 2014 “Por medio del cual se adopta y se autoriza la implementación del proceso transformación de la organización de la red de servicios de salud del Departamento del Valle del Cauca”.

Del último y extenso acto administrativo, extraemos apartes de la propuesta – que atiende los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social – cuyo objetivo es transformar, luego de conocerse por parte de la opinión pública la profunda crisis administrativa, operativa y financiera, el Hospital Departamental para convertirlo en una entidad prestadora de salud; como una nueva IPS Municipal que prestaría servicios de mediana y alta complejidad; para que atienda de manera eficiente y eficaz los diferentes requerimientos, aprovechando su privilegiada ubicación geoestratégica, y demandas de servicio de atención y urgencias en salud de los municipios de la zona norte como lo son: Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro y Versalles, zona que suma casi 350.000 habitantes; que en una alta proporción pertenecen al régimen subsidiado, en los estratos 0, 1, 2 y 3. Y que paradójicamente son los que pusieron los votos, para Presidencia pero en especial, en nuestro caso,  las elecciones a Congreso de la República.

Mandatos desde lo jurídico que exigen de manera inmediata dar los pasos, desde lo administrativo, presupuestal y de tesorería, necesarios y tendientes a solucionar, en una primera fase, el delicado y grave problema de la no oportuna y adecuada atención en salud para los usuarios de la Ciudad y el  Norte del Valle; máxime cuando en repetidas ocasiones, éstos, son trasladados a otras ciudades o regiones, generando sobrecostos en la atención hospitalaria y en existencias perdidas.

En este primer análisis, revisemos entonces apartes del citado Decreto 0265, donde se le otorgaron al gobernador, entre otras, las siguientes facultades: Suprimir o fusionar entidades y dependencias departamentales de conformidad con las ordenanzas respectivas.

Entonces recordemos que la Ordenanza 381 de Octubre 30 de 2013 en su articulo segundo, autoriza al gobernador…Con el propósito de consolidar la red  de prestación de servicios de salud del departamento, lidere, concerte, negocie, y disponga las actuaciones necesarias para implementar las acciones previstas, en el estudio técnico “Transformación de la Organización de Prestadores de Servicios de Salud Publica del Departamento del Valle del Cauca…”. Única conclusión el estudio ya está hecho solo hay que darle aplicabilidad.

Regresando al citado Decreto, considerando tercero (3) “…Se concedió autorización al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, hasta el 31 de Diciembre de 2014, para adelantar el proceso de transformación de la organización de la red de servicios de salud del Departamento del Valle del Cauca”. Asunto ya adelantado con las ESE de Buenaventura y Palmira que atienden los niveles I, II y III.

Lo anterior significa que si hay voluntad política, la mejor contraprestación, aparte que lo obliga, para el Norte del Valle por parte del Gobernador es tomar las acciones urgentes y necesarias para convertir a la ciudad en el nuevo “epicentro” del manejo de la salud en la Zona Norte y como resultado del proceso de transformación de la organización de la red de servicios de salud del Departamento del Valle del Cauca. Amanecerá y veremos.

TEMA DE CIUDAD – LA LETRA MUERTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Tomando como base las múltiples “iniciativas” por parte del Honorable Concejo Municipal (HCM) y/o Alcalde Muncipal llámense: acuerdos municipales, decretos o resoluciones; como en muchos casos, entregar en comodato algún bien municipal, posesionar un funcionario público, fijar tabla de asignación salarial o restringir temporalmente un derecho constitucional entre otros, que en su mayoría son de casi inmediata ejecución.

Todas las otras, como buenas intenciones, tienen un denominador común - en apariencia los más importantes - que pretendían, en su exposición de motivos y considerandos, convertirse en poderosas herramientas de importancia estratégica  para salvaguardar el bienestar institucional y social de la ciudad de Cartago en el Norte del Valle; lamentablemente todas hacen perfecta  alusión, a aquella expresión que “El papel puede con todo.”

Antes de entrar en detalle permítanme mencionarles los actos administrativos que según mi criterio, aparte el que tiene por objeto ajustar nuevamente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de haber sido ejecutados al pie de la letra, otro sería el panorama administrativo, fiscal y financiero en la ciudad a saber:

Acuerdo 018 de 2012, expedido el 19 de julio “por medio del cual se autoriza al alcalde para realizar operaciones de manejo de la deuda pública, en especial el crédito de tesorería suscrito en la vigencia 2011”. Sin más comentarios.

Decreto 097 de 2012 del 25 de septiembre “Por medio del cual se establece y se adopta un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el Municipio de Cartago”.

Para no olvidar en noviembre 19 del mismo año mediante resolución 000438 “por medio del cual se convoca y se otorga un plazo a los Acreedores de bienes y servicios dentro del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Municipio de Cartago”.

Como podrá observar usted atento y respetado lector la administración actual, aparentemente, ha sido prolífica desde lo jurídico; pero sin actuar, desde lo financiero, con base en los decretos y resoluciones.

Empecemos mencionando que supuestamente los presupuestos del 2012, 2013 y 2014 no fueron ajustados a lo invocado en los mencionados actos administrativos que intentaban el crecimiento y atender la deuda pública del municipio.

Expliquemos brevemente el porqué, pero antes volvamos al decreto No. 097 de 2012,

De ese extenso programa de saneamiento, podemos resaltar, engañosamente no se atendieron, desde lo contable, presupuestal y de tesorería;  las diferentes obligaciones en materia de fuentes de financiación como lo son: Reorientar las rentas y crear un fondo de ahorro propio; salvo alguna aclaración de la Secretaría de Hacienda que demuestre lo contrario.

Recursos que debían ser destinados para fondear financiera y asignar presupuestalmente dichos recursos, por parte de la institución, a través de la creación de los siguientes Fondos: Fondo de Contingencias y Fondo de Acreencias; aparte del Fondo de Inversión; y que tal parece nunca fueron creados.

Salvo que existan otros documentos de carácter confidencial - se analiza lo publicado en la pagina web del municipio - también contamos con el acuerdo 016 de 2013 de aprobación del presupuesto para la vigencia fiscal de 2014 y el decreto 118 de 2013 de liquidación para la misma vigencia.

De su cuidadosa lectura podemos concluir que  los mencionados fondos tampoco fueron creados, como cuentas contables, rubros presupuestales y cuentas en tesorería a saber: mesadas pensionales, servicios personales, transferencias de nomina, transferencias a órganos de control, gastos generales, cuentas por pagar vencidas al 31 de diciembre de 2011, intereses deuda, amortización deuda e inversión.

Tal parece no se determinó un programa de venta de activos; queda la duda de si se han venido aprovisionando dichos recursos, desde esa fecha, a través de un Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y si dichas medidas se han tomado previa autorización a través  de los respectivos Comfis – comité municipal de política económica y fiscal  que reemplazaría el comité de vigilancia – como lo ordena la ley, tan necesarios para modificar el presupuesto y realizar los pagos  durante los años 2012, 2013 y lo corrido de 2014.

De paso atender las sugerencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Apoyo Fiscal Pública (DAFP).

También la Secretaría de Hacienda debió establecer un cronograma de pago y cancelar a través de los siguientes rubros presupuestales y en el orden establecido: Grupo 1. Mesadas Pensionales, Grupo 2. Servicios Personales, Grupo 3. Trasferencias de Nomina, Grupo 4. Gastos Generales y Grupo 5. Otras Transferencias.

En respuesta a estas obligaciones, tal parece todos los pagos (2012, 2013 y 2014) se han realizado a través de una cuenta contable, de tesorería  y un rubro presupuestal  denominado Desarrollo Institucional, contrario a lo establecido en los actos administrativos para atender ese Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del municipio.

Si los desembolsos no se realizaron a través de dichos rubros, previos ajustes y traslados presupuestales, se crea un grave problema de confiabilidad en  información qué se suministra a los diferentes entes de vigilancia y control; solo mencionando un caso se podrían afectar los indicadores de la ley 617 de 2000, ya que aparentemente no se diferenciaron los demás gastos de funcionamiento e inversión del normal funcionamiento del ente territorial durante cada una de las vigencias.

Si bien es cierto el Municipio, en el intento de adelantar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, expidió numerosos actos administrativos: Acuerdos Decretos y Resoluciones se supone no acató las normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, fundamentales para la racionalización de la actividad fiscal y hacer sostenible la deuda pública.

Todo lo anterior claramente está reglado en la Ley 819 de de 2003 y demás normas que la complementan, que deben de servir de apoyo, darle claridad y sustento jurídico a tan delicado tema como es el manejo de las finanzas públicas del municipio.

El tema se hace aún más complejo por cuanto se esperaba, dichas dudas, hayan sido  resueltas para la opinión pública en el último Informe de gestión por parte de la Administración Municipal; lo que no sucedió.

Lo único que la opinión pública conoce son los rumores en cafetines, parques, plazas y atrios en el sentido que la Secretaria de Hacienda Municipal se ha dedicado a pagar las acreencias desde el 2011 del municipio. ¿De que manera? No estamos al corriente

En todos los casos el gobierno del abogado Álvaro Carrillo estableció y adoptó un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero que teóricamente permitía, si se aplicaba,  blindar al municipio para cualquier intento de revocatoria del mandato que argumentara el incumplimiento del Programa de Gobierno o el Plan de Desarrollo por la nula o escasa  inversión.

O será que lo salva el reparcheo que por estas semanas sigue adelantando, y que dió inicio con el arribo a la ciudad, en campaña, del hoy reelegido Presidente de la República, el economista Juan Manuel Santos Calderón, mantenimiento de la malla vial que debió haber hecho hace ya dos años.

Ante el total silencio - más evidente en la presente vigencia fiscal - en materia financiera  y presupuestal de la actual administración razón que no entendemos; siguen los mismos interrogantes, que para bien puede resolver la actual administración ¿Como vá el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Municipio? o ¿Será letra muerta? Y la última ¿Dónde está el control político del HCM? Amanecerá y veremos.